Dádivas oscuras en Zapopan

Las organizaciones delictivas que han asentado en Jalisco y Guadalajara sus empresas para el blanqueo de fondos, se han encontrado con gobiernos que, antes que combatirlas, han sido generosos y complacientes llegando incluso a propiciar el fortalecimiento de sus finanzas de origen ilícito. 

No sólo está el caso del Gobierno de Jalisco que en 2014 canceló adeudos por más de 2 millones de pesos al entramado empresarial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha hecho también lo propio el Gobierno municipal de Zapopan en manos del PRI desde 2010. 

Al poniente del Área Metropolitana de Guadalajara, Zapopan concentra las zonas de mayor poder adquisitivo del estado y el interés de los promotores inmobiliarios en su pujante área urbana. 

Hasta ahí el Departamento del Tesoro estadounidense y su Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) han identificado la operación de redes empresariales  Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, entre otros.  

Los registros que transparenta el municipio sobre los beneficios fiscales que otorga, indican que ha favorecido con cientos de estos descuentos a esas firmas señaladas públicamente por la OFAC, y que vincula con supuesto lavado de dinero. 

De 2011 a 2015, Zapopan da cuenta de 185 deducciones aplicadas en accesorios del impuesto predial, sobre propiedades de ocho empresas inmobiliarias sobre las que pesan las acusaciones de la OFAC.  

Ese lapso compete al exalcalde Héctor Vielma Ordóñez, que gobernó de 2010 al 2012, y que cedió la estafeta a su “delfín” Héctor Robles Peiro. 

Reporte Indigo realizó un cruce entre los datos que transparenta Zapopan con los publicados por la OFAC, con estos resultados, en orden cronológico. 

El 12 de abril de 2012, la OFAC sancionó a 16 empresas de la construcción, bienes raíces y farmacéuticas, que vinculó con tráfico de precursores, y señaló a “Ezio Benjamín Figueroa Vásquez y su hijo, Hassein Eduardo Figueroa Gómez, como narcotraficantes especialmente designados”. 

Nueve de esas firmas estaban en Zapopan, dos en Guadalajara, tres en el Distrito Federal, una en Puebla, otra en Panamá. 

La OFAC dijo que era “una organización internacional que trafica precursores químicos, y son responsables por la desviación e importación de múltiples toneladas de pseudoefedrina y efedrina desde Europa y el África sub-Sahariana hasta México”. 

Ya en el país, los precursores eran provistos a las “organizaciones principales mexicanas de tráfico de drogas que fabrican metanfetaminas”. 

Dos de esas firmas han recibido apoyos del Gobierno de Zapopan: Desarrollo Arquitectónico Fortia y Promociones Citadel. La primera con un par de descuentos en los accesorios del predial en 2011 por 7 mil 244 pesos, y la segunda por un monto de 759 mil 648 pesos en 2014.

Citadel debía pagarle al municipio 893 mil 704 pesos, pero obtuvo esa reducción del 85 por ciento. 

Lazos con ‘El Azul’

El 24 de julio de 2012, la OFAC vinculó a nueve empresas y diez individuos con Juan José Esparragoza Moreno, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa. Ese día, Adam J. Szubin, que la encabezaba, dijo:

“Mientras otros narcotraficantes mexicanos han obtenido y en algunos casos buscado más atención, Esparragoza Moreno ha deliberadamente mantenido un perfil bajo con la esperanza de evitar el escrutinio mientras aumenta su influencia y sus ganancias ilícitas”, y aunó: 

“Toda su red empresarial creada a base de ganancias ilícitas por la venta de drogas está en nuestra mira”.

De las firmas publicadas, el Gobierno de Robles Peiro otorgó un beneficio fiscal a Grupo Impergoza, en 2015: sobre un monto de 134 mil 748 pesos en accesorios del predial, le aplicó una reducción de 94 mil 320 pesos (70 por ciento). 

Según la OFAC, Impergoza administra los bienes de la familia del capo en Tlajomulco de Zúñiga “donde desarrollaron una comunidad residencial llamada Provenza Residencial y un centro comercial llamado Provenza Center”, al sur de la ciudad, y enclave del grupo político que lidera Enrique Alfaro, alcalde tapatío electo. 

Caro Quintero en inmobiliarias

El 12 de junio de 2013, la OFAC sancionó a 18 individuos y 15 empresas, todas en la capital de Jalisco, que ligó con el fundador del extinto Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero. Ese día Szubin dijo:

“Caro Quintero ha utilizado su red familiar y testaferros para invertir su fortuna en empresas ostensiblemente legítimas y proyectos inmobiliarios en Guadalajara”. 

“Ninguno de sus esfuerzos podrá blanquear el dinero sucio, obtenido mediante violencia y a costa de sus víctimas”.

Afirman que de las firmas publicadas, una siguió recibiendo apoyos de Zapopan: el Grupo Constructor Segundo Milenio, que en 2013 y 2014 debió pagar por accesorios de predial tres montos que suman 288 mil 64 pesos, pero recibió descuentos totales por 220 mil 998 pesos.

El 10 de abril de 2014, la OFAC señaló a 10 empresas y cinco individuos de la “familia de los Sánchez Garza, una organización de lavado de dinero establecida en Guadalajara que comenzó a operar en beneficio de los narcotraficantes de gran escala Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno, en los años ochenta”. 

El extitular de OFAC dijo que sus operaciones inmobiliarias “tienen su origen en las actividades ilícitas de las organizaciones de tráfico de drogas de Caro Quintero y Esparragoza Moreno”. 

De las empresas designadas, hay cuatro con apoyos del municipio: Cariatide Grupo Inmobiliario, de 2011 a 2015 recibió 43 descuentos en accesorios del predial que suman 385 mil 515 pesos, sobre un total de 434 mil 951 pesos. 

Grupo Isayas, de 2011 a 2014 obtuvo 69 deducciones que suman 620 mil 92 pesos, aunque debía 725 mil 820 pesos; Inmobiliaria Asysa, de 2012 a 2015 recibió 65 descuentos que suman 248 mil 941 pesos, aunque sus accesorios totales eran de 293 mil 544 pesos. 

E Inmobiliaria Corsanch, con un descuento en 2011 de 31 mil 768 pesos sobre un total de 45 mil 384 pesos. 

Estado y CJNG

El Gobierno estatal brindó apoyos fiscales en 2014 a firmas que la OFAC ligó el 19 de agosto al CJNG y su brazo financiero, Los Cuinis.  Fueron seis individuos y 15 empresas, cinco en Zapopan, seis en Guadalajara, dos en Tomatlán, el resto fuera de Jalisco. 

A una de ellas, W&G Arquitectos, que sería propietaria del Hotelito Desconocido –también sancionado-, le evitó pagar 2 millones 18 mil 729 pesos en una multa por ISR e IVA (70 por ciento menos). 

Mientras, la Fiscalía estatal no persigue el lavado de dinero, ni usa la extinción de dominio para golpear la riqueza de estos grupos. 

El jueves pasado la OFAC ligó a cinco firmas más al CJNG en giros como renta de cabañas, venta de sushi y de tequila: cuatro están presentes en Guadalajara, una en Tapalpa, otra en Puerto Vallarta. 

John E. Smith, director interino, dijo: “La variedad de los negocios designados hoy demuestra el alcance con el que el CJNG ha penetrado la economía”.

Gran parte de todas estas firmas están en Guadalajara, pero su Gobierno se ha rehusado a publicar sus beneficiarios fiscales, ni siquiera el Instituto de Transparencia e Información Pública ha podido obligarlo; las afirma inexistentes.