Decae Estado de Derecho en Zacatecas en la administración de David Monreal, señala reporte

Durante el Gobierno de David Monreal Ávila, esa entidad ha retrocedido 10 lugares en el “Índice de Estado de Derecho en México”, que evalúa factores como la seguridad y la efectividad del sistema de justicia penal
Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
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Durante el mandato de David Monreal Ávila, en Zacatecas, esta entidad federativa retrocedió 10 lugares en el Índice de Estado de Derecho en México, que elabora la organización Proyecto de Justicia Mundial, un estudio que evalúa, con sus indicadores, la vigencia del Estado de Derecho en toda la República Mexicana.

Cuando Monreal Ávila tomó las riendas del Gobierno de Zacatecas, en septiembre de 2021, la entidad estaba clasificada como el quinto estado del país mejor evaluado en el “Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021”, el cual se había publicado desde el 28 de abril de 2021, meses antes de que diera comienzo su administración.

En esa edición del estudio, por lo tanto, solamente había cuatro entidades federativas con una mejor evaluación que la de Zacatecas; en el primer lugar nacional, Yucatán; en el segundo sitio, Coahuila; en el tercero, Campeche; y en el cuarto, Querétaro.

Si aquellos resultados de Zacatecas, al inicio de la administración de Monreal Ávila, se contrastan con los que arroja la más reciente edición del Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, publicado el 7 de junio del 2023, se constata que la entidad ha vivido un acelerado proceso de debilitamiento del Estado de Derecho, según la metodología del “Proyecto de Justicia Mundial”.

En esta edición del estudio, y tras casi dos años de conducción de Monreal Ávila al frente del Gobierno de Zacatecas, esta entidad se encuentra ahora colocada hasta el lugar 15 del país, muy lejos de los primeros sitios que ocupaba anteriormente, y como resultado del decaimiento del Estado de Derecho en su territorio.

De esta manera, ahora el país presenta 14 entidades federativas con un Estado de Derecho más vigoroso que el de Zacatecas. En el primer lugar, Querétaro; en el segundo, Guanajuato; en el tercero, Aguascalientes; en el cuarto, Yucatán; en el quinto, Sinaloa; en el sexto, Baja California Sur; en el séptimo, Coahuila; en el octavo, Durango; en el noveno, Hidalgo; en el décimo, Campeche; en el undécimo, Nuevo León; en el duodécimo, Tamaulipas; en el decimotercero, Chihuahua; y en el decimocuarto, Nayarit.

El Estado de Derecho está definido en el estudio como uno de los pilares que se requieren para impulsar la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible, la democracia efectiva y la paz; y también como un principio de gobernanza.

“En el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa (de) los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente. El Estado de Derecho es un principio rector que vincula a autoridades y ciudadanía mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades, y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros”, menciona.

Comienza el declive

Las primeras señales del decaimiento que presenta el Estado de Derecho en Zacatecas durante la administración del gobernador Monreal Ávila, fueron advertidas desde el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, publicado el 17 de mayo de 2022 por la organización “Proyecto de Justicia Mundial”.

En esa edición del estudio donde ya se evaluaba la primera parte del Gobierno de Monreal Ávila, Zacatecas apareció clasificado en el octavo puesto del país, lo que implicaba un retroceso de tres lugares con respecto al sitio que ocupaba apenas un año antes.

En el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, por lo tanto, resultaron siete entidades federativas con un Estado de Derecho más firme que el de Zacatecas: comenzando por Querétaro, en el primer puesto del país; Yucatán, en el segundo; Guanajuato, en el tercero; Aguascalientes, en el cuarto; Sinaloa, en el quinto; Durango, en el sexto; y Nuevo León, en el séptimo.

El grado de debilitamiento que alcanzaría el Estado de Derecho en Zacatecas sería aún más pronunciado, como quedó evidenciado con claridad por el estudio en su siguiente edición. La pérdida de lugares en este Índice nacional, por lo tanto, apenas comenzaba.

Factores evaluados

Los indicadores que sustentan el Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, están organizados en ocho factores. El primero de ellos se denomina ”Límites al poder gubernamental”, y mide si en la práctica los pesos y contrapesos institucionales limitan el accionar de quienes gobiernan, en particular de gobernadores, alcaldes y demás autoridades del poder ejecutivo estatal, y los responsabilizan de sus actos.

El segundo factor se llama “Ausencia de corrupción”, y evalúa precisamente la corrupción “definida como el uso del poder público para obtener un beneficio privado, en los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial locales, y en el sistema de seguridad y procuración de justicia”, considerando sobornos, influencias indebidas, y la apropiación de recursos públicos.

El tercer factor es “Gobierno abierto” y evalúa este rubro definido como aquel gobierno que comparte información, empodera a las personas para que exijan rendición de cuentas y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones.

El cuarto factor es “Derechos fundamentales”, y mide la protección efectiva de los derechos humanos, pues “un sistema de gobernanza en el que no se garantizan los derechos fundamentales establecidos por el derecho internacional no puede ser un Estado de Derecho”.

El quinto factor es “Orden y seguridad” y examina si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades. El sexto factor “Cumplimiento regulatorio” valora si la normativa y las regulaciones se aplican de manera efectiva. El séptimo factor “Justicia civil”, evalúa si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias en la justicia civil; y el octavo factor “Justicia penal”, califica la efectividad y calidad del sistema de justicia penal.

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