A partir del 1 de octubre habrá “superdelegados” del gobierno central en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, lo que ha abierto el debate y generado críticas por la utilidad de esta figura.
Por una parte, el Gobierno de la Ciudad de México los creó para que sean los responsables de operar programas públicos así como el enlace de la administración central en las demarcaciones territoriales.
Sin embargo, opositores y especialistas señalan que la verdadera intención es que las autoridades del Gobierno capitalino tengan presencia política en alcaldías que perdieron.
Es importante recordar que en las elecciones del pasado 6 de junio, Morena perdió terreno en la capital y de gobernar 12 demarcaciones territoriales, solo conservó 7.
Las demás serán gobernadas por titulares provenientes de la alianza que conformaron el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El 16 de agosto se publicó un decreto oficial para la creación de 16 direcciones ejecutivas en las alcaldías que van a operar y evaluar programas públicos
El decreto
El pasado 16 de agosto se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se crea la Coordinación General de Inclusión Social y la Dirección General Territorial del gobierno que, a su vez, va a estar conformada por 16 direcciones ejecutivas, una para cada alcaldía de la capital.
Según el documento, las direcciones ejecutivas de las 16 alcaldías tendrán la facultad de “realizar reuniones de trabajo con las Direcciones Ejecutivas de Participación Ciudadana de las Alcaldías, a fin de conocer la problemática y buscar soluciones en la operatividad y ejecución de los programas y acciones sociales”.
También podrán planear capacitaciones para las personas beneficiarias de los programas sociales, así como coordinar líneas de acción entre el personal de la Dirección General Territorial y las Direcciones Ejecutivas de Participación Ciudadana ante posibles contingencias que pongan en riesgo la integridad de los habitantes de la Ciudad de México.
Igualmente, podrán crear directrices de trabajo con las Direcciones Ejecutivas de Participación Ciudadana y llevar a cabo las gestiones administrativas para la realización de acciones territoriales, elaborar material de difusión impreso de los programas sociales y, por último, establecer los mecanismos de evaluación de las acciones y programas sociales.
Más burocracia con “superdelegados”
Las direcciones ejecutivas recién creadas son similares a los “superdelegados” del Gobierno de México en los estados y solo crearán más burocracia y podrían ser usados con fines políticos, dice la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso de la Ciudad de México, Daniela Álvarez Camacho.
La legisladora señala que estas nuevas figuras, que son símiles de los “superdelegados”, parecen tener la intención de que el Gobierno central tenga mayor presencia en las alcaldías que perdió Morena en las pasadas elecciones.
“No tienen un marco jurídico específico que delimite sus funciones y es inconstitucional porque la Carta Magna de la Ciudad de México dice que no debe haber autoridades intermedias entre las alcaldías y la administración central”, menciona.
También indica que la creación de las nuevas direcciones podría representar un cargo al erario público de 20 millones de pesos al año.
“Haciendo un cálculo de los sueldos de los directores territoriales, eso es lo que costarán. Más la estructura que requieran”, explica.
Lo anterior, afirma la diputada, es contradictorio pues el Gobierno capitalino ha dicho que no hay recursos adicionales para darles a los nuevos alcaldes que entrarán en funciones el próximo 1 de octubre.
“Se va a operar políticamente con recursos de los contribuyentes”, dice.
Ante esta situación, Álvarez Camacho junto con el legislador de Movimiento Ciudadano, Royffid Torres, presentó un punto de acuerdo el pasado martes 14 de septiembre para exhortar al Gobierno de la ciudad a dejar sin efecto el decreto publicado el 16 de agosto para evitar la creación de más burocracia.
Sin embargo, la proposición no se votó de urgente y obvia resolución, por lo que fue enviada a comisiones para su estudio y dictaminación.
Evitar coordinación
El Gobierno capitalino busca evitar la coordinación con las alcaldías de oposición a través de la creación de las direcciones ejecutivas, dice Marcos Pérez Esquer, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
Pérez Esquer refiere que la administración gubernamental busca operar por su cuenta sus programas sociales y reducir la colaboración con las alcaldías a través de la creación de una nueva estructura burocrática.
“En lugar de buscar tener una buena relación, las autoridades capitalinas están viendo la manera de dejar de relacionarse”, señala.
El especialista considera que esta situación repercutirá en que la ciudadanía no sabrá cuál es la autoridad más alta a la que debe acudir, porque se creará una competencia entre alcaldías y gobierno para ver cuál instancia tiene mayor presencia y es más representativa.
“Habrá una competencia entre los promotores de los programas sociales de los alcaldes y alcaldesas con los del Gobierno local”
La nueva figura entrará en funcionamiento el próximo 1 de octubre, mismo día en que tomarán protesta los nuevos alcaldes de la ciudad.
