El marco legal que establece la Ley General de Víctimas no se cumple, ya que la proporción de víctimas en el país que logran acceder a un mecanismo para la reparación del daño sufrido es apenas superior al 4 por ciento, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La estimación se encuentra contenida en el Informe de la Evaluación a la “Política Pública de Atención a Víctimas”, y se elaboró con base en el total de personas agraviadas que fueron reconocidas desde 2013, año en que se promulgó la Ley, a 2019 por tres instituciones: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y la Fiscalía General de la República (FGR).
“Teniendo en cuenta lo anterior, se obtuvo que, de 2013 a 2019, se identificaron y reconocieron 168 mil 117 víctimas, de las cuales, al 83.8% (140 mil 887) se otorgó medidas de protección para salvaguardar su integridad.
“En relación con las víctimas que tuvieron acceso a medidas de reparación integral, éstas no necesariamente recibieron, previa o simultáneamente, medidas de protección. Así, de las víctimas reconocidas, el 4.4 por ciento (7 mil 387) fueron beneficiarias por alguna resolución de reparación integral”, menciona la ASF.
El escenario para las víctimas del país es aún peor, pues de ese reducido grupo que logró ser beneficiario de algún mecanismo para la reparación del daño, solo en unos pocos casos hay certeza de que el esquema de compensación se aplicó a cabalidad
“De las 7,387 víctimas con alguna resolución de reparación integral, 4,746 (64.2 por ciento) tuvieron un seguimiento sobre la atención de éstas. De los beneficiarios de las resoluciones, se evidenció el cumplimiento de medidas de reparación para 612, lo que representa 0.4 por ciento del total de víctimas reconocidas por la política pública”, así lo expone la Auditoría en su Informe.
Sin seguimiento a víctimas
La ASF indica que la ausencia de un seguimiento personalizado por víctima imposibilita que las autoridades acrediten que, por medio de las acciones que llevaron a cabo, coadyuvaron a que aquéllas superaran sus vulnerabilidades y retomaran su proyecto de vida.
La falla que puso al descubierto la Auditoría está en el corazón de la política nacional para atender a las víctimas, pues ante la carencia de labores de acompañamiento sobre las mismas, se ha vuelto imposible determinar con precisión si el Estado está logrando mejorar la situación en la que se encuentran, no obstante que esa es la razón de ser de toda la estrategia.
“Las deficiencias de la política influyen en la identificación de sus resultados, toda vez que la ausencia de sistematización de las medidas instrumentadas, así como de mecanismos de seguimiento, no permitió conocer el efecto de las acciones del Gobierno Federal para el otorgamiento de medidas oportunas, adecuadas y suficientes, lo que aunado a la falta de indicadores para evaluar la eficacia de la política en esta materia, representa un obstáculo para valorar si han coadyuvado, en primera instancia, a que las víctimas superen su vulnerabilidad y, en segundo lugar, al restablecimiento de su proyecto de vida”, expresa el órgano fiscalizador.
El fondo se acaba
Otro grave problema que al que se enfrentan las víctimas tanto de delitos como de violaciones a los derechos humanos para recibir atención, es que el fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), que administra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), está en camino a que se le agoten los recursos, según las proyecciones de la ASF.
La CEAV ha ejercido a través de ese fondo una suma de mil 156 millones 500 mil pesos en el periodo de estudio, mismos que se dispersaron entre 2 mil 604 beneficiarios.
El desglose del desembolso detalla que del total del FAARI, mil 143 millones de pesos (el 97 por ciento) fueron otorgados como compensación a las víctimas por daño moral, físico, patrimonial o material, así como por lucro cesante o reembolso de gastos realizados por la víctima; y el resto se utilizó para instaurar medidas de satisfacción referentes a la construcción de memoriales y medidas de restitución.
De acuerdo con los datos recolectados por la ASF, la CEAV no solo está auxiliando con el fondo a un mayor número de víctimas por año al señalar que el numero aumentó en 69.2 por ciento, de 128 en 2015 a mil 049 en 2019, también ha crecido el monto que le está otorgando a cada una.
+163 mil
A su vez, el número promedio de recursos erogados por víctima creció en 5.2 por ciento anual, asegura la ASF. De 358 mil 700 pesos otorgados en promedio por víctima en 2015, a 439 mil pesos en 2019.
Sin embargo, el problema central radica en que los recursos del Fondo no se están reponiendo por el Gobierno federal a la misma velocidad que están siendo ejercidos por la CEAV.
Por lo tanto, con este ejercicio creciente del fondo, “aunado a que la asignación de ingresos en el presupuesto del FAARI no es consistente con el crecimiento de la erogación de recursos del fondo, hace que su sostenibilidad y suficiencia se vea comprometida, ya que, si bien la disponibilidad de recursos ha permitido cubrir las medidas de reparación otorgadas a 2019, el comportamiento muestra que los egresos superarán a los ingresos en el corto plazo”.
A manera de propuesta de solución, la Auditoría señala que se ha vuelto “preciso que la CEAV instrumente medidas orientadas a limitar, por ejemplo, con base en un tabulador, el erogamiento de recursos por compensación o modificar el enfoque fundado en el otorgamiento de dinero para la reparación integral y, a su vez, que el Gobierno federal establezca la presupuestación de recursos que obedezcan a las necesidades de las víctimas mediante el FAARI, o el mecanismo que se considere prudente para su dispersión”.
