El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa está a punto de entrar en su tercer sexenio. Comenzó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, continuó bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y ahora es el turno de Claudia Sheinbaum para esclarecer la desaparición y presunto asesinato de los estudiantes.
Hace 10 años, el 26 de septiembre de 2014, los normalistas tomaron varios autobuses como parte de una protesta; sin embargo, en el camino fueron interceptados por integrantes del crimen organizado y policías municipales de Guerrero.
Después de esa fatídica noche, no se supo más de los estudiantes y el Gobierno de Peña Nieto inició una investigación para esclarecer lo ocurrido en Iguala. Dos meses después, el 7 de noviembre de 2014, se presentó en conferencia de prensa la llamada “Verdad Histórica“.
Esta versión de los hechos fue presentada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, quien afirmó que los 43 jóvenes habían sido secuestrados, asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero de Cocula por miembros del grupo Guerreros Unidos en colaboración con policías de Iguala. Los restos carbonizados habrían sido recolectados en bolsas negras y posteriormente arrojados al río San Juan.
GIEI desmiente la “Verdad Histórica”
Sin embargo, esta versión generó muchas dudas y el 18 de noviembre de 2014, el Gobierno de Peña Nieto aceptó la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), compuesto por peritos y especialistas forenses de diversas partes del mundo.
El 6 de septiembre de 2015, el GIEI presentó su primer informe, en el que señaló que no había posibilidad de que los 43 normalistas hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula. Además, encontraron pruebas de que la escena del crimen había sido alterada y de que los detenidos hasta el momento habían sido torturados por el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón.
Además, surgieron las primeras sospechas sobre el papel del Ejército mexicano en los acontecimientos, dado que se sabe que tiene una vigilancia estricta en la zona, donde también tiene uno de sus cuarteles cercanos.
La desaparición de los estudiantes y la forma en que el gobierno trató el caso provocaron una serie de protestas en todo el país y generaron una fuerte crisis de credibilidad en la administración de Peña Nieto, que terminó su mandato el 1 de diciembre de 2018 sin aclarar el asunto, dejando una versión poco creíble de los acontecimientos.
AMLO, Encinas y las nuevas revelaciones del caso Ayotzinapa
Con la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República, se esperaba que el caso tomara un nuevo giro, lo cual ocurrió con la nueva investigación liderada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, los padres de los normalistas indicaron que aún se seguía ocultando la verdadera participación del Ejército en los hechos.
Tras un complicado inicio de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y el papel del fiscal especial Omar Gómez Trejo, Encinas finalmente presentó nuevas revelaciones del caso el 26 de agosto de 2022. Se confirmó que los estudiantes no fueron incinerados en el basurero, que el Ejército supo de la desaparición en tiempo real y que uno de los normalistas desaparecidos era un militar encubierto.
En esta fase de la investigación, se ha determinado que el Ejército pudo haber tenido la oportunidad de rescatar a algunos de los estudiantes, pero decidieron no intervenir, lo que suscita dudas sobre su responsabilidad, al menos en lo que respecta a la negligencia.
El papel del Ejército
El soldado Julio César López Patolzin se había enrolado en la Escuela Normal Rural Isidro Burgos con la misión de reportar cualquier acción subversiva por parte de los jóvenes, conocidos por su espíritu de lucha y protesta social. Informes indican que López Patolzin estaba a bordo del autobús Estrella de Oro 1531, uno de los cuatro que los normalistas habían tomado de la terminal Estrella Blanca en Iguala.
El soldado informó a su superior, el teniente de Infantería Francisco Macías Barbosa del 27 Batallón de Infantería, sobre los planes de los normalistas para la noche del 26 de septiembre; por lo tanto, el Ejército estaba informado de la situación. Según el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, el último reporte de Julio César López Patolzin fue a las 22:00 horas de aquella fatídica noche.
No obstante, a pesar de que se encontraba activo en el Ejército Mexicano realizando acciones de informante y de que su superior jerárquico estaba al tanto de que se encontraba dentro del grupo de estudiantes, este no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona, a pesar de que su deber, como lo establece el Protocolo para Militares Desaparecidos que obliga a los mandos a “implementar medidas contundentes, a fin de coadyuvar en la búsqueda, localización y en su caso, rescate del personal militar desaparecido”, se lee en el informe.
El mismo informe señala que un grupo de los normalistas quedó en poder de un coronel del Ejército, quien ordenó su desaparición y asesinato. “Se presume que seis de los estudiantes estuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel José Rodríguez Pérez“, reveló Encinas.
De haberse aplicado el protocolo para militares desaparecidos para el soldado Julio César López Patolzin se hubiera permitido buscar a todos los estudiantes. pic.twitter.com/lAqJ2CbfXN
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) August 18, 2022
Padres de los 43 rompen con AMLO
Pese a estas revelaciones y la detención de varios militares implicados en el caso, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa acusan al gobierno de no haber revelado el verdadero papel del Ejército, ya que es poco probable que hayan sido simples observadores la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27.
AMLO se ha reunido periódicamente con los padres de las víctimas, por primera vez el 3 de diciembre de 2018, dos días después de asumir la Presidencia de la República. Sin embargo, la relación se deterioró debido a la lentitud de las investigaciones, llevando a los padres a convertirse en opositores al gobierno de López Obrador.
El punto más alto de este desencuentro ocurrió el pasado 6 de marzo, cuando manifestantes y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa derribaron con una camioneta una de las puertas de Palacio Nacional mientras el presidente daba su conferencia mañanera en el interior.
López Obrador prometió que no emprendería acciones legales contra los manifestantes, pero acusó al abogado Vidulfo Rosales de manipular a los normalistas y a los padres de los 43 para rechazar cualquier avance del Gobierno federal, y pidió reunirse con ellos sin la intervención del defensor jurídico.
El turno de Sheinbaum
El caso actualmente está en una especie de pausa política, pues Alejandro Encinas, quien ofreció los mayores avances en la investigación, renunció a su cargo en Gobernación en octubre pasado para unirse al equipo de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.
Ahora, será el turno de Sheinbaum Pardo para continuar esclareciendo el caso y atender las demandas de los padres de los 43 normalistas, quienes han expresado su desconfianza hacia el Gobierno de López Obrador y no esperan nuevas revelaciones en esta administración.
