[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_rzc9bx79″ responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] No existe respuesta a la pregunta. Pero en México la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha calculado un promedio de compensaciones económicas para “pagar” a las familias de las víctimas por los daños ocasionados por el Estado cuando se trata de violaciones a los derechos humanos contra la libertad y la vida.
En promedio la CEAV ha establecido montos de 2 millones 800 mil pesos cuando la víctima sufrió desaparición o asesinato por parte de las fuerzas federales y de 2 millones 356 mil pesos cuando la agresión fue ocasionada por parte de las fuerzas policiales de los órganos de gobierno locales o del fuero común.
Según una respuesta oficial obtenida a través del portal de transparencia, de los miles de casos de agresiones por desaparición y asesinato ocasionados por las fuerzas del Estado, entre el 2015 y 2017 sólo se han “pagado” a manera de reparación del daño 46 casos de agresiones de fuerzas federales y 71 eventos atribuidos a las fuerzas del fuero común.
La lista de solicitudes de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la CEAV es muy grande. En 2017 fueron 653 las personas que buscaron incluirse como beneficiarias de una compensación económica por las agresiones del Estado, pero menos del 10 por ciento cumplió con los requisitos establecidos.
Desde que fue creada la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el 2014 ha recibido más de 11 mil 600 solicitudes de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, pero sólo 117, es decir el 1 por ciento de ellas, se han visto beneficiadas con el apoyo económico que la federación ofrece para “reparar el daño”.
El resto de las solicitudes de acceso a la CEAV no se han desechado, se encuentran en etapa de integración, es decir, valorando cada uno de los casos a fin de que cumplan con los requisitos establecidos en los lineamientos generales de operatividad tanto de la comisión como del fondo económico de ayuda.
Aun cuando el más solicitado es el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, a la fecha la CEAV cuenta con 11 fondos de ayuda económica para personas víctimas del delito entre los que destacan el de apoyo a periodistas y defensores de derechos humanos; el apoyo para traslados, de gastos funerarios para exhumaciones, el pago de apoyos en caso de desaparición y el pago en casos de secuestro.
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Estos fondos, según la versión oficial de la CEAV que encabeza Jaime Rochín del Rincón, cuentan desde diciembre del año pasado con una vigencia de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2018 a fin de atender a las víctimas y que éstas puedan acceder de manera continua a las medidas de ayuda, asistencia y apoyo en materia de salud, traslados, alimentación, alojamiento y gastos funerarios.
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El comisionado ejecutivo de la CEAV dijo que “de estos once fondos de emergencia diariamente se otorgan recursos de ayuda a las personas agraviadas, razón por la cual no se puede detener su operación por lo que se amplía dicha prórroga hasta el 31 de diciembre de 2018”.
Pero en lo que hace la “reparación del daño” a familiares de víctimas o víctimas de agresiones del Estado, la CEAV reconoce que el promedio de “pagos” es de 2 millones 534 mil pesos, que es en lo que tasa la federación el costo de una vida, la libertad de una persona o la garantía de la preservación de sus derechos humanos universales.
El precio de violar derechos humanos
De acuerdo a la respuesta oficial emitida por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a través del oficio CEAV/DGFAARI/454/2018, el costo que representa al Estado la violación de los derechos humanos cometidos por autoridades federales equivale cada año -desde el 2015 al 2017- a más de la cantidad que en el 2018 se destinará al programa de conducción de la política interior para los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación.
En el caso de los costos por la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades de los gobiernos locales el monto se disparó en el 2016 para ser casi dos veces lo que gastará la Secretaría de Salud en el 2018 en su programa de prevención y control de enfermedades en las comunidades indígenas.
El año que más ha pagado la federación a causa de la violación de los derechos humanos de las víctimas ha sido el 2017, cuando el monto por compensación de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales fue de 49 millones 678 mil pesos.
