Un pastor acusado de violar a cuatro mujeres en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, fue sentenciado a 37 años de prisión, informó la Fiscalía General de Justicia, hechos que ocurrieron del año 2015 al 2020.
Jonathan Armando “N”, ministro religioso, fue denunciado por sus víctimas a quienes, valiéndose de la confianza que le tenían, utilizó violencia moral para manipularlas con propósito de imponerles actos sexuales mediante amenazas y violencia física.
“La Fiscalía introdujo al juicio un caudal de pruebas materiales, documentales, periciales científicas, dictámenes médicos, psicológicos y testimonios de cargo, evidencias que no pudieron ser controvertidas en debate, demostrando con ello la plena responsabilidad penal del acusado como autor material directo por delitos de violación, equiparable a la violación, violación en grado de tentativa y abuso sexual que el ahora interno de un penal estatal realizó en contra de integrantes de la comunidad en la que se desempeñaba”, señala el comunicado de la Fiscalía.
Asimismo, la autoridad señala que la actual sentencia es la segunda obtenida en contra de Jonathan Armando “N”, el cual en agosto de 2021 recibió condena por 11 años de prisión, igualmente por delitos sexuales en perjuicio de una víctima femenina que acudía al referido centro religioso.
Violador de niña recibe 60 años de cárcel en Nuevo León
Un hombre detenido por agresiones sexuales a una niña de ocho años en el 2017, recibió sentencia de 60 años de cárcel por el delito equiparable a violación, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
El juez dictó sentencia en contra de Eliuth “N”, luego de encontrarlo culpable de los actos sexuales que cometió en forma reiterada y en contra de su voluntad de la menor, a quien causó daño físico y psicólogo con lo que también lesionó su dignidad atentando en contra de su derecho a una vida libre de violencia.
“La Fiscalía integró una carpeta de investigación con evidencias materiales, documentales, dictámenes psicológicos y periciales con rigor científico, además de testimonios de cargo que no pudieron ser controvertidos en la audiencia de juicio, por lo que el juzgador no dudó en imponer la ejemplar sanción”, señala el comunicado de la Fiscalía.
Además, el juez ordenó el pago por concepto de atención psicológica de la víctima, por parte del ahora interno de un penal estatal.
“La FGJNL refrenda su compromiso de ejercer acción penal implacable en contra de generadores de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes”, indicó.
