Culpabilidad de García Luna evidencia crisis de inseguridad y corrupción en México

El fallo de culpabilidad en el juicio de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), comprueba que, desde que la iniciaron, la guerra en contra de los grupos del crimen organizado estaba perdida.

Las consecuencias de sus decisiones políticas se reflejaron en una galería de horrores que sigue presente casi dos décadas después.

En el rompecabezas de la época en que García Luna operó, aún hay muchas piezas perdidas que tal vez jamás serán encontradas.

Sobre todo, el porqué y para qué de la guerra. En 2006, cuando se lanzó la ofensiva, las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) no mostraban que la inseguridad fuera el principal problema de los mexicanos. De hecho, ese año, la tasa nacional de homicidios había bajado a ocho por cada 100 mil habitantes, de 19 en esa misma proporción en 1992.

No obstante, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, informó que siete mil efectivos de las fuerzas federales ingresarían a Michoacán en el llamado Operativo Conjunto Michoacán.

Además se enviaría equipo de seguridad y transporte aéreo. Durante el anuncio, en un acto de última hora en el salón Adolfo López Mateos de la entonces residencia oficial de Los Pinos, el gabinete de seguridad respaldó la táctica.

Ahí estaban los secretarios de la Defensa, Guillermo Galván Galván; de Marina, Francisco Saynez Mendoza; así como el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.

En el centro, Genaro García Luna, quien informó que la dependencia a su cargo enviaría mil 400 elementos para puntos de control, revisión de carreteras, ejecución de órdenes de cateo, desmantelamiento de puntos de venta de drogas y, sobre todo, labores de inteligencia.

Así se inició la ofensiva más cruenta de la historia moderna de México que jamás mostró resultados y, en cambio, dejó instalado el flagelo de la violencia hasta estos días, en los que García Luna espera una sentencia que puede ir de 20 años hasta cadena perpetua por crímenes que se suponía el iba a combatir.

La guerra continúa

Los mecanismos de transparencia arrojan que no había ningún elemento que sustentara las decisiones de Calderón Hinojosa y García Luna para continuar con la estrategia bélica en contra de la delincuencia, sobre todo del narcotráfico.

A la solicitud de información con el folio 0210000150808 en la que se requirió cualquier elemento que avalara el triunfo en la guerra, el gobierno calderonista respondió que esa información es “inexistente”.

Si se revisan las palabras del primer mandatario de aquellos años, se encuentran varios discursos en los que sostenía que el gobierno acumulaba batallas ganadas.

El 11 de junio de 2008 expresó: “Eso es lo que estamos haciendo, amigas y amigos colaboradores, enfrentando a la delincuencia y derrotándola en una guerra, en una batalla que será de muy largo plazo (…)”.

El 17 de septiembre de ese mismo año dijo: “… Es imprescindible que todos los que nos sumamos a ese frente común pasemos de la palabra a los hechos y que declaremos, verdaderamente, la guerra a los enemigos de México y vayamos por la victoria que la patria reclama y a la que tiene derecho. Estoy convencido que esta guerra la vamos a ganar con el apoyo y la participación de todos”.

El dinero marcaba esta historia. La proclividad casi obsesiva que mostraba Genaro García por el espionaje generó que se le autorizaran partidas multimillonarias.

Construyó un búnker que fue llamado Plataforma México. Su planificación fue tan grande que implicó la modificación del reglamento interior de la entonces Secretaría de Seguridad Pública.

El “súper policía” pidió un edificio de por lo menos tres pisos. Entonces, logró que el gobierno comprara un predio de Avenida Constituyentes, colonia Belén de las Flores, hoy alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, el cual abarca casi una cuadra.

Según el libro blanco del proyecto, su operación tuvo un incremento autorizado de 376.9 por ciento.

Como suele ocurrir, las empresas que participaron fueron las grandes beneficiarias de esta estrategia que, según el discurso, estaba diseñada para traer paz a los mexicanos.

El pastel fue de tres mil 365 millones 45 mil 486 pesos (poco más seis mil millones de pesos de ahora) del cual Teléfonos de México, propiedad del empresario Carlos Slim Helú, se llevó la mayor tajada, con el 37.2 por ciento, de acuerdo con una localización de contratos de Reporte Índigo en el histórico del Portal de Obligaciones y Transparencia.

El juguete de García Luna

La Plataforma México fue el gran juguete de García Luna. Sólo en la tecnología del gigante se gastaron más de dos mil 773 millones de pesos entre 2008 y 2013 (más de cinco mil millones de pesos de ahora).

Desde ahí espió a funcionarios, periodistas y narcotraficantes. Erigido él mismo como único operador, logró acumular información que, al final, sólo quedó en sus manos. En los hechos, las bases de datos jamás fueron compartidas con los gobiernos estatales y tampoco con las Fuerzas Armadas.

Las estrategias de espionaje y de investigación quedaban muy lejos de la tragedia creciente en la que miles de personas se esfumaban de la faz de México.

En 2006, cuando se inició la llamada “guerra contra el narco”, la cifra de desaparecidos era de 274. Para el 2007, ese número fue de 858. En 2012 fueron más de 20 mil.

Hoy, mientras el ex “súper policía” espera su sentencia, suman 111 mil 624, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas de la Secretaría de Gobernación.

Pese a todo, García Luna jamás reconoció el fracaso. En abril de 2018, el exsecretario de Seguridad Pública apareció en México cuando las elecciones presidenciales que ganaría Andrés Manuel López Obrador estaban en plena organización.

Venía de Miami a presentar su libro, “Seguridad con bienestar”. En una entrevista en Foro TV de Televisa defendió su gestión y sostuvo que a la Plataforma México le hacía falta más dinero.

