Cuauhtémoc Blanco recibió la investidura como gobernador del estado de Morelos el pasado 1 de octubre del 2018. Luego de 3 meses al frente de la entidad, el mandatario podría ser el primer representante de la coalición Juntos Haremos Historia que rompa relaciones con el sector de Morena para impulsar una administración independiente de la Cuarta Transformación.
Con tan sólo 100 días como titular del Ejecutivo en el estado, Blanco Bravo enfrentó recientemente un punto de quiebre en su gestión propiciado por los retrasos y eventual rechazo del paquete económico que propuso al Congreso local para el ejercicio fiscal 2019.
En octubre, a unos días de haber asumido el cargo de gobernador, Cuauhtémoc Blanco denunció un intento de espionaje en su oficina
El conflicto con el sector legislativo comenzó el 7 de enero en medio de una celebración con motivo del Día de Reyes. Allí, el gobernador responsabilizó no solo a los diputados morelenses, sino a la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky; al exsenador, Rabindranath Salazar Solorio; y al subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, de obstaculizar la aprobación de los ingresos regionales.
Bajo la advertencia de “sacar al dragón” e insistiendo que “ya estuvo bien” de peleas, el gobernador se mostró visiblemente frustrado con las problemáticas estatales y ante lo que consideró un intento de fragmentación de su estado por parte del sector morenista
“Yo me quedo callado, un día ya les dije… yo me he vuelto muy tranquilo, muy mesurado; antes en la cancha me transformaba. Entonces que no me saquen el dragón porque voy a sacar muchas cosas y ya estuvo bien”, declaró a la par de manifestar su mejor disposición para trabajar con el Legislativo.
Cambio de juego
La conocida volatilidad temperamental del exfutbolista sumada con las reiteradas fricciones con el partido Morena –quien impulsó su candidatura– podrían suponer el primer paso de una ruptura definitiva con los sectores que integran la Cuarta Transformación.
El conflicto comenzó durante el mes de septiembre del 2018, cuando Polevnsky acusó tanto a Cuauhtémoc Blanco como a su representante, José Manuel Sáenz, de sobornar a legisladores de Morena con dinero y promesas de proyectos de obra pública, esto a cambio de brincar a la bancada del Partido Encuentro Social (PES).
La disputa se intensificó cuando Blanco dejó fuera de su gabinete a Rabindranath Salazar, otrora coordinador territorial de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, quien declinó su intención de gobernar el estado de Morelos para favorecer las aspiraciones del exdelantero del América y los planes de la coalición Juntos Haremos Historia.
“Yo hubiera esperado del futbolista que le hubiera dicho a Rabín (Rabindranath Salazar) ‘aquí está el estado, ¿qué quieres? Sé tú el secretario general de gobierno, la mitad de los cargos son para Morena y la otra mitad para nosotros y ahí nos organizamos; gobernamos de forma conjunta’. Tristemente esto no sucedió”, estalló Polevnsky contra el gobernador en una reunión con diputados de Morena, PES y PT.
Después, lanzó señalamientos sobre José Manuel Sáenz, acusándolo de robarse parte de la militancia en el Congreso local.
Ante las recriminaciones, Blanco Bravo se limitó a responder que su relación con los diputados locales era de total respeto, y lamentó las expresiones vertidas por Polevnsky hacia Sáenz.
Mecha corta
Tal como su carrera en las canchas de futbol, el historial político de Cuauhtémoc Blanco ha estado marcado por escándalos mediáticos, acusaciones y problemas de temperamento. El más grave de ellos se desarrolló en el mes de agosto del año 2016, cuando se dio a conocer un contrato por siete millones de pesos entre el entonces alcalde de Cuernavaca y el Partido Social Demócrata (PSD); un acuerdo para que el exfutbolista fungiera como su candidato en las elecciones que lo colocaron al frente del municipio de “la eterna primavera”.
La volatilidad temperamental de Blanco, sumada con las reiteradas fricciones con el partido Morena, lo podrían llevar a una ruptura con la coalición que impulsó la Cuarta Transformación
En octubre de ese mismo año, la Fiscalía General del Estado de Morelos le dio validez al contrato, generando la ruptura de Blanco con el PSD y su consecuente separación del cargo para enfrentar juicio político, carpeta que se mantiene abierta hasta la fecha debido al amparo interpuesto por el funcionario. Cabe destacar que durante su corta gestión, el exalcalde denunció que tanto el Congreso del estado como al entonces gobernador Graco Ramírez, no lo dejaban trabajar.
Luego de eso y una vez inscrito como representante del PES y la coalición Juntos Haremos Historia para el proceso electoral por la gubernatura 2018, una de las primeras declaraciones que Blanco Bravo lanzó en su calidad de candidato fue una amenaza de auditoría contra el gobierno de Ramírez Garrido, a quien le advirtió “es la hora de correr”.
Como gobernador electo de Morelos –aún sin tomar protesta– el polémico funcionario avanzó en una iniciativa para conformar su propio partido político “México Blanco” la cual obtuvo reconocimiento del INE como Agrupación Política Nacional con más de 5 mil afiliados a través de 7 entidades federativas del país.
Tras su toma de protesta el 1 de octubre, Blanco Bravo volvió a sacar las garras al denunciar ante la Fiscalía General de Morelos la presencia de micrófonos ocultos en las oficinas gubernamentales. Artefactos que presuntamente formarían parte de un intento de espionaje contra él y su equipo de trabajo.
Ahora, con la remoción de gran parte de las iniciativas contempladas originalmente por el dirigente, el 11 de enero los integrantes de la LIV legislatura llevaron hasta la puerta del Palacio Legislativo de Morelos el Paquete Económico 2019 que quedó aprobado en sesión dos días antes. Por lo que ahora está en la cancha del gobernador aceptar las modificaciones impuestas o vetar la iniciativa para comenzar los trabajos legislativos de nuevo.
TSJ presenta controversia
No solo es el Poder Ejecutivo estatal, encabezado por Cuauhtémoc Blanco ha mostrado su desacuerdo contra la Congreso local en torno al paquete económico 2019.
El 10 de enero el Tribunal Superior de Justicia de Morelos (TSJ) informó que presentó una controversia constitucional sobre el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dicha controversia surge porque el Congreso local no contempló la asignación del 4.7 por ciento del presupuesto de egresos para este órgano judicial, lo cual viola los artículos 32 párrafo segundo y el 40 fracción V de la Constitución de la entidad los cuales señalan la figura de este mínimo porcentaje para que el organismo cuente con autonomía financiera.
