Un total de 104 oficios de cuentas públicas que suman más de 4 mil millones de pesos no solventados fueron enviados a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL), a cargo de Jorge Galván, quien podría archivar como asunto concluido estas irregularidades.
La Comisión de Vigilancia del Congreso local, que funge como una “oficialía de partes” entre el Poder Legislativo y la ASENL, dio trámite a los oficios de cada uno de estos ejercicios fiscales. Este órgano del Congreso de Nuevo León está a cargo de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Itzel Soledad Castillo Almanza.
“Pasamos al siguiente punto de la orden del día que es continuar con en el trámite legislativo al listado de asuntos pendientes para que siga el trámite correspondiente, siendo la cantidad de 104 expedientes de las cuentas públicas”, dijo la presidenta en la sesión de la comisión del 21 de julio.
Posteriormente, este órgano legislativo enviará todos los oficios de las 104 cuentas públicas a la ASENL y, para que estos montos no solventados queden como un asunto concluido, Galván tendrá que firmar el finiquito.
No obstante, como la ASENL encontró millonarios montos no solventados, daños al erario y pagos que no fueron comprobados en estos ejercicios fiscales, no debería declarar estas cuentas públicas como asuntos concluidos.
Jorge Galván tiene la facultad de poner el asunto sobre la mesa de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Alejandro Garza y Garza, y de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, cuya titular es María de Lourdes Williams Couttolenc. El auditor, junto con el fiscal y la contralora forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León (SEANL).
La Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León establece que el finiquito es el documento que pone término al trámite de revisión de la cuenta pública tanto para el Congreso como para la ASENL. Pero el artículo 52 establece que una vez que sean aprobadas por el Congreso local, no se suspenden las acciones promovidas por la ASENL, es decir, los montos no solventados pueden ser denunciados.
“La aprobación que emite el Congreso no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el procedimiento establecido por la ley aplicable”, asegura este apartado.
Por eso resulta importante que el auditor, Jorge Galván, no firme el finiquito, toda vez que su análisis fiscal de estas cuentas públicas acreditó anomalías en el manejo de recursos e incluso, en muchos casos, violaciones a la Ley de Disciplina Financiera del Estado de Nuevo León.
Dentro de todas estas cuentas públicas, la ASENL encontró que en el ejercicio fiscal de 2017, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey no solventó montos por 4 mil 500 millones de pesos, lo que la convierte en la dependencia con más observaciones.
El periodo del fast track
La recta final de la conclusión de la Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso local se caracterizó por aprobar cerca de 302 cuentas públicas de organismos autónomos, municipios y gobierno del Estado y algunas rezagadas de 2009.
Los ejercicios fiscales pudieron revisarse en este último año legislativo durante el tercer período ordinario de sesiones, pero los diputados pactaron que se dictaminaran hasta después de la elección del 6 de junio, en este periodo extraordinario que está por terminar.
Aunque existían cuentas polémicas con observaciones de montos millonarios no solventados, los legisladores aprobaron la mayoría de estos ejercicios fiscales masivamente en las sesiones que se reactivaron para el noveno periodo extraordinario que inició el 21 de junio.
Entre las irregularidades se detectaron pagos en exceso, empresas no localizadas, falta de comprobantes de servicios, duplicidad de sueldos, carteras vencidas y licitaciones irregulares, que fueron perdonadas por los diputados.
La ASENL detectó que la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) presentó 20 millones cuestionables. Empleados del Gobierno Estatal “dobleteaban” en la nómina de esta institución, pues no pudieron comprobar compatibilidad de horarios.
Y el municipio de Apodaca, cuyo alcalde es César Garza, pagó millones de pesos a la empresa Aun Weor Impulsora, que no fue localizada.