El costo que implica la reparación de daños a quienes han sido agraviados por las autoridades federales o locales se calcula en cientos de millones de pesos
En cuanto al pago a víctimas de violaciones cometidas por los servidores de los gobiernos locales, en el 2017 la federación gastó 107 millones 642 mil pesos la cifra más elevada registrada hasta ahora.
El número total de pagos que la CEAV reconoce que ha hecho para la “reparación del daño” desde el 2015 a diciembre del 2017, es de 296 millones 449 mil pesos, los que fueron aplicados para 14 víctimas en el 2015, 31 en el 2016 y 72 en el 2017.
De la cifra total de víctimas, 46 fueron agredidas por autoridades federales y otras 71 por parte de autoridades locales.
2017 fue el año en que más dinero se gasto para reparar daños a víctimas con una cifra total de 157 millones 320 mil pesos
De esa forma se establece que en el 2015, sólo para reparar los daños por las agresiones de autoridades federales se pagaron 45 millones 915 mil pesos y en el 2016 el monto descendió a 33 millones 577 mil pesos.
Los olvidados
Aun cuando la CEAV establece en su página oficial una serie de requisitos en apariencia sencillos para las víctimas de agresiones y sus familiares que buscan acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, esto no es tan fácil, recuerda Rubén, periodista desplazado de Tamaulipas que no ha podido ser beneficiario pleno de la CEAV pese a cumplir con los requisitos.
Antes de que la CEAV busque poder atender de lleno a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos lo que debe hacer es entrarle de lleno a las cifras negras en relación a las agresiones cometidas
Rubén se encuentra desplazado en una ciudad del centro del país desde octubre del 2016 a causa de amenazas y de un secuestro que sufrió por parte del crimen organizado.
A pesar de esto, la CEAV aún no le permite acceder por completo al fondo de ayuda económica, por lo que de momento sólo se le apoya con una parte de la manutención y el arrendamiento que no le alcanzan para satisfacer sus necesidades.
En condiciones similares se encuentra Ricardo, otro periodista que fue obligado a salir del estado de Guerrero y que a la fecha sólo cuenta con el apoyo del Mecanismo Federal de Protección de Periodistas; la CEAV le ha negado todo apoyo al no reconocerle su condición de víctima pese al secuestro del que fue objeto por parte del crimen organizado en aquella entidad y la advertencia de no regresar a la región de donde es originario.
La CEAV cuenta con 11 fondos de ayuda para las víctimas
Ricardo no ha podido incorporarse al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación por razones burocráticas, pues a pesar de contar con todos los requisitos establecidos en la ley, la CEAV ha venido dando largas para resolver la situación en la que se encuentra desde el mes de agosto del año pasado.
María D. es otra víctima de la violencia. Ella sufrió la desaparición de su esposo en el estado de Michoacán y desde el 2014 ha intentado ingresar a la lista de ayuda económica de la CEAV pero esta se le ha negado en forma constante bajo diversos argumentos burocráticos, principalmente por la negativa de la Procuraduría General de la República que no le ha expedido un documento donde se le reconozca la calidad de víctima pese a que ella y su hijo vienen padeciendo muchas dificultades económicas.
Ente Burocrático
Para el activista Jesús Gonzalez Ramírez, integrante de la organización Alianza Cívica Nuevo León, que trabaja de cerca con decenas de víctima de delitos de alto impacto, la CEAV no está respondiendo en la forma debida ni bajo los lineamientos para los que fue creada y eso se debe a que este organismo se ha convertido en un ente burocrático.
La tarea de la CEAV, dijo, no sólo es remontar esa situación, sino también “entrarle de lleno a las cifras negras que arrojan las víctimas, las que son notoriamente mucho mayores, solo en el tema de desaparecidos, a las que se manejan oficialmente, lo que hace que el tema sea un más difícil de tratar”.
