La alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México privatizó tareas de seguridad en beneficio de una empresa mediante una inversión millonaria.
En este 2022, la demarcación otorgó un contrato de más de 20 millones de pesos a una empresa privada para la seguridad en edificios públicos de la demarcación.
Organizaciones e instituciones académicas consideran que estas acciones en materia de seguridad pública son un problema, porque se delega a particulares la garantía del respeto a los derechos humanos de la ciudadanía en general.
La polémica se suma a otras decisiones en el tema de seguridad en el Gobierno de Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc.
Un ejemplo es que, el 6 de julio pasado, la administración de Cuevas Nieves interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital que señalan que todos los cuerpos policíacos, incluidos los contratados por las alcaldías, deben portar la misma cromática.
Y el pasado 25 de julio, la SCJN otorgó la suspensión de la medida a la alcaldía. En respuesta, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que la Policía capitalina debería tener la misma cromática y el mismo uniforme porque es la misma corporación.
“Es una sola policía, a diferencia de los estados de la República, los municipios tienen sus propias policías, en este caso, las alcaldías lo que hacen es rentar o adquirir durante un tiempo el servicio, ya sea de la Policía auxiliar o de la Policía bancaria e industrial. Ellos tienen un responsable que los coordina, pero esa Policía depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, declaró la mandataria local.
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Cuauhtémoc gasta millones en seguridad
La alcaldía Cuauhtémoc firmó el pasado 10 de junio de 2022 el contrato AC/CPS/021/2022 para el Servicio de Guardia de Seguridad Integral con la empresa Seguridad Privada e Integral de Servicios Especiales Autorizados, detalla información de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Dicha compañía es representada por Manuel Basurto Sandoval y, en total, se le pagó el monto de 21 millones 781 mil 088 pesos.
Según el documento, la empresa dispondrá de cuatro jefes de servicio, ocho encargados de turno, cuatro supervisores y 174 elementos, un total de 190 trabajadores.
“El prestador de servicio tiene como objetivo fundamental el proceso, funcionamiento e integración de la seguridad física y protección del personal, activos e instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc, así como la disminución de intentos criminales en contra de la misma demarcación”, detalla.
Igualmente, el documento menciona que la empresa realizará las acciones de seguridad en deportivos, casas de cultura, en los centros de Atención a las Infancias (CENDIS), bibliotecas y los diversos inmuebles de la alcaldía.
El fenómeno de la privatización
La privatización de las tareas de seguridad es un fenómeno de las ciudades y sociedades contemporáneas en México, señala el estudio Transformación del Estado y privatización de la seguridad pública del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Según la investigación, este fenómeno se debe a las crisis de seguridad que se han presentado en el país y a que existe una concepción de Estado fallido.
“Frente a esta nueva realidad estaríamos en presencia de ‘Estados fallidos’ y, por lo tanto, ya superados para garantizar las necesidades de las sociedades contemporáneas”, indica.
Incluso, afirma que es una contradicción que se delegue la seguridad pública a privados porque una de las funciones primordiales de las instituciones gubernamentales es garantizar la integridad de sus gobernados.
“Más que un repliegue del Estado, la privatización de la seguridad pública es una manifestación doblemente sintomática de la modificación de sus fundamentos sociales y de su organización interna”, indica el estudio de la UNAM.
El riesgo en derechos humanos
La privatización de las tareas de seguridad pública es un problema que pone en riesgo el ejercicio de los derechos humanos, detalla el Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos de 2019 de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El reporte detalla las carencias que ha hallado el organismo respecto a las empresas privadas que prestan servicios de seguridad en América Latina.
“La falta de registro legal de las policías privadas favorece la inexistencia de control estatal de las actividades llevadas a cabo por las mismas, en ocasiones delictivas, y facilita la comisión de abusos”
Además, revela que la prestación del servicio de seguridad privada, ha sido precario en Latinoamérica y favorece a la creación de estructuras paralelas.
“En algunos casos, la iniciativa privada, las organizaciones sociales y otros actores han intentado dar respuesta a esta situación, en lugar del Estado, pero ha sido con altos niveles de precariedad. En varios países de la región, la corrupción y la impunidad le han permitido a las organizaciones criminales que desarrollen y establezcan verdaderas estructuras de poder paralelas”, menciona.
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