‘Cualquiera 
es secuestrable’

José Luis Crespo Llabrés fue secuestrado el 4 de febrero de 2012 en Tepic, Nayarit. Su padre, un empresario español, pagó su rescate. Solo obtuvo la oreja de su hijo cortada a sangre fría.

Después de un año y cuatro meses no sabe nada de él. La agente del ministerio público que llevaba la investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) dice que “no encuentra la oreja”, única prueba del plagio. Tampoco tiene otra pista.

El secuestro de José Luis se suma al del agricultor de 82 años Martiniano Cleto Lara, del Estado de México, al de César Vergara Burgos, de 16 años en Morelos, al de Odilón Ramírez Arroyo, profesor de Acapulco, al de Francisco Arturo García, gerente de una empresa de comunicaciones en Juárez, Chihuahua…

“Hay que aplastar a las mafias”, dijo Enrique Peña Nieto en una entrevista con la revista alemana Der Spiegel. 

Pero el estudio más reciente sobre secuestro del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal muestra que su promesa de reducir el secuestro a la mitad no ha resultado más que una carta de buenas intenciones.

El año pasado 144 víctimas de secuestro fueron asesinadas en México. El aumento de los asesinatos se explica por el crecimiento de los plagios. En 2011 fueron dos mil 79, en 2012 sumaron dos mil 756.

Con Peña Nieto los números subieron en 33 por ciento. Mientras de enero a abril de 2012 hubo 417 secuestrados, este año sumaron 555 durante ese mismo periodo.

Los rescatados son otra muestra de que la tendencia no desciende: subió en 36 por ciento. Mientras en abril del año pasado se habían rescatado a 250 personas, este año fueron 341 durante los primeros cuatro meses.

El Consejo estima que de continuar así al término del gobierno peñista habrá aumentado al doble este delito.

Secuestro masificado

La recopilación hecha por el Consejo incluye notas de prensa, cifras de secuestros reportadas por los estados al Sistema Nacional de Seguridad Pública, denunciadas a la PGR y los números de rescatados por el Ejército y la Marina.

No contabiliza los secuestros exprés, la cifra “oculta” de aquellos que no son denunciados ni los migrantes, que según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos suman 20 mil al año.

Tampoco los conteos alternos dentro del propio gobierno. Tan sólo entre 2010 y 2012 el Centro de Investigación y Seguridad Nacional contabilizó 763 secuestros más. No figuraron en los registros policiacos ni se sumaron a las estadísticas.

Las cifras más preocupantes están en Tamaulipas, Chihuahua, Estado de México, Veracruz, Michoacán y Guerrero.

“En todas hay grupos criminales que se están disputando la plaza y cometen secuestros. (…) No solamente son empresarios, encontramos mujeres, niños y de todas las clases sociales”, dice en entrevista con Reporte Indigo el presidente de esta organización, José Antonio Ortega.

La palabra impunidad no aparece escrita ni una sola vez en el Pacto por México. Su combate no está como un compromiso primario.

Tampoco ha sido llevada al Consejo Nacional de Seguridad Pública, ni se ha pedido a los gobernadores que se comprometan a abatirla.

“Está en el discurso pero no está en la agenda, no está en la política pública y no está en las acciones que está realizando la policía, los agentes del ministerio público locales y federales”, recalca el dedo índice de Ortega.

El repunte radica, a decir de este abogado, en que las procuradurías están haciendo exactamente lo mismo que se hacía durante el gobierno de Felipe Calderón, periodo en que fue secuestrada la mayor cantidad de personas de la historia reciente de México.

Esta “tendencia a la alza” no sólo está en cuántas personas son secuestradas; llegan hasta cuántos son asesinados durante el plagio, aunque muchas veces se pagó el rescate.

La “masificación” actual, en la que cualquier estrato social y oficio es sujeto de esta privación de la libertad se debe, según Ortega, a que actualmente “cualquiera es secuestrador”.

Ortega ha estudiado este delito desde su inicio en México, en 1970. Ha descrito las oleadas de secuestrados, primero por los grupos guerrilleros, luego contra los empresarios.

Ahora la situación es diferente, peor. “Vemos un mayor sadismo, una mayor violencia hacia las víctimas y hacia sus familias con tal de conseguir el dinero que ellos pretenden”.