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“Se considera necesario contar con la referida aeronave para dar cobertura de seguridad a los municipios del Estado, y dar respuesta rápida y permanente”
El helicóptero táctico Black Hawk que compró el Gobierno de Jalisco por más de 200 millones de pesos para dar cobertura de seguridad a los municipios del Estado ha sido utilizado para la transportación de funcionarios estatales y otras actividades ajenas con que se justificó su adquisición.
No solo eso, la obtención del Black Hawk tampoco ha evitado que la Fiscalía General siga erogando más recursos en el arrendamiento de aeronaves para su personal, y aun en la contratación de un servicio de taxis aéreos exclusivo para sus funcionarios, con café, galletas y frituras incluidos.
La compra del Black Hawk hecha en 2011 con deuda, en el sexenio del ex gobernador Emilio González Márquez, se dio en medio de dos circunstancias particulares: la realización de los Juegos Panamericanos, y la explosión de violencia que trajo la pugna por el estado del crimen organizado.
En la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) se guarda la justificación que presentó el entonces secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, para adquirir el Black Hawk por adjudicación directa a la firma Sikorsky International Operations:
“Se considera necesario contar con la referida aeronave para dar cobertura de seguridad a los municipios del Estado, y dar respuesta rápida y permanente, ya que al trasladarse por carretera o brechas toma demasiado tiempo que es vital en muchas ocasiones para el éxito de operativos en marcha”.
Esa solicitud de quien sería luego el primer fiscal general del actual gobierno, es la que respaldó la compra del helicóptero, según el acta de la primera sesión de la Comisión para la Ejecución del Crédito para la Seguridad Pública, del 4 de mayo de 2011, entregada por el CESP.
Del combate al taxi
El Black Hawk fue diseñado de origen para el Ejército estadounidense; está pensado para el combate y las situaciones de guerra extremas, está blindado y es apto para el transporte táctico de tropas; el de Jalisco puede trasladar, por ejemplo, a 20 efectivos bien armados.
No obstante, la Fiscalía reporta que esa aeronave, con esas características, se ha usado en 16 ocasiones para el “transporte de funcionarios del Gobierno del Estado”, la gran mayoría de estas -15- ya en el mandato del gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, que inició en 2013.
En 2013 el Black Hawk fue “taxi aéreo” una vez; en 2014 otra; en 2015 lo fue en 11 ocasiones; y en 2016 en otro par, lo que indica que esto ha continuado con el fiscal, Eduardo Almaguer Ramírez, que sustituyó al anterior titular en julio de 2015. La información de los viajeros, y sus destinos, es reservada.
El uso de un helicóptero táctico, como este, para movilizar funcionarios -y otras actividades ajenas a la seguridad-, ocurre aunque el Despacho del Gobernador posee tres aeronaves justo para ese fin: un avión Beech Jet 400 de 1988; y dos helicópteros: un Eurocopter de 2004 y un Bell 412 SP de 1990.
Incluso la Fiscalía posee otros dos helicópteros adquiridos en 2005. No obstante, el Black Hawk suma ya 18 traslados médicos, 11 vuelos para “otras dependencias federales y/o estatales”, 11 para acciones de protección civil y tres en combate de incendios.
Fiscal en taxi aéreo
El Black Hawk le costó a los jaliscienses 17 millones 458 mil dólares, cerca de 202 millones de pesos en 2011, y desde su arribo el 18 de septiembre de ese año sirvió al Gobierno estatal para presumir que era el primero del país en tener uno así.
Si bien el Ejecutivo nunca puso expresamente a los Juegos Panamericanos como el motivo principal de la compra, los tiempos de esta se planificaron para poder llegar al evento con la aeronave lista, y así fue, ahí la estrenó. Un medio local llegó a llamarlo el “helicóptero Panamericano”.
No obstante el gran gasto, y a más de cuatro años de distancia de los Juegos, esa adquisición no vino a resolver las necesidades en vuelos de la Fiscalía, la cual ha seguido erogando aún más fondos en esa materia e incluso en taxis aéreos para sus funcionarios.
El 15 de enero de 2015 la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), firmó el contrato 001-Quarter/15 con El Caminante Taxi Aéreo; su cláusula segunda dice: “El objeto del presente contrato es la contratación de servicio de taxi aéreo por 65 horas de vuelo” para Fiscalía.
Esta aseguró vía transparencia que “el motivo de los vuelos fueron acciones en materia de seguridad pública”, sin embargo, las exigencias que impuso al proveedor no parecen corresponderse con los requerimientos de una operación policial:
Dice el contrato: “El servicio anteriormente descrito debe de cumplir con las especificaciones ofertadas el proveedor (sic) tales como incluir tripulación consistente en dos pilotos altamente capacitados (…) así como servicio de agua, refrescos, café, galletas y frituras”.
Cada hora de vuelo se tasó en 3 mil 654 dólares, y el monto total fue 237 mil 510 dólares, es decir 4 millones 37 mil 670 pesos (a un tipo de cambio de 17 pesos), con una vigencia del 15 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Ese contrato se otorgó sin licitarse o concursarse, sino por “mecanismos de ejercicio directo”.
Ya antes la Sepaf le había entregado a esa empresa otro contrato también por servicios para la Fiscalía.
La vigencia se fijó del 14 de octubre de 2013 al 2 de enero de 2014, aunque luego se extendió al 14 de diciembre de 2014. El costo-hora fue de 3 mil 654 dólares o 255 mil 780 dólares totales: pagó 3 millones 379 mil 518 pesos.
Estos dos contratos para la obtención de servicios para el personal de Fiscalía, uno de taxi aéreo y otro de arrendamiento de aeronaves, representaron un costo de 7 millones 417 mil 188 pesos, aun teniendo en resguardo tres helicópteros propios.