Después de presionar durante meses para que se aprobara la Ley General de Biodiversidad, el Partido Verde (PVEM) decidió dar marcha atrás.
Tras no alcanzar el consenso entre las diferentes bancadas de la Cámara de Diputados, el PVEM decidió no continuar con el análisis del tema en el Pleno, aunque el asunto —que fue aprobado por el Senado en diciembre pasado— ya estaba aprobado en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La Ley General de Biodiversidad había despertado el rechazo de varios sectores sociales, universidades y organizaciones de defensa del medio ambiente, por considerar que en los hechos quitaba la protección a diferentes especies; no respetaba el derecho de los pueblos originarios sobre los recursos; se fomentaban conflictos de interés; se abría la puerta al fracking en áreas naturales protegidas, así como el paso a través de las mismas de líneas de transmisión eléctrica, gasoductos o la construcción de obras como presas o puertos.
Reporte Índigo publicó en febrero pasado, que la Ley General de Biodiversidad no prohibía la explotación de minas en zonas protegidas, muchas de ellas ubicadas en territorios de comunidades indígenas.
El conflicto de intereses fue denunciado por la Alejandro Olivera, de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, quien acusó que la iniciativa de esta legislación fue presentada por la senadora del PVEM, Ninfa Salinas.
La familia Salinas, acusó Olivera, está vinculada a actividades de minería y metalurgia a cielo abierto, como la mina “Los Cardones”, que se encuentra en un Área Natural Protegida en Baja California Sur.
El 9 de abril, representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Red Indígena, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de Greenpeace, fueron invitados a una reunión con diputados de la Junta de Coordinación Política para exponer sus argumentos contra esta Ley.
En un comunicado, Greenpeace dio a conocer que en esa reunión, denunciaron que el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Arturo Álvarez Angli (PVEM), dio por aprobado el dictamen que apenas tenía 15 votos aprobatorios, y cuando eran requeridos al menos 16 —la Comisión tiene 30 miembros—.
Aun así, el PVEM trató de someter a votación del Pleno el dictamen, pero este jueves dio marcha atrás en su intención de votarlo, luego de la constante presión para realizar consultas públicas sobre el tema.
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