Pese al miedo y a las recurrentes pesadillas donde se ve amarrada a una silla y sangrando, Alondra, de 12 años, denunció a las dos compañeras de clase que a principios de año le hicieron cortes con una navaja en los brazos.
El no callarse y denunciar los hechos ante el Ministerio Público ha convertido a Alondra (nombre falso para proteger su identidad) en el blanco de otros compañeros de la escuela República de Argentina, quienes no paran de amenazarla e insultarla a través de Facebook y correos electrónicos.
Lo que parece un juego perverso entre niños, no lo es. Los menores que lanzan las amenazas aparecen en fotografías con aparentes armas de fuego y por si fuera poco, el padre de uno de ellos se jacta de ser miembro de la Policía Federal.
Es Antonio, compañero de escuela de Alondra, pero también amigo de sus dos agresoras, quienes la amarraron en el salón de clase para luego cortarla con una navaja.
A través de Facebook, Antonio la saluda y una vez que Alondra responde simplemente le dice “pinche puta”.
Preocupados por esta situación, los padres de Alondra se han dado a la tarea de investigar más respecto a estos insultos y se encuentran que Antonio muestra en su perfil una afición a las armas, así como un lenguaje violento.
Además de este niño que la insulta, otros más la han amenazado de muerte:
“Ola puta muy pronto morirás con un pitaso, jajaja”, escribió Juancho Mix Cruz en la cuenta de Alondra.
Cero investigación
Mientras tanto en el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) poco o nada han hecho para investigar y resolver de fondo esta situación.
La madre de Alondra explica que a partir de la publicación “Terror por volver a las aulas” que en enero pasado Reporte Índigo presentó con el caso de Alondra, las autoridades del gobierno capitalino, así como de la Secretaría de Educación Pública (SEP) los han arrastrado a un mar de trámites sin fin.
“El pasado 24 de enero acudí nuevamente a la agencia del MP con el Lic. Ricardo Leonardo Mosqueda, para ver la situación en que se encuentra la averiguación y para notificar que mi hija ha recibido amenazas mediante las redes sociales Facebook, amenazas que provienen de amigos de las menores agresoras y manifesté mi temor de que algo le pase a mi hija, ya que uno de los niños que amenazan a mi hija en su perfil tiene infinidad de fotografías de armas y su padre tiene un perfil donde muestra escudos de la PFP; en el MP me reciben, pero siempre se ha minimizado mi asunto”, relata la madre.
“Me dicen cosas como que yo debo de aportar todos los elementos y al preguntar que si no se supone que la Policía de Investigación debe hacer eso, me dice que están investigando”.
El 10 de enero pasado, cuando Sara y su madre se presentaron ante el Ministerio Público que atiende el caso, Ricardo Leonardo Mosqueda, a través de la averiguación previa FAM/D-U4/T1/467/12-11, ambas se percataron que la directora del plantel donde ocurrieron los hechos, Silvia Guillermina Peralta González, entregó un informe del caso.
“Se decidió proponerle a su señora madre Alejandra Castro González, que sea cambiada de grupo y a efecto se ha dado a elegir cualquiera de los demás de su grado académico; sin que a la fecha haya tomado la decisión que pudiera convenirle”.
La madre de Alondra, en cambio, explica que la directora de la escuela, al enterarse de la denuncia ante el Ministerio Público, se conduce de manera discriminatoria y le reclama el por qué no acudió a ella antes de ir con las autoridades.
“Cuando le informé del problema que había ocurrido, la directora Silvia Guillermina Peralta Terrazas me dijo que era una moda, que inclusive otras niñas de otros grados así como de su mismo salón están cortadas y que era una moda entre los jóvenes, siempre mostró desinterés en solucionar el problema, así como una gran molestia”, describe la madre.
La Procuraduría General de Justicia capitalina canalizó a la menor afectada para que fuera atendida al Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones (CARIVA), donde fueron atendidas por María Eugenia Nicolín Vera, quien canalizó a Alondra al Hospital Psiquiátrico Infantil Dr Juan N. Navarro.
Alondra solo está deprimida..
Pero ahí la menor fue diagnosticada con un episodio depresivo, que el médico decidió atender con fluoxetina, un tranquilizante que en teoría ayudaría a Alondra con la tristeza, miedos y terror que le genera la idea de volver al salón de clases con sus victimarias.
Como se ve, el problema lejos de solucionarse crece a cuatro meses de ser denunciado. La averiguación previa se estanca, pues son las víctimas a quienes se les exige la presentación de pruebas.
Y sobre todo, todos hacen caso omiso del potencial riesgo que proviene de otros menores, quienes incluso han llegado al grado de amenazar de muerte a su ex compañera.
La SEP mientras tanto no determina aún cómo se va a evaluar estos meses el periodo escolar de Alondra, lo que abre la posibilidad de que esta pierda el periodo escolar.
La supuesta travesura que dos jovencitos cometieron al amarrar a Alondra a una silla mientras le hacían cortes en las muñecas con una navaja ha devastado a una familia.
Todas esas campañas contra el “bullying” que los gobiernos han emprendido para prevenir y combatir el maltrato de niños y jóvenes desde las aulas pierden sentido ante un caso concreto que se congela en una mesa del Ministerio Público.
No hay Ministerio Público, Procurador de Justicia ni autoridad que pueda resolver nada.
A través de sus cuentas de twitter, el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, y el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, se comprometieron a atender el caso. Después no han vuelto a responder.
Para travesura ya se pasó un poco de la raya.
“Sentí cómo me agarraron de mis brazos por atrás, yo no sabía qué pasaba y en eso veo a Paula que se acerca a mí y traía una navaja de cutter…pensé que me iba a matar”, relató Alondra al momento de denunciar.
“Ella me contestó: ‘cállate, si no te va a ir peor’. Después me empezó a cortar, empecé a llorar porque me dolió, me dio mucho miedo y me empezó a salir mucha sangre”, contó.
“¿Y mi hija, a nadie le importa? ¿y las responsables?”, cuestiona la madre mientras las respuestas se quedan en el aire.
Porque mientras no haya castigo, en ese salón de clases hay dos menores agresoras que saben cómo dañar, amenazar y quedar impunes.