Las detenciones de la administración federal habían ostentado el sello del extremo cuidado a los derechos humanos
El ‘timing’ es un anglicismo que se refiere a hacer algo en el tiempo exacto.
La detención de José Manuel Mireles, es tal vez el mejor ejemplo de lo que un mal ‘timing’ puede causar.
El viernes 27 de junio, cuando el fundador del grupo de autodefensas de Tepalcatepec fue arrestado, Michoacán había dado pasos hacia la tan ansiada pacificación.
La mayoría de los autodefensas habían atendido al Gobierno Federal para unirse a la Fuerza Rural Estatal; los que no, se mantenían en discreta coordinación con el Ejército y hacían rondines juntos.
El estado recién estrenaba gobernador sustituto –‘palomeado’ también por el Ejecutivo- y se había integrado un nuevo gabinete administrativo con elementos de confianza del comisionado Alfredo Castillo.
Las cosas, de a poco, se iban encauzando.
Mireles, aunque aun presente en el escenario michoacano, no parecía una amenaza para los planes del Gobierno Federal. Incluso antes de su detención, el doctor había dicho que buscaría reunirse con el gobernador sustituto del estado.
Salvador Jara Guerrero le contestó que se ajustara a la legalidad.
“Todos tenemos que ceñirnos a la legalidad por el bien de Michoacán, yo estoy seguro que él también lo que quiere es vivir en paz y vivir feliz como todos los michoacanos”, le mandó decir el mandatario.
Horas despúes de esta declaración, al menos 600 elementos -entre policías ministeriales estatales, federales, Marina y Ejército Mexicano- arribaron al poblado de La Mira y detuvieron a Mireles y, al menos, 70 personas más.
Se les acusó de presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) informó en su cuenta de Twitter que a Mireles se le confiscó armamento de uso exclusivo del Ejército, droga y dinero en efectivo.
Tres días después, Mireles apareció con un uniforme beige, rapado y rasurado de barba y bigote para comparecer ante el juez quinto de distrito con sede en Uruapan.
La bomba estalló.
Activistas, opositores al gobierno y simpatizantes del movimiento armado comenzaron una ofensiva en contra de la detención del hombre a quien el Gobierno Federal acababa de convertir en un mártir.
De las casi 10 mil personas que, de acuerdo a datos de la Sedena, han sido detenidas en operaciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada desde que llegó al poder Enrique Peña Nieto, tal vez ninguna ha generado tanta empatía en redes sociales como la de Mireles.
#MirelesLibre, #LiberenaMireles, #MirelesPresoPolítico son algunos de los hashtag que se han creado para exigir la liberación de quien se considera un luchador social.
Videos de personas cortándose el cabello al rape han sido subidos a la Red, a manera de solidaridad con Mireles.
Incluso el exalcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, se unió a este peculiar apoyo.
En un video difundido en su cuenta de Twitter el exfuncionario aparece junto a una bandera de México sosteniendo un cartel donde se lee el hashtag #LiberenaMireles.
“No se vale que lo traten peor que al más peligroso de los criminales y que lo exhiban como si fuera un trofeo de cacería de Alfredo Castillo Cervantes”, señala Valencia.
También hubo bloqueos y marchas que se extendieron por todo el estado. Incluso organizaciones campesinas y comunitarias de Morelos amenazaron con cerrar las rutas de acceso a la entidad.
En todo el país se invitó a realizar manifestaciones en apoyo al doctor. Incluso trasparon las fronteras y llegaron a los consulados mexicanos en Los Ángeles y San José.
El antecedente más cercano de una situación como esta sería el de la maestra de preescolar, Ángel de María Soto Zarate, quien en julio del año pasado fue detenida en el Aeropuerto de la Ciudad de México con una maleta –que nunca reconoció como suya– con 10 kilos de cocaína.
Fue trasladada al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit y acusada por trasiego de drogas.
Amigos y familiares iniciaron un movimiento en las redes sociales el cual culminó con una declaración del entonces procurador de justicia, Jesús Murillo Karam, quien admitió que la PGR se desistía de la acusación.
