La reciente reforma al Poder Judicial de la Federación promete transformar de manera radical el proceso de selección de juezas, jueces, magistradas y magistrados, al introducir el voto popular como mecanismo de elección. Este cambio histórico pretende democratizar el acceso a estos cargos, replicando el modelo de elección que ya se utiliza para la Presidencia, gubernaturas, diputaciones y senadurías.
A partir de la entrada en vigor de la reforma, cualquier persona mayor de 18 años con credencial para votar vigente podrá participar en la elección de quienes impartirán justicia en su distrito. Esto marcará un nuevo rumbo en la relación entre la ciudadanía y el sistema judicial.
Nueve años de mandato con opción a reelección
De acuerdo con el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, quienes resulten electos para los cargos de magistrados de Circuito y jueces de Distrito tendrán un mandato de nueve años, con la posibilidad de ser reelectos de manera consecutiva. No obstante, su reelección no les permitirá cambiar de circuito judicial, salvo por una causa excepcional determinada por el Tribunal de Disciplina Judicial.
Requisitos estrictos para los aspirantes
Para postularse como candidato o candidata a estos puestos judiciales, será necesario cumplir con varios requisitos. Los aspirantes deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, con plenos derechos civiles y políticos.
Además, se exigirá contar con un título de licenciatura en derecho y haber obtenido un promedio académico mínimo de ocho, junto con un promedio de nueve o más en materias específicas relacionadas con el cargo, a nivel de licenciatura o en estudios de posgrado.
En el caso de los magistrados y magistradas de Distrito, se debe contar con una experiencia de tres años en un área jurídica afín a su candidatura. Sin embargo, este requisito no necesariamente aplica para los candidatos a juez.
Las personas deben gozar de buena reputación y no haber sido condenadas por delitos dolosos que hayan llevado a prisión. Además, deben haber residido en el país durante el año previo a la convocatoria.
Además, las personas que se postulen no pueden haber sido titulares de alguna Secretaría de Estado, Fiscal General, Presidente de la República, diputado, senador o gobernador.
Regulación de campañas y financiamiento
La reforma también introduce estrictas normativas en torno a las campañas electorales para estos cargos judiciales. Se prohíbe cualquier tipo de financiamiento público o privado, con el fin de evitar influencias externas en el proceso.
De igual forma, no se permitirá la contratación de espacios en medios de comunicación para promover a los candidatos, ni el proselitismo de partidos políticos o figuras públicas.
Estas disposiciones tienen como objetivo garantizar la independencia del Poder Judicial y evitar que las campañas se conviertan en una herramienta de presión o influencia indebida.
Primeras elecciones judiciales en 2025
Se espera que en junio de 2025 se lleve a cabo una elección extraordinaria para renovar por completo a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de la mitad de los cargos de juezas y jueces de Distrito y magistradas y magistrados de Circuito.
La segunda mitad de estos cargos será renovada durante las elecciones federales ordinarias de 2027, siguiendo un esquema escalonado para asegurar la continuidad del sistema judicial.
Esta reforma, que plantea un cambio fundamental en la manera en que se eligen a las personas encargadas de impartir justicia, busca fortalecer la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial, con un enfoque en el mérito académico y la prohibición de cualquier interferencia externa en el proceso electoral.
