El Gobierno de Jalisco pretende modificar las medidas de seguridad que deben cumplir las sucursales bancarias en el estado al considerar que las que están vigentes no priorizan la protección de los ciudadanos, además de que están rebasadas ante las nuevas dinámicas delictivas.
La propuesta de reforma fue presentada ante el Congreso del estado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Sin embargo, su futuro es de pronóstico reservado, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado en asuntos previos que la seguridad bancaria es una competencia que en principio le corresponde a la Federación.
Por ejemplo, cita que el 19 de marzo de 2019, un hombre fue asaltado al interior de una sucursal bancaria al interior del centro comercial Plaza Caracol en Puerto Vallarta. También que el 7 de junio de 2019, una mujer fue atracada dentro de una sucursal bancaria ubicada sobre Chamizal, entre Gigantes y San Andrés en Guadalajara.
Agrega que el 21 de octubre de 2019, una persona fue asaltada al interior de una sucursal bancaria dentro de un centro comercial en Avenida Arboledas en Guadalajara. Y que el 28 de octubre de 2019, una persona fue robada al interior de una sucursal bancaria en un banco ubicado en Avenida Chapultepec, Colonia Lafayette en Guadalajara45.
“Si bien el número de casos de robo a negocios en el estado de Jalisco ha venido disminuyendo, estas nuevas modalidades son preocupantes y requieren de la actuación inmediata de todos los sujetos encargados de garantizar la seguridad de las personas desde los distintos ámbitos de responsabilidad”, menciona Alfaro.
El objetivo del Gobierno del estado es incidir en la regulación de la seguridad bancaria, facultando al Consejo Estatal de Seguridad Pública para “emitir lineamientos en los que se establezcan medidas de seguridad tanto para las instituciones bancarias como para los giros comerciales y de prestación de servicios”, según se lee en la iniciativa.
El documento que ya está en manos de los diputados, sin embargo, no precisa en qué consistirán esos lineamientos de seguridad bancaria que podrá emitir el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en caso de que se apruebe la reforma, pero funcionarios estatales han referido que se trataría particularmente de la contratación de guardias privados.
Bancos rebasados
Los requisitos de seguridad que deben cumplir actualmente los bancos están contenidos en las “Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito”, emitidas desde el 2005, pero a decir de Alfaro Ramírez, fueron diseñadas para proteger el patrimonio de los banqueros y no a los ciudadanos que usan sus servicios.
Luego de citar dichas Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el mandatario indica que “todas las medidas expresamente señaladas se encuentran enfocadas en la seguridad y protección de valores de las instituciones bancarias y no en el público usuario por lo que es imprescindible contar con medidas que protejan a los usuarios y al personal que trabaja en las sucursales bancarias”.
Más grave aún, dice, es que las medidas de seguridad de los bancos no contemplan las nuevas modalidades con que se están cometiendo los robos a sus usuarios, atracos que suelen llamarse “conejeros”, ahora al interior de las propias sucursales.
“Las medidas descritas al estar desactualizadas frente a las nuevas formas y particularidades en que se manifiesta el fenómeno delictivo en las sucursales bancarias del estado de Jalisco resultan insuficientes (…) el objetivo perseguido por la CNBV en las normas emitidas en 2005 no ha logrado garantizar la protección del público usuario, es por eso que nos encontramos ante un vacío legal en perjuicio de la seguridad del público usuario en Jalisco”.
Invasión de competencias por seguridad en sucursales
No será fácil que el Gobierno de Jalisco pueda incidir en la seguridad bancaria como lo pretende, pues cuando otras instancia lo han intentado se han topado con resoluciones de la Corte que señalan que esta es una competencia que le corresponde a la Federación.
En la controversia constitucional 56/96 resuelta en 1997, por ejemplo, la SCJN declaró la invalidez del Reglamento de Seguridad y Protección Bancaria que había expedido el Gobierno municipal de Guadalajara, al determinarse que el municipio había invadido la esfera competencial de la Federación.
Esto debido a que las facultades que tienen los legisladores federales para expedir normas reguladoras de la Banca, las cuales “incluyen, además de las actividades financieras propiamente dichas, las relativas a su organización, dentro de la que queda comprendido el aspecto de seguridad y protección”.
Ahora bien, un punto importante es que la Corte abre la posibilidad de que los niveles de gobierno estatal y municipal incidan en la seguridad bancaria, siempre y cuando exista un convenio con la Federación.
“De los elementos hasta aquí asentados se sigue que, en principio, corresponde a la Federación, legislar en materia de seguridad de las instituciones bancarias (…) y que los estados y municipios podrán participar en dicha materia cuando la Secretaría de Gobernación celebre los acuerdos o convenios correspondientes para tal efecto”.