El presidente Andrés Manuel López Obrador dio pie a una confrontación con el Poder Judicial e incluso amagó con una reforma eléctrica contundente al mismo desde el Poder Legislativo.
Para defender su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el mandatario ha optado por poner en la mira al juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, quien emitió dos suspensiones provisionales de carácter general apenas un día después de que la iniciativa fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación.
“El presidente de la República está teniendo una injerencia inapropiada y probablemente inconducente sobre la actuación del juez. Él tiene todo el derecho de manifestarse en desacuerdo, de presentar una queja en contra del juez, siempre y cuando tenga elementos de los que se presuman o se visualice que el juez está siendo parcial a favor del quejoso”, explica Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados (BMA).
Luego de que López Obrador solicitó públicamente que el Consejo de la Judicatura Federal investigue al juez Gómez Fierro, la BMA y demás organizaciones de abogados advirtieron que esto tendría efectos inhibitorios en el desempeño del Poder Judicial.
Recuerda que, a finales de febrero pasado, el mandatario ya había acusado de “traición a la patria” a los abogados que representan a empresas extranjeras inconformes con las modificaciones al sector.
Está invadiendo las funciones del Poder Judicial cuando intimida diciendo que va a seguir presentando quejas en contra de todos los jueces que otorguen suspensiones. ¿Qué es lo que significa? En otras palabras, que no va a parar hasta que no ceda el Poder Judicial, lo cual es gravísimo
Tanto la titular de la BMA como Tito Garza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, perciben que el accionar del juez Gómez Fierro es apegado a las normativas del juicio de amparo, incluyendo la suspensión provisional, ya que, de lo contrario, la aplicación de la ley en revisión podría generar daños irreparables a los quejosos, como la prontitud con la que se emitió, siendo que se marca un plazo de 24 horas para hacerlo.
“Este es un juez de primera instancia, en caso de que no guste la sentencia, esto es lo que tendría que estar preparando la Consejería Jurídica de López Obrador, se puede recurrir a otra instancia, eventualmente a la Suprema Corte. Éste no es un tema que se acabe en un solo episodio, sino que van a transcurrir varios meses y varias instancias”, dice Garza.
Añade que incluso una suspensión definitiva puede ser impugnada ante tribunales colegiados hasta llegar a la SCJN.
Problema añejo por reforma eléctrica
El choque entre López Obrador y el Poder Judicial por la política energética no inició con las suspensiones otorgadas por Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza.
A mediados de mayo del 2020, la Secretaría de Energía emitió el acuerdo que limitaba el despacho de electricidad producida por particulares. El juez De la Peza también lo suspendió para atender el juicio de amparo. Fue hasta febrero de este año cuando la SCJN invalidó los puntos clave de la nueva normativa.
Tito Garza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, también recalca que la reforma eléctrica fue aprobada en fast track por el bloque legislativo de Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social gracias a que López Obrador utilizó la iniciativa preferente, por lo que se dejaron de lado mecanismos de debate y negociación, como el parlamento abierto, y se omitieron las recomendaciones de organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica o la Comisión Reguladora de Energía.
Ambos especialistas consultados coinciden en que el Ejecutivo federal antepone el aspecto político al jurídico para implementar su estrategia energética. De Buen incluso reclama que los jueces sean señalados en el discurso emitido desde las “mañaneras” de Palacio Nacional.
(El presidente) cree que le basta el discurso político y la popularidad de la que goza, que es innegable, pero el Poder Judicial está para revisar la constitucionalidad de las leyes, más allá de la popularidad o del respaldo de las Cámaras. La función de los jueces es filtrar las leyes para ver si van de acuerdo con la Constitución, más allá de una ideología o de un sexenio
Respecto al amago hecho por Andrés Manuel López Obrador de ir por una reforma constitucional si su modificación a la Ley de la Industria Eléctrica corre la suerte del acuerdo de la Sener, Garza acota que “si en estos momentos el presidente tiene mayoría con su partido para pasar cualquier tipo de reforma constitucional, tarde que temprano esas reformas pueden ser revertidas por la misma vía o a través de ciertas impugnaciones por medio de la Suprema Corte”.
