En la antesala de su aprobación, la reforma al Poder Judicial de la Federación, impulsada por Morena como fuerza mayoritaria, ha generado un intenso debate en México. Mientras algunos celebran la iniciativa como un paso crucial para democratizar la justicia, otras voces advierten que no aborda el verdadero problema de la impunidad en el país: la actuación de las fiscalías y los ministerios públicos.
La propuesta de reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo, busca que jueces, ministros y magistrados sean electos mediante el voto de la población.
Sin embargo, esta iniciativa omite a las fiscalías y ministerios públicos, instituciones que no forman parte del Poder Judicial de la Federación, pero que juegan un papel fundamental en la procuración de justicia.
Es crucial entender que las fiscalías y los ministerios públicos son los encargados de investigar delitos y representar al pueblo en procesos penales, funciones que son esenciales para combatir la impunidad. Son ellos quienes presentan los casos ante los jueces,.
Sin embargo, la realidad es que estas instituciones frecuentemente no cumplen adecuadamente con sus responsabilidades, lo que perpetúa la impunidad en México.
Gente no denuncia por desconfianza y pérdida de tiempo
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, en 2022 se cometieron 26.8 millones de delitos en el país. De estos, un alarmante 92.4% no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación, fenómeno conocido como “cifra negra”.
Este dato refleja la desconfianza de la ciudadanía hacia las fiscalías y los ministerios públicos, quienes, en muchos casos, desincentivan la denuncia al imponer trámites largos y complejos o simplemente al no dar seguimiento adecuado a los casos.
La encuesta también señala que el 59% de las personas que no denunciaron en 2022 lo hicieron para evitar enfrentar los largos trámites que impone la autoridad, y el 31.5% de este total consideró que denunciar era una “pérdida de tiempo”.
Además, un 14.7% de los encuestados manifestó desconfianza hacia la autoridad, mientras que el 8.8% mencionó la dificultad de los trámites como un factor disuasivo. Estos porcentajes ilustran la poca confianza que la ciudadanía tiene en las fiscalías y los ministerios públicos, tanto a nivel local como estatal y federal.
Piden reformar fiscalías y ministerios públicos
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez es una de las organizaciones que abogan por una reforma integral de las fiscalías y ministerios públicos. En una reciente columna publicada en Animal Político, la organización señaló que “el gran problema de impunidad en México tiene que ver, no sólo con jueces, sino ante todo con ministerios públicos“.
Según el Centro, la apuesta por crear fiscalías autónomas fracasó en casi todos los estados, donde la continuidad transexenal de los titulares de estas instituciones generó conflictos políticos en lugar de fortalecer su independencia.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través del diputado Mario Zamora, también ha alzado la voz en este sentido, sugiriendo que un verdadero cambio en el sistema de justicia debería incluir una transformación de la operación de las fiscalías estatales, los ministerios públicos, los juzgados cercanos a la ciudadanía y las policías de investigación.
En conclusión, mientras la reforma al Poder Judicial avanza, es vital que el debate sobre la impunidad en México se enfoque también en la urgente necesidad de reformar las fiscalías y los ministerios públicos. Solo así se podrá avanzar hacia un sistema de justicia más eficiente y confiable para todos los mexicanos.
