"Los debe de cerrar. Son ilegales. No puede sostener una ficción jurídica la autoridad respaldando la colusión que pudo haber tenido Santillán, Correa y Peña Neder con el sexenio anterior con Segob"
Un juez propinó un golpe a la mafia de exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación que traficaron con permisos falsos de casinos durante el sexenio encabezado por el expresidente Felipe Calderón.
La resolución judicial vendría a confirmar el despojo de permisos de centros de apuestas que orquestó la red criminal integrada por Juan Iván Peña Neder, Guillermo Santillán y Roberto Correa, exfuncionarios de la Segob en la pasada administración federal.
El pasado 26 de marzo, el Juzgado Segundo Civil de Tamaulipas reconoció a Juan Manuel Pérez Bustos como representante legítimo de la operadora Producciones Móviles.
Esta sentencia permitió a Pérez Bustos celebrar un convenio judicial con la empresa Entretenimiento de México para dar por concluido el convenio que reconocía a Producciones Móviles como una operadora de Emex ante la Secretaría de Gobernación.
Este convenio quedó inscrito en el expediente 338/2012, y el fallo según el representante legal de Producciones Móviles, tiene carácter de cosa juzgada.
El juez notificó de esta resolución a la Secretaría de Gobernación para que deje sin efecto legal la relación contractual que existía entre Emex y Producciones Móviles y requirió a la Dirección de Juegos y Sorteos para que actualice esta información en sus archivos.
En la página de internet de la Dirección de Juegos y Sorteos aparece Producciones Móviles como una de las operadoras de casinos reconocidas de Emex, propiedad de los hermanos Juan José y Arturo Rojas Cardona.
Sin embargo, en el mismo reporte oficial Producciones Móviles aparece como una empresa con permiso para instalar 40 centros de apuestas en México, gracias a una resolución administrativa que se concretó en los últimos minutos del gobierno de Calderón.
Este fallo judicial en contra de la mafia casinera se suma a la suspensión que otorgó hace dos mes un juez federal en el juicio de amparo 1151/2012, promovido en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León.
El juez de Tamaulipas obligó a la Dirección de Juegos y Sorteos a suspender los 40 permisos para instalar casinos que maneja Producciones Móviles en el país.
En entrevista, Juan Manuel Pérez Bustos, representante legal de Producciones Móviles, señala que esta sentencia judicial desvincula completamente a su empresa con Entretenimiento de México dejando sin efectos legales el convenio de asociación que celebraron ambas compañías.
Pérez Bustos afirma que tras este fallo la Secretaría de Gobernación tiene que cerrar los centros de apuestas que operan con este permiso ilegal, que suman 19 en todo el país.
“Los debe de cerrar. Son ilegales. No puede sostener una ficción jurídica la autoridad respaldando la colusión que pudo haber tenido Santillán, Correa y Peña Neder con el sexenio anterior con Segob”, señala Pérez Bustos.
“La Secretaría de Gobernación debería de cerrarlos primeramente porque quienes están desarrollando las actividades de casinos en cualquiera de las ciudades de la República Mexicana no lo hicieron con la persona que tenía la legitimidad”.
El representante legal de Producciones Móviles asegura que detrás de la ficción jurídica que se montó para darle carácter de permisionaria a su compañía de manera ilegal están Juan Iván Peña Neder, Fernando Santillán y Roberto Correa.
Estos personajes han sido denunciados ante Reporte Indigo por Talía Vázquez, exesposa de Peña Neder, quien está actualmente preso acusado de violación en el estado de Michoacán.
“El permiso como tal no debió de haberse expedido porque para empezar, quienes promovieron e hicieron toda esta situación, está Guillermo Santillán, Juan Iván Peña Neder y Roberto Correa, buscando valer derechos de una operadora, hacen a un lado en la Secretaría de Gobernación y pasan por alto y le otorgan y le reconocen esa facultad a diversas personas que nunca tuvieron esa representación.
“Un juez, un tribunal, un juez, un tribunal, todos han concluido que tu servidor es el representante legal de Producciones Móviles, que ellos lo que hicieron fue una ficción jurídica para hacer y prevalecer derechos que tuvo como operadora Producciones Móviles”.
El día de ayer Pérez Bustos publicó un desplegado donde denuncia que este fallo judicial confirma la colusión que existió entre las personas que se apropiaron ilegalmente de Producciones Móviles con funcionarios de la Segob del pasado sexenio.
Como parte de esta colusión, el representante legal de Producciones Móviles denuncia que la documentación que ha ingresado en la Dirección de Juegos y Sorteos entre escritos, quejas y denuncias ha desaparecido de la dependencia federal.
“No hay nada en el expediente, ni como Producciones Móviles, como operadora, ni como permisionaria. La información ha desaparecido hasta antes del 1 de diciembre”.
Afirman que juicio está inconcluso
El litigio entre las empresas Producciones Móviles y Entretenimiento de México aún no ha concluido, aseguran en un escrito los supuestos representantes de Promovil.
Esta afirmación es una respuesta al comunicado de Juan Manuel Pérez Bustos, donde aseguró que el juicio mercantil número 338/2012, se resolvió el pasado 26 de marzo.
El firmante también denunció que durante dos años la Secretaría de Gobernación protegió a un presunto defraudador, a Lino Armando Vázquez Mata, y a otras personas para que operaran casinos a nombre de Producciones Móviles.
En respuesta a esta acusación, la contraparte asegura que el juicio, promovido ante el Juzgado Segundo Civil de Matamoros, aún no se resuelve.
“Es falsa su afirmación de que existe una red de protección en Segob”, se lee en el escrito, firmado por René Ramírez Romero, quien se ostenta como apoderado de Producciones Móviles.
Éste asegura que Pérez Bustos no es socio ni representante legal de la empresa en referencia, sino un “defraudador y golpeador a sueldo” de Entretenimiento de México, propiedad de los hermanos José y Arturo Rojas Cardona.
“Mienten en todo lo que han afirmado, pretendiendo con su desplegado generar especulación, desinformación y confusión en la opinión pública un infame ataque a la integridad y rectitud de las autoridades”.
Ramírez Romero afirma que el juicio mercantil fue dejado “sin efecto” por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que ordenó la reposición del procedimiento bajo el número de expediente 49/2013.