“Sólo ocho de cada diez casos de víctimas por desaparición son denunciados, lo que hace difícil creer que sólo haya 30 mil víctimas por ese delito en el país”
Por eso estimó que la CEAV debe primero entrarle a fondo al tema de las cifras negras de víctimas de delitos, para posteriormente poder darse al trabajo de buscar la “reparación del daño”, para lo que consideró que debe haber una adecuación a la ley que evite la CEAV sea una oficina más de gobierno.
Para lograr que la CEAV cumpla con su trabajo se debe garantizar su independencia ante el Estado
Muchos agraviados, poca reparación
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nació en el 2014, luego del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de mayo del 2013; se anunció como la instancia que atendería el programa integral de reparación del daño a víctimas o familiares de víctimas de la violencia.
Sólo en el 2017, la CEAV contó con recursos, dentro del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, por el orden de los mil 683 millones de pesos.
La inversión en pagos por reparación es notoriamente baja si se considera que sólo en lo que corresponde a víctimas por desaparición el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) contabiliza en todo el país a 24 mil 722 hombres y 8 mil 791 mujeres.
El elevado número de víctimas de la violencia en el país ha provocado que las labores de la CEAV sean percibidas como insuficientes
Entre las víctimas directas por desaparición, según las estadísticas oficiales, 31 mil 295 son de nacionalidad mexicana, otras 197 son extranjeras y 2 mil 021 no están especificadas en cuanto a nacionalidad.
A la lista de víctimas por desaparición se deben agregar las 29 mil 168 víctimas directas de homicidios dolosos que se registraron sólo en el 2017, así como las mil 390 personas víctimas de los secuestros ocurridos el año pasado, en donde resalta la cifra de ayuda a sólo 117 personas víctimas o familiares de ellas que han recibido el pago económico por las deficiencia del Estado.
La pasividad en el que se encuentra la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas de delitos de alto impacto al no poder atender la demanda de las víctimas es más bien atribuible al marco jurídico por el que se rige dicho organismo, coincidieron en señalar activistas sociales que trabajan con víctimas.
Para Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad “el problema de la CEAV es de leyes, no tanto de disposición para atender a las víctimas”, pues considera que el diseño del marco jurídico, bajo el que se pretende pagar por los daños del Estado, está pensado más para cuidar el erario en lugar de ver por los agraviados.
Además, Sicilia lamentó que a la fecha la CEAV tenga que esperar a que se emita una sentencia condenatoria en firme para poder iniciar el proceso de reparación del daño, “cuando hay casos en los que no se puede esperar una sentencia, simplemente por el hecho de que los responsables de los delitos ni siquiera son detenidos”.
El poeta recordó que en nuestro país son miles las víctima que han dejado los delitos de alto impacto, y que muchas de ellas se encuentran en indefensión a causa de la falta de recursos económicos, por lo que estimó como algo urgente adecuar la ley para que todos los agraviados tengan derecho a que se les resarza el daño, aunque aseguró “nada puede compensar la pérdida de una vida humana”.
“El problema de la CEAV es de leyes, pues su marco jurídico está pensado más para cuidar el erario que a los verdaderos agraviados”
En ese mismo tenor se manifestó el padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino y Coordinador de la Pastoral Movilidad Humana Pacifico Sur del Episcopado Mexicano, quien dijo que “la CEAV está diseñada para darnos ‘atole con el dedo’ a quienes buscamos justicia para las víctimas de la violencia y del mal desempeño de las instituciones de gobierno”
Otra voz que se sumó a esa postura es la del activista y defensor de los derechos humanos, Jesus Gonzalez Ramírez, integrante del organismo no gubernamental Alianza Cívica Capítulo Nuevo León, el que no sólo considera que el “diseño precipitoso de la ley de atención a víctimas ha propiciado la inoperancia de la CEAV, sino que a ello se suma la negligencia con la que actúa la dependencia”.
Pagos
Desde la creación de la CEAV en 2014 estas son las ayudas económicas en total que han brindado a las víctimas hasta la fecha.
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