“¿Y yo que chingados hago en una ciudad que no está hecha para mí?”, declaró con furia David Sánchez en la mesa de conclusión de la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), el pasado sábado 29 de junio en la comunidad de San Isidro en San Gabriel, Jalisco.
Luego vino un silencio profundo. El joven originario de Ixtlahuacán del Río, Jalisco, reclamó su derecho a una vida digna en el campo y se manifestó dispuesto a luchar por eso.
Al reclamo de Sánchez se unieron muchas otras voces.
Las de los huicholes de la sierra de San Andrés Cohamiata, que luchan contra la instalación de una minera en sus tierras.
La de los habitantes del Ejido de San Isidro que desde hace 70 años reclaman el cumplimiento de su dotación de tierras que hoy son ocupadas por la trasnacional Nutrilite.
También la de Abigaíl Agredano, del Comité Salvemos Temacapulín contra la construcción de la presa El Zapotillo.
El reclamo de las mujeres del Colectivo por la Autonomía que hoy luchan por la defensa de su cuerpo y su derecho a tener un parto humanizado.
En total 22 casos de agresiones que han pasado por diversas etapas, desde la reflexión, el desánimo, hasta la batalla jurídica, organizada y la generación de ideas creativas frente al conflicto.
Algunos casos como el de los habitantes del municipio de Tonaya, Jalisco, que luchan en contra de la operación de la minera metalúrgica Tapalpa, solo fueron leídos: Sus expositores no pudieron asistir por motivos de seguridad .
Pero todos en conjunto denunciaron frente a los dictaminadores internacionales y nacionales del TPP , la violencia sistemática a su derecho a una vida digna.
Derechos que fueron arrebatados por intereses económicos que, a su vez, son protegidos por toda una estructura institucional.
Y que a dicho de los participantes opera en favor de ciertos grupos, por lo que catalogan la actuación del Estado como “desvío de poder”.
Andrés Barreda, defensor de derechos humanos y uno de los encargados de traer a México el TPP, explica que luego de una valoración profunda de las problemáticas globales que afectan al país se logró agrupar todo bajo el concepto de “desvío de poder”.
Dicho concepto se refiere a casos donde el Estado asume nuevos roles de defensa de solo algunos intereses probados en contra de otros: Los sociales.
“Ese desvío no (es) solo por que favorece a empresas privadas, sino que solo favorece a grandes empresas y a nadie más”, señaló Barreda.
El defensor de derechos humanos refiere que a partir de ahí todas las políticas sociales, económicas y de seguridad se rigen en función de la protección de los intereses de esos grandes corporativos.
Por su parte la abogada colombiana Dora Lucy Arias, una de las dictaminadoras participantes, considera al TPP como un espacio necesario para la construcción de ciudadanía.
Para la especialista en Derechos Humanos, las similitudes de los problemas de Colombia con los que hoy se exponen en México además de terribles, visibilizan la forma “burda” en como el Estado opera en contra los intereses colectivos.
Y es que se despoja al individuo y a las comunidades rurales y urbanas de su identidad, de sus tierras y de su capacidad de construcción colectiva de procesos de desarrollo.
Dora Lucy Arias participó en el TPP en Colombia.
Explicó que ese foro, pese a no ser un tribunal vinculante, logró aglutinar todas las problemáticas del país, mismas que después fueron retomadas desde lo institucional para su discusión.