Por su parte, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa entregó la banda presidencial en 2012.

El diagnóstico de cómo estaba el país en ese momento, contenido en el documento “Panorama Nacional”, lo dejó bajo reserva. Como exmandatario jamás volvió a decir que la suya era una guerra ganada.

El costoso disfraz de héroe

Construir la imagen de “súper policía” le costó al Estado mexicano más de 231 millones de pesos (poco más de 400 millones de pesos de ahora).

A través de la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia a cargo de Genaro García Luna, se firmaron por lo menos cien contratos para difundir la idea de que en México, un equipo de héroes combatía a los criminales bajo las órdenes de un funcionario efectivo y con poco margen de error, según los archivos históricos del Portal de Obligaciones y Transparencia.

Entre 2006 y 2012, en las salas del cine del país, las películas eran precedidas por un anuncio de un minuto en el que una voz en off indicaba: “Vamos ganando la guerra”; en la televisión se difundía una campaña de anuncios que concluían con la leyenda: “Policía Federal: héroes anónimos” y en los diarios se publicaba la campaña “Juárez”, en la que se aseguraba que la ciudad fronteriza estaba libre de violencia.

El nombre de Genaro García Luna empezó a asociarse con las pantallas cuando el 9 de diciembre de 2005, cuando dirigía la Agencia Federal de Investigación, la televisión abierta transmitió en vivo un supuesto operativo para liberar a personas secuestradas por una banda a la que él llamó “El Zodiaco”.

En los monitores se vio correr a elementos policiacos por un jardín hasta llegar a una cabaña. Se sabría, en la misma transmisión, que era un paraje en Morelos.

En el sitio y frente a las cámaras, fueron detenidos la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta.

Luis Cárdenas Palomino, en ese momento director general de Investigación Policial de la AFl, golpeó a Vallarta mientras los camarógrafos de las televisoras captaban la escena. A los días, Cassez revelaría que aquello fue un montaje a cargo de Genaro García Luna.

Hoy, Florance Cassez goza de la libertad que se le otorgó en 2013 en su país de origen, Luis Cárdenas Palomino se encuentra preso en el penal de El Altiplano acusado de tortura (tanto a Israel Vallarta como a los miembros de la supuesta banda El Zodiaco) y Genaro García Luna espera una sentencia después de que el martes 21 de febrero fue declarado culpable de manera unánime de distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de esa misma droga, conspiración para importarla; delincuencia organizada y declaraciones falsas.

Quien sigue en la cárcel es Israel Vallarta. Tras 17 años, su condición aún es la prisión preventiva.

Al iniciar el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), la AFI se integró a la Policía Federal y García Luna se convirtió en secretario de Seguridad Pública.

Los cercanos de García Luna

Para dar a conocer a todos aquellos funcionarios que estuvieron involucrados con el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de Ricardo Mejía, ex subsecretario de Seguridad Pública, dio a conocer los perfiles de estos personajes que operaron en puestos clave del 2001 al 2012 y cuya influencia se extendió hasta por lo menos 2018.

“Hubo un grupo compacto que venía del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Este grupo se hacía llamar ‘Los 12 Apóstoles’.

“Después, en 2006, llegan a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la cabeza está Genaro García Luna y se hacen llamar ‘Los Siete Jinetes del Apocalipsis’”, relató el hoy aspirante al gobierno de Coahuila.

De acuerdo con la información dada a conocer en la mañanera, este grupo estaba integrado por Armando Espinosa de Benito, extitular de la División de Investigación de la Policía Federal; Francisco Javier Garza Palacios, coordinador de seguridad regional de la Policía Federal; Edgar Eusebio Millán, director de secuestros en la Agencia Federal de Investigaciones; Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal; y el excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas.

“Estos fueron los principales mandos en la época de García Luna que tienen que ver con procesos penales o con carpetas de investigación.

“Toda una estructura dedicada a la colusión criminal. Y esto fue muy importante porque todos estos mandos estaban en la Policía Federal. Por eso la determinación del presidente de la República de haber promovido la extinción de la Policía Federal y haber creado la Guardia Nacional, era para limpiar de tajo toda esta red, porque tenía ramificaciones prácticamente en todas las áreas de seguridad regional, en algunas áreas de inteligencia y de investigación”, relató Ricardo Mejía.

Los líderes

Junto a Genaro García Luna estuvieron dos personas que fueron clave para ayudar a los cárteles: Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García.

El primero de ellos está imputado por el caso de Rápido y Furioso y fue vinculado a proceso por el delito de tortura.

Actualmente está en un penal de máxima seguridad. A él se le atribuía ser el número dos en la estructura de Genaro García Luna.

Estuvo prácticamente en todas las áreas, fue titular de la división de Seguridad Regional, que era la que tenía todo el control de las coordinaciones estatales, el control de las áreas de aeropuertos, de fronteras; estuvo también en la división de Investigación y fue parte del equipo cuando estuvo en la Agencia Federal de Investigaciones.

Por su parte, Ramón Eduardo Pequeño, está imputado por delito de tortura y señalado en diversas carpetas de investigación, incluso en juicios que se llevan actualmente en el extranjero.

Él estuvo en la división Antidrogas, en la división de Seguridad Regional y en el área de Inteligencia, de la que fue separado tras la fuga de ‘el Chapo’ Guzmán del Cefereso del Altiplano en 2015.

También, como parte de esta estructura y de las ramificaciones que tuvo todo este grupo coludido con la delincuencia que encabezó Genaro García Luna, está el caso de Tomás Zerón de Lucio, que estuvo en Seguridad Regional en la época de Luis Eduardo Cárdenas Palomino, quien también cuenta con diversas órdenes de aprehensión, entre ellas la desaparición forzada y tortura por el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.