Aunque desde el 2016 el Instituto Nacional Electoral (INE) permite que sus registros biométricos sean utilizados para la identificación de cadáveres en todo el país, las autoridades forenses de Jalisco apenas empezaron a hacer uso de ellos en este 2020.
Los bancos de datos biométricos del INE representan un potente instrumento de búsqueda de personas desaparecidas para cualquier autoridad, pues solo en lo que refiere a huellas dactilares tiene los registros de 92 millones 164 mil 808 personas, de las cuales 6 millones 135 mil 065 son residentes de Jalisco.
A pesar de la crisis que enfrenta esta entidad en materia de desapariciones y de rezago forense en la identificación de cadáveres, fue hasta el 5 de diciembre del 2019 que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) suscribió un convenio de colaboración con el INE.
“A efecto de lograr la identificación de los cadáveres o restos humanos de personas desconocidas; y la búsqueda y localización de personas desaparecidas”, dice la cláusula primera del convenio.
Recientemente en Jalisco se han encontrado fosas clandestinas con más de 100 cuerpos, algo nunca antes visto
El desinterés mostrado por el Gobierno de Jalisco por los registros biométricos del INE —presente tanto en la administración del exgobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, como en el primer año de la gestión de Enrique Alfaro Ramírez— contrasta con la gravedad del problema.
Este 7 de octubre pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob) ubicó a Jalisco como el estado con la mayor incidencia de desapariciones durante la actual administración federal, y con el mayor número de cuerpos extraídos de fosas clandestinas a nivel nacional, tanto en el presente sexenio como en todo el periodo de “guerra al crimen organizado”.
Al presentar el informe “Entidades con mayor número de Personas Desaparecidas y no Localizadas”, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020, el primer lugar fue para Jalisco con 3 mil 568, lo que es la cuarta parte de todas las desapariciones del país (25.82 por ciento)
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Jalisco también es primer lugar nacional entre las “Entidades con Mayor Número de Cuerpos Exhumados de Fosas Clandestinas”, tanto en el “Informe Histórico de 2006 al 30 de septiembre de 2020”, con 897 cuerpos (el 13 por ciento nacional); como en el “Informe del 01 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020”, con 605 cuerpos (el 30.91 por ciento nacional).
Tiempo perdido sin datos biométricos
Aun con el poco tiempo que lleva colaborando el IJCF con el INE en la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de cadáveres, la utilidad de los registros biométricos ya ha sido exitosa.
En el “Segundo Informe de Gobierno en Materia de Seguridad” que rindió el gobernador Enrique Alfaro, por primera vez el IJCF reportó la existencia de “identificaciones positivas en conjunto con el INE” de 224 cadáveres, derivado del convenio que se suscribió con la instancia nacional.
La identificación se logró tan solo durante nueve meses (de enero a septiembre de 2020), lo que evidencia todas las posibilidades de búsqueda que dejó ir el Gobierno de Jalisco durante los años que omitió colaborar con esa institución.
Pero el rezago forense en Jalisco aún es mayúsculo, particularmente ahora que se han encontrado fosas clandestinas con más de 100 cuerpos en su interior, algo nunca antes visto en el estado.
El 4 de noviembre, el Instituto de Información Estadística y Geográfica local reportó que hay más de mil 900 cadáveres bajo el resguardo del IJCF que no han sido reclamados y que ingresaron a ese instituto entre el 19 de septiembre de 2018 y el 31 de octubre de 2020.
Destrucción de huellas
El IJCF se niega a brindar mayor información sobre sus labores de identificación de cuerpos en colaboración con el INE, pues afirma que, de hacerla pública, los grupos criminales podrían comenzar a eliminar deliberadamente los indicios biométricos que posibilitan estas acciones, particularmente las huellas dactilares de sus víctimas.
En Jalisco hay mil 900 cadáveres bajo el resguardo del IJCF que no han sido reclamados y que ingresaron a ese instituto en los últimos dos años
“El que los grupos delincuenciales conozcan las evidencias necesarias para lograr una plena identificación de personas fallecidas podría repercutir en la eliminación de las mismas al momento de dañar a sus víctimas, lo que trae como consecuencia prolongar la identificación y así revictimizar a las familias de las víctimas”, respondió vía transparencia en el folio 07602220.
“Las organizaciones delincuenciales pudieran planear o materializar acciones a efecto de nulificar las evidencias y/o indicios necesarias para el trabajo de identificación de personas fallecidas que ingresan a este organismo como lo son las huellas dactilares; aunado a que se estaría revelando la efectividad de las estrategias y métodos usados para procesar las evidencias y/o elementos indiciarios para llegar a la identificación de personas fallecidas sin identificar”.
