La administración municipal de San Pedro que encabezó el polémico exalcalde Mauricio Fernández se caracterizó por sus excesos y el favoritismo hacia sus amigos.
Uno de estos regalos fue la compra que hizo el Municipio de San Pedro de un predio que era considerado un área pública que integraba el patrimonio municipal.
Primero por voluntad del propietario y después por un decreto de expropiación.
Pero aún así Fernández autorizó un pago de 7 millones de pesos para adquirir este terreno que la familia de quien había sido su operador de campaña, el panista Américo Ferrara Olvera, reclamaba como suyo.
Esto a pesar de haberlo donado al Municipio de San Pedro años atrás para que se ampliara la calle Jiménez.
Hoy Ferrara Olvera es el dirigente municipal del PAN en San Pedro y está postulado para reelegirse en el cargo por un periodo más.
Pero en el 2009, el ex regidor sampetrino colaboró en la campaña que llevó a Fernández a la Alcaldía de San Pedro.
Y en el primer año de gobierno de Fernández, Ferrara Olvera logró para su familia lo que no pudo con ningún otro alcalde anterior: la compra del predio cedido gratuitamente por su padre.
El 3 de febrero de 1994, durante la administración del exalcalde Rogelio Sada, el municipio firmó un convenio donde el Colegio Brillamont donaba una parte de su propiedad para la ampliación de la calle Jiménez, al poniente de San Pedro.
En ese mismo instrumento el Ayuntamiento cedía a su vez en comodato el predio a la familia Ferrara para que lo explotara como área de estacionamiento, mientras no iniciaran las obras de ampliación.
En el documento José Américo Ferrara Padilla, padre del líder blanquiazul, acepta y reconoce que la superficie del terreno es propiedad municipal y que no podría enajenarla o ejercer actos de dominio.
El convenio SEDURBE DJ 026/94 está firmado, además de por el padre de Ferrara Olvera, por el entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de San Pedro, Jesús Guzmán Sepúlveda.
El terreno quedó debidamente registrado como área municipal el 11 de julio de 1994 en el Registro Público de la Propiedad, bajo el número 160, volumen 27 y Libro 4.
Incluso en el año de 1999, Ferrara Padilla inició las gestiones ante el Municipio para renovar el contrato de comodato de este terreno municipal, utilizado por la institución educativa como estacionamiento.
El 10 de junio de 1999, David Alberto Romo Cruz, entonces director jurídico de la Sedue, emitió un dictamen favorable y positivo para renovar el comodato del predio municipal hasta por cinco años más para la familia Ferrara.
El comodato concluyó en el 2003 y es cuando el Colegio Brillamont se saca un as bajo la manga e interpone un juicio de nulidad para desconocer la cesión gratuita del predio hecha 10 años atrás.
Los Ferrara argumentaban que el exsecretario de Desarrollo Urbano, Jesús Guzmán Sepúlveda, no contaba con representación jurídica de la administración para firmar el convenio de cesión de 1994.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló a favor del Colegio Brillamont y declaró nula la donación que había hecho la familia al Municipio.
El exalcalde de San Pedro, el panista Alejandro Páez, solicitó entonces al exgobernador Natividad González Parás la expropiación del terreno, quien la autorizó el 11 de octubre de 2006.
Un día después, el Municipio de San Pedro inició las obras de ampliación de la calle Jiménez, sin embargo una vez que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo concedió un amparo a favor de los Ferrara, detuvo las obras.
Esa familia estaba inconforme con el pago de 2.5 millones de pesos –valor catastral- que el Ayuntamiento estaba dispuesto a pagar.
La ampliación de la calle Jiménez se concretó, pero no el tramo ubicado frente al Colegio Brillamont.
Llega Mauricio y destraba todo
El 2 de marzo de 2010 el exalcalde Mauricio Fernández puso fin a la disputa por este terreno municipal: autorizó la compra del predio por 7 millones de pesos.
Un pago de 3.5 millones de pesos se haría en el momento de la firma del contrato y la otra parte se entregaría durante la firma de la escrituras ante notario público.
La adquisición fue firmada por el entonces alcalde, pero también por Fernando Canales, exsecretario del Ayuntamiento, y por Hiram de León, exsíndico.
En las 14 páginas que constan el contrato de compraventa se omite por completo el tema de la donación de 1994 y el de la expropiación del 2006.
La compraventa del predio municipal fue autorizada por el Comité de Adquisiciones y por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. Fue aprobada en sesión de Cabildo el 26 de enero de 2010.
El contrato de compraventa fue firmado por José Américo Ferrara Padilla, representante del ahora llamado Centro Pedagógico de Desarrollo Integral, y por Ciro Espinosa Garza, director general de Asuntos Jurídicos del Municipio de San Pedro.
