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“Cuando empezó a amenazarme con sacarme de la casa y con matarme me dijo textualmente que me daba hasta el 31 de diciembre de este año para que me saliera de la casa, porque si no él me iba a sacar en un ataúd o a balazos”.
Esto declaró Alexandra Castellanos Méndez ante la Fiscalía de Jalisco el 5 de diciembre de 2017 al dar cuenta de las amenazas que recibía de su esposo. Aquel plazo fatal que se le había impuesto a su vida se cumplió con precisión: la mataron el 24 de diciembre, unos días después, pese a contar con una orden de protección
El feminicidio de Alexandra exhibió en toda su magnitud la fragilidad de las órdenes de protección que deben servir, se supone, para salvaguardar la vida de mujeres que enfrentan condiciones graves de violencia.
Peor aún, la Fiscalía de Jalisco ha reconocido que ella no ha sido la única mujer que ha perdido la vida de forma posterior a la obtención de estas medidas de seguridad, según lo reveló en su informe del recurso de revisión 660-2018.
Además de ese feminicidio que causó indignación en el estado, la dependencia confirmó la existencia de otros cuatro asesinatos de mujeres en los años 2017 y 2018 que habían denunciado con anterioridad violencia intrafamiliar y para las cuales se habían expedido órdenes de protección.
El 10 de marzo de 2017 una mujer de 20 años de edad de Tlajomulco fue asesinada en ese municipio en un caso clasificado como feminicidio, cuya carpeta de investigación sigue en trámite y sin detenidos. La víctima había denunciado violencia familiar y lesiones el 16 de febrero de 2017, por lo que se le emitió una orden de protección ese mismo día. Casi un mes después fue asesinada.
El 23 de agosto de 2017 una joven de 24 años originaria de Tonalá fue asesinada ahí mismo en un caso tipificado como feminicidio. Esta indagatoria sí se judicializó y logró un detenido. La víctima había denunciado violencia familiar y amenazas el 25 de abril de 2017, obteniendo ese mismo día una orden de protección. En menos de cuatro meses le quitaron la vida.
El 2 de enero de 2018 una mujer de 42 años de Tlajomulco fue asesinada en esa demarcación. Se judicializó como feminicidio con un detenido. La víctima, sin embargo, había denunciado violencia familiar el 11 de agosto de 2017, por lo que ese mismo día se emitió la orden de protección. Casi cinco meses fue víctima de feminicidio.
El 15 de marzo de 2018 una mujer de 39 años de Guadalajara fue asesinada en ese mismo municipio. El caso se catalogó como homicidio, sigue en investigación y sin detenidos. La víctima había denunciado violencia familiar el 25 de agosto de 2017, día en que se emitió la orden de protección.
Caso Alexandra
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 41-2018, derivada del feminicidio de Alexandra Castellanos Méndez, que sirvió para exhibir todas las deficiencias que presenta el mecanismo de las órdenes de protección.
La CEDHJ documentó que ella presentó su denuncia contra su marido -de quien se estaba divorciando- el 13 de octubre del 2017, donde narró que este la quería fuera de la casa que habitaba: “me dice que me va a sacar a golpes o muerta (…) la verdad sí le tengo miedo porque siempre anda armado”.
Ese día se emitió una primera orden de protección por 60 días. Luego, el 5 de diciembre se expidió una segunda pues Alexandra declaró ante la Fiscalía que habían disparado contra la ventana de su cuarto el 27 de noviembre: “justamente por donde pasó la bala yo me paro a diario a peinarme o a arreglarme (…) mis hijos y yo estamos muy asustados por estos hechos ya que mi esposo amenazó con matarme”.
Entonces alertaría que tenía los días contados:
“En mi escrito inicial de denuncia omití referir que cuando empezó a amenazarme con sacarme de la casa y con matarme me dijo textualmente que me daba hasta el 31 de diciembre de este año para que me saliera de la casa, porque si no él me iba a sacar en un ataúd o a balazos”
Ese disparo a su ventana fue el que Alexandra publicó en Facebook al día siguiente: “hasta dónde tenemos que llegar para que las autoridades agilicen y se proceda legalmente (…) Temo por mi vida y por la vida de mis hijos y solo una persona es culpable de eso y la hago responsable si algo peor llega a pasar BASTA!!!!”.
Principales deficiencias
Entre las deficiencias que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) encontró en las órdenes de protección emitidas para Alexandra Castellanos Méndez está que “no se determinó con la claridad y precisión necesarias la vigilancia y protección policial permanente, directa y continua”.
También que dicha seguridad se dio con rondines policiales esporádicos en su casa con duración de 5 a 10 minutos.
Además el agresor nunca fue notificado de estas medidas de seguridad pues en la primera no se consideró hacerlo y en la segunda no se le localizó. “Las autoridades ministeriales tampoco volvieron a realizar acción alguna para verificar el cumplimiento de las medidas de protección”.
La Policía de Zapopan, responsable de éstas, no patrulló la casa de la víctima ni siquiera una vez por día, pues de los 71 días que debió hacerlo -del 13 de octubre al 23 de diciembre de 2017- solo en 24 efectuó rondines.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco encontró que las medidas de seguridad de Alexandra nunca le fueron notificadas a su agresor
Los propios policías advirtieron una sobresaturación: “la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género atiende cerca de 500 medidas de protección (…) las cuales son atendidas con solo 30 policías que conformamos la unidad y estamos divididos en dos turnos (…) además pendientes de cualquier otro servicio“.
Tras ser asesinada, la Fiscalía detuvo a cuatro personas, entre estas al esposo de Alexandra como autor intelectual, quien fue secretario particular del entonces fiscal, Eduardo Almaguer Ramírez, del 2 de febrero del 2016 al 1 de octubre del 2017.
“Advierte falta de implementación de acciones eficaces y coordinadas entre las autoridades ministeriales y las policiales municipales y entre éstas, ya que no se tienen mecanismos efectivos de seguimiento y análisis de las medidas de protección emitidas y de su eficacia para prevenir la comisión de delitos”, concluyó la CEDHJ.