Antes y depués de eso, las detenciones de la administración federal habían ostentado el sello del extremo cuidado a los derechos humanos, incluso, causando controversia, como en el caso de Miguel Ángel Treviño, el Z40.
El día de su detención, el líder del cártel de Los Zetas llegó a la Subprocuraduría Especilizada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) “como guardia de honor”: sin esposas, ni chaleco antibalas.
De acuerdo a la abogada Talía Vázquez, la detención de Mireles fue todo lo contrario.
Señaló que el día de la captura, policías federales se burlaron de él, le quitaron medicinas y lo retuvieron durante 15 horas antes de leerle sus derechos.
En su cuenta de Twitter, Vázquez publicó el video de la audiencia privada con su cliente en las instalaciones del Cefereso 11, en Sonora, en el que fundador de los grupos de autodefensa acusa que los federales se llevaron 94 mil pesos que llevaba en el momento de la detención.
También dijo que un policía le quitó los medicamentos para la diabetes y otros fármacos que le recetó un neurólogo en Guadalajara.
“Se burló de todo el pastillero y dijo ‘no, ahorita yo las voy a ocupar”, narró Mireles.
La representante legal de Mireles ha insistido en señalar que el gobierno prefirió detener al exvocero de autodefensas que a Servando Gómez, alías “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios.
En entrevista con el periodista Ricardo Rocha, Velazquez sugirió que el Gobierno Federal no pudo tolerar que Mireles tomara La Mira, un pequeño poblado que es el paso obligado de ‘La Tuta’ para llegar de la Sierra a la Costa.
“El objetivo del gobierno es decirnos a la sociedad mexicana que ‘La Tuta’ y el doctor Mireles son iguales”, indicó.
Pero si el objetivo era ese, tal vez el Gobierno Federal debió elegir otro momento para detener a Mireles. Por que a veces, el ‘timing’ lo es todo.
La contracampaña
Por J. Jesús Lemus
Nunca como ahora, en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, una decisión federal tomada en el ámbito de lo local había saltado a la agenda nacional con tanta fuerza.
El encarcelamiento del líder fundador de los grupos de autodefensa en Michoacán, José Manuel Mireles está causando una turbulencia mediática, posiblemente no calculada.
En Michoacán, a los bloqueos de carreteras y movilizaciones sociales, así como el desplazamiento de más de 5 mil hombres armados que se siguen atrincherando en los municipios de la zona Costa Sierra Nahua, se han sumado las protestas civiles, que también exigen la liberación del carismático líder social. La reacción del Gobierno Federal no se ha hecho esperar.
Ya inició la contracampaña.
El comisionado federal para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, gestor de la detención de Mireles, ha reclamado públicamente a la defensa jurídica del líder de las autodefensas que no litigue el proceso judicial en los medios.
Ha pedido que el pleito se lleve en los juzgados, que es la instancia indicada para escuchar esos reclamos.
La inusual declaración del comisionado surgió luego de que Talía Vázquez, defensora de Mireles, dijo públicamente que la detención de su cliente “es una comedia armada”.
Vázquez no ha desaprovechado ninguno de los foros que se le han presentado para desacreditar la actuación del Gobierno Federal, al que ha acusado de sembrar evidencias y armar un proceso al vapor en contra de Mireles.
Tal ha sido la sacudida, que hasta la Presidencia de la República ha enviado a su vocero oficial, Eduardo Sánchez, para respaldar la postura de Castillo.
Sánchez dijo ayer que la detención de Mireles fue por haber traicionado los acuerdos para deponer las armas, los que se tomaron el 14 de abril pasado.
A la ofensiva oficial se ha sumado la guerra sucia.
En la red han comenzado a circular fotografías y un video que busca poner en duda la calidad moral de la abogada defensora. Vázquez no ha salido a marcar postura oficial sobre ese hecho.
Acusan de amenazas
En redes sociales también se ha denunciado la acción de la Policía Federal en la zona de Tepalcatepec, de donde es originario José Manuel Mireles.
Allí se insiste en que los federales han comenzado a amenazar a las personas que han salido a bloquear vialidades en demanda de la liberación del líder de las autodefensas.
Los rapados que se manifiestan en la vía pública son objeto de amenazas y hostigamiento por la policía federal, se denuncia en Internet.
