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En las marchas del 20 de noviembre, donde miles de personas exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, 11 manifestantes fueron detenidos.
Ayer, las marchas fueron por ellos.
Desde temprano, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) alertó sobre dos contingente de estudiantes y organizaciones civiles que marcharían; uno de las inmediaciones del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino y otro grupo que se reuniría en el Monumento a Cuauhtémoc para marchar hacia el Ángel de la Independencia.
Durante las protestas –que fueron considerablemente menos intensas que las realizadas durante el aniversario de la Revolución- nuevos carteles y nuevas exigencias acompañaron a los manifestantes.
Las mantas incluyeron 43 + 11, en alusión a los detenidos el pasado jueves al final de la masiva protesta en el Zócalo de la Ciudad de México y las consignas fueron “libertad a los presos por luchar”.
La marcha fue encabezada por los padres de alguno de los detenidos, quienes reclamaron que sus familiares fueran transferidos a penales federales en Veracruz y Nayarit.
El domingo pasado, los 11 procesados se declararon inocentes de los cargos que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su contra: homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín.
En un documento difundido por la defensa de los inculpados, precisa que las acusaciones por las que se encuentran consignados se sustentan en la declaración de cinco policías federales, quienes aseguran haberlos detenido en flagrancia.
Los abogados aseguraron que dichas acusaciones se sustentan “en escasa y endeble evidencia”.
“Cinco policías federales declaran haber detenido en flagrancia a once personas. El Ministerio Público sostiene que una de estas personas jaló de entre los miembros del destacamento a un policía, golpeándolo mientras incitaba a otros a causarle daño”, se lee en el documento.
En entrevista con Milenio, Alejandro Jiménez, abogado del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo que entre los argumentos a favor de los 11 detenidos está el hecho de que en sus testimonios los policías no logran ubicar a la persona que presuntamente jaló a uno de ellos para agredirlo, “ni hay otra prueba de ese hecho”.
Pese a eso, un juez de Veracruz negó el lunes la libertad bajo fianza a los ocho hombres y tres mujeres detenidos en las protestas, bajo el argumento de que están acusados por un delito grave.
En conferencia de prensa, insistió en que se debe dejar claro que la Ciudad de México de ninguna manera restringe, limita o está en contra de la libertad de expresión.
“Muestra de ello es que de octubre y un poco antes de octubre para acá, hemos tenido cientos de miles de manifestantes en la ciudad”, remarcó.
El plan que nunca se firmó
Laura Ballesteros señaló ayer la importancia que la CNDH se coordine con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para la formación de un protocolo que atienda las marchas y manifestaciones en la Cuidad de México.
En conferencia de prensa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la diputada panista indicó que esta coordinación permitirá resolver las problemáticas de las demandas para que éstas no se conviertan en marchas que alteren el orden público.
En 2012, las administraciones de Felipe Calderón y Marcelo Ebrard diseñaron un plan para atender marchas, bloqueos y plantones, sin embargo, no se firmó.
Este protocolo, que a más de dos años no se ha hecho oficial, establece lineamientos de actuación antes y durante una manifestación.
En septiembre del 2013, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano Cortés afirmó que impulsaría con el Gobierno Federal la firma de este plan.
En enero, el funcionario aseguró que el documento ya estaba listo, y que lo había presentado ante el subsecretario de gobernación, Luis Enrique Miranda, para revisarlo.
Estará en condiciones para suscribirlo en el próximo mes de febrero, recalcó. Pero en febrero nada de eso pasó.
Ballesteros Mancilla lamentó que el protocolo siga en la “congeladora” y consideró preocupante que ambos gobiernos no estén avanzando en la firma del este documento.
“Aquí lo preocupante es que ambos gobiernos no estén avanzando en la firma de este protocolo, que sin duda de existir no hubiéramos tenido los problemas que ahora se están presentando con las detenciones que se han estado denunciando”, comentó.
