Crónica de un simulacro: tensión y molestia por parte de damnificados en el 19S

La mañana del martes 19 de septiembre, en el Centro Histórico de la Ciudad de México se percibía tensión: locatarios y trabajadores tanto de Gobierno local como del federal a las 10:30 de la mañana ya esperaban el momento en que sonara la alerta sísmica y se mantenían pendientes ante cualquier eventualidad.

La tensión no carece de sentido. Treintaiocho años antes, en la misma fecha, México vivió uno de sus terremotos de mayor impacto al alcanzar una magnitud de 8.1 grados, y, en 2017, la historia se repitió al registrarse un sismo con magnitud de 7.1 grados.

En 2022, como una broma de la naturaleza, el 19 de septiembre volvió a presentarse otro movimiento telúrico, esta vez, de 7.7 grados. Todos se sintieron de manera intensa en la Ciudad de México; no obstante, los de 1985 y 2017 dejaron importantes estragos en la sociedad tanto en víctimas como en patrimonio perdido.

“¿A qué hora suena la alerta?, ¿qué horas son?”, fueron algunas de las preguntas que se escucharon con más recurrencia entre quienes aguardaban el inicio del simulacro en la plancha del Zócalo.

A la par, desde temprano, elementos de la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como del Heroico Cuerpos de Bomberos, se alistaban para llevar a cabo en el Circuito de la Constitución, frente a la Catedral Metropolitana, una hipótesis de un derrumbe con incendio.

En el lugar se colocaron rescatistas para recibir instrucciones, soldados y curiosos que tomaban fotos, entre ellos, turistas que aparentemente se habían dado cita para conocer los rincones de la Plaza de la Constitución.

¿Cómo participó la Jefatura de Gobierno en el simulacro?

A las 11:00 de la mañana y sin retraso, la alerta sísmica sonó; en respuesta, funcionarios del Palacio de Ayuntamiento comenzaron a salir para atender los protocolos de la actividad. “Con calma, no se detengan”, se oía entre el personal del Gobierno capitalino.

En medio de ese movimiento y rodeado de cámaras, Martí Batres salió del recinto para participar en el simulacro; se quedó con posición solemne de frente al Palacio de Ayuntamiento, junto con los demás funcionarios, y, al término del ejercicio, se dirigió al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para instalar el Comité de Emergencias.

No pasaron ni 60 segundos y se escuchó el sobrevuelo de los helicópteros del Agrupamiento Cóndores de la SSC, así como el sonido de las sirenas de los bomberos y las patrullas. El ruido de alerta retumbó en los antiguos edificios del Zócalo de la capital.

Lo que unos minutos era un silencio tenso, se volvió barullo al incendiarse una camioneta con un tanque de gas y el derrumbe de una estructura de unicel y madera frente a la catedral, ambos eventos como parte de la hipótesis de emergencia del simulacro.

La gente, atenta a lo que sucedía, grababa con sus celulares. Para ese momento, el ejercicio de prevención de desastres pasó de ser un acto didáctico de protección civil a un espectáculo. Diez minutos después, la calma regresó y poco a poco el movimiento de personas volvió a la tranquilidad.

En tanto, en el C5 de la capital ya estaba reunido el Gabinete del Gobierno central y alrededor del mediodía, el jefe de Gobierno encabezó una conferencia de prensa para dar detalles del simulacro.

Dos personas lesionadas durante el evento

“La ciudad está preparada para enfrentar un sismo de alta magnitud y sigue perfeccionando sus mecanismos de prevención y de reacción inmediata”, aseguró el jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Martí Batres Guadarrama, al concluir el Segundo Simulacro Nacional, un evento que recuerda las tragedias ocurridas en 2017 y 1985.

El ejercicio preventivo, convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, tuvo una hipótesis de un sismo magnitud ocho con epicentro en Acapulco, Guerrero, a 377 kilómetros de la ciudad y a una profundidad de ocho kilómetros, y contó con la participación estimada de 8.6 millones de capitalinos y población flotante, entre ellos, 1.5 millones de estudiantes.

Asimismo, se reportaron cinco incidentes: tres personas presentaron crisis nerviosas y dos resultaron lesionadas, una por caída de motocicleta y otra al evacuar un edificio durante el simulacro.

La Jefatura de Gobierno, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), detallaron que, durante el simulacro, se activaron 13 mil 816, de los 13 mil 934 altavoces instalados en los postes Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano; es decir, el 99.2 por ciento.

“Quiero refrendar el compromiso del Gobierno de la CDMX con las familias que fueron afectadas en sus viviendas por los temblores del 2017, vamos a llegar a acuerdos con todos los colectivos y con todas las comunidades que habitaban los predios que fueron dañados por los temblores del 2017 para, lo antes posible, iniciar todas las obras de reconstrucción o rehabilitación”, manifestó Batres Guadarrama en conferencia de prensa.

Damnificados piden reconocimiento a seis años de la tragedia

A seis años del sismo de magnitud 7.1 que sacudió a los estados de Morelos, Puebla, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Chihuahua y la Ciudad de México, aún cientos de familias capitalinas siguen damnificadas y no han podido regresar a sus hogares.

De acuerdo con el pronunciamiento del colectivo Damnificados Unidos de la CDMX, en el marco del aniversario de los terremotos, solo se ha restaurado el 23 por ciento del total de las viviendas afectadas.

“Lo que se ha fomentado es promover el negocio con nuestra tragedia. Ambas leyes de reconstrucción, la de (Miguel Ángel) Mancera y la de (Claudia) Sheinbaum, han priorizado en los predios ubicados en colonias de alto valor inmobiliario la demolición de edificios para construir ahí departamentos adicionales.

“No para las familias damnificadas, no para cubrir la necesidad de vivienda, sino para vender, para que empresas inmobiliarias pudiesen hacer negocio con ellos”, denunciaron.

Además, acusaron que existen incumplimientos por parte de las autoridades, quienes presuntamente no cuentan con un censo del total de las personas que perdieron sus hogares. “Una vez más tenemos que insistir, la emergencia no ha terminado. La política de reconstrucción (o su ausencia) ha sido un fracaso”.