Cuestionada fe pública

De acuerdo al archivo notarial del estado de Michoacán, en los últimos 20 años mediante la fe pública del notariado estatal más de 13 mil 862 propiedades municipales se desincorporaron de la hacienda pública para convertirse en propiedad privada. De manera proporcional, el mayor número de propiedades públicas convertidas a propiedades privadas, fueron trasladadas por los notarios recién asignados a la función.

Pero los notarios michoacanos no solo se han visto relacionados en actos dudosos de traslados de dominios públicos a privados, al menos una veintena de los 183 fedatarios que existen en Michoacán, a la fecha son el objeto de una investigación judicial de la PGR que pretende establecer el enmarañado bajo el que estuvieron operando los cárteles de La Familia y Los Caballeros Templarios, cuyos líderes se adjudicaron al menos mil 300 propiedades de sus víctimas.

De acuerdo a fuentes de la PGR, solo en los últimos cinco años, el cártel de los Templarios pasó ante notario público los títulos de propiedad de huertas, granjas porcícolas y avícolas, minas, casas, terrenos, zonas de cultivo y hasta dos edificios, los que con el aval de los fedatarios pasaron legalmente de las manos de las víctimas a sus victimarios.

La PGR tiene documentados en Michoacán al menos 739 traslados de dominios, cuyas propiedades fueron el pago a una extorsión o secuestro. En por lo menos otros 450 casos el traslado de dominio de las propiedades lo entregaron los notarios a quien se presentó ante ellos para reclamar la propiedad, luego de que el legítimo dueño decidiera salir de la zona por amenazas de muerte.

Por lo que se refiere a traslado del dominio de la propiedad pública de los municipios para entregarla a manos de particulares, principalmente terrenos convertidos a centros comerciales, a los notarios públicos nombrados en los últimos 10 años les corresponde la responsabilidad de la desincorporación de casi el 80 por ciento de las propiedades inmobiliarias de los municipios.

Derivados de acuerdos poco claros, entre los cabildos y algunos notarios, se han llegado a entregar a particulares riquezas inmobiliarias de incalculable valor histórico o turístico. El ejemplo más claro es el municipio de La Piedad, en donde por un acuerdo entre el cabildo y un notario público se enajenó una zona arqueológica para edificar un mercado, convertido hoy en oficinas de la administración pública local.

En Pátzcuaro, otro ejemplo de la cuestionada labor notarial, en los últimos cuatro años algunos fedatarios públicos de la zona han comenzado enajenar predios federales de las márgenes del lago, para ser entregados a particulares a fin de que utilicen el predio con uso de suelo agrícola como fines urbanísticos. El 90 por ciento de las desincorporaciones ha sido en beneficio directo para funcionarios del gobierno estatal y federal, que han construido así sus casas de descanso.

Todos los gobernadores de los últimos 30 años han contribuido al engrosamiento de la plantilla notarial. Pero ha sido con los últimos cinco gobernadores cuando la entrega de nombramientos de nuevos notarios –anunciada en los últimos minutos de su gestión- se ha visto de manera casi insultante por la cantidad de nuevas notarías abiertas.

Ninguno de los últimos cinco gobernadores de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García o Salvador Jara Guerrero, fueron claros con la entrega de nombramientos de fedatarios públicos. Anunciaron unos nombres, pero se reservaron otros.

Tapar el sol con un dedo

Fue Salvador Jara el que más oscuramente manejó la entrega de notarías. Mientras anunciaba una lista de nuevos fedatarios públicos, el gobernador saliente ocultó el nombre de otros de sus amigos a los que designó como notarios en sustitución de otros. En total Salvador Jara –de acuerdo a la edición del Periódico Oficial del 30 de Septiembre del 2015- hizo entrega de 24 nuevos nombramientos de notarios, cuando oficialmente en el discurso solo informó de 10.

Los nuevos notarios no solo han sido cuestionados por la forma oscura en la que el gobernador en funciones los hizo fedatarios públicos, sino por su comprometida imagen pública, en donde destacan Jaime Darío Oseguera, Jaime Esparza Cortina, Pavel Osegueda Robledo y Jaime Mares Camarena, todos con cuestionamientos sociales.

A menos de un mes de haber dejado el mando del gobierno estatal, a Salvador Jara ya se le cuestiona públicamente, principalmente en el congreso local, la decisión de haber incrementado tan considerablemente el número del notariado estatal, sin antes haber revisado las necesidades reales de cada localidad para la apertura de una nueva notaría.

Nuevos notarios, viejos conocidos

A la luz de lo publicado en el periódico oficial, hoy se sabe que finalmente Jaime Mares Camarena despachará en la Notaría número ocho con residencia en La Piedad; Pavel Osegueda Robledo será el notario número 13 con residencia en Morelia; Alberto Alemán López es el titular de la Notaría número 183 con residencia en Villa Madero; Nelly Esparza Duarte es la titular de la Notaría número 133 con residencia en Morelia, entre otras.

Notarios en sustitución

Las notarías que no informó Salvador Jara en su discurso público, las que son nombramientos que sustituyen a los titulares que venían desempeñando el cargo, son la Notaría número 29 con residencia en Uruapan que ahora encabeza Bonifacio Fuentes Herrera; la Notaría número 2 con residencia en Zamora que ahora la tiene Luis Fernando Alcocer Medina; la Notaría número 24 con residencia en Pátzcuaro en donde despacha Daniel Alejandro Hernández, así como la Notaría número 70 con residencia en Coahuayana, con Guillermo Emmanuel Ruiz Contreras al frente, entre otras.

Notarías y TemplariosPara la PGR no está muerta la investigación que se abrió desde junio del 2013 sobre la probable participación de un grupo de notarios públicos en actividades delincuenciales. Existen evidencias sobre la relación de al menos una veintena de fedatarios con los jefes de plaza del cártel de los Caballeros Templarios, principalmente en Apatzingán, Morelia, Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Zitácuaro y Jiquilpan.

De acuerdo a una fuente de la PGR, existen evidencias de la relación entre algunos de los notarios de Michoacán con el propio Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’, aunque se desconoce si existen videos al respecto. Pero la línea de investigación sobre la que aún se sigue trabajando es la participación de algunos notarios en el proceso de cambio de dueño de diversas propiedades que pasaron a mano de los templarios.

En algunas de las notarías de los municipios referidos, de acuerdo a la PGR, se han podido encontrar indicios que apuntan a la posibilidad de que en su momento el cártel los Caballeros Templarios contó con una red de notarios a su servicio, en donde se realizaron los trámites legales para posibilitar la acumulación de riqueza que permitió operar a la organización.

Incluso, la PGR ha encontrado que el mismo cártel de Los Templarios, a través de sus conexiones con el gobierno estatal, en algún momento estuvo en posibilidad para solicitar notarías para abogados que formaron parte de la estructura criminal, algunos de los cuales siguen en funciones, hora con cercanía a los gobiernos municipales en donde han comenzado a desincorporar los bienes públicos.