“La auténtica vitrina es la ley de 2005”, dice Constantino Gutiérrez, y afirma que erogar una nueva ley no es adecuado por la falta de pertinencia técnica
La legislación que existe en materia en el estado sobrepone el acceso a la información mediante solicitudes, en vez de permitir el principio de máxima publicidad, que implica poner al acceso de cualquier ciudadano la información sin una requisición de por medio.
Y es que el catálogo de información fundamental en el proyecto presentado por la fracción panista del Congreso de Jalisco no presenta cambios y facilita que el 85 por ciento de los sujetos obligados eludan su publicación.
Según el especialista en Derecho a la Información Óscar Constantino Gutiérrez existen mitos y realidades en torno a la nueva propuesta de ley.
Aunque el PAN presentó este proyecto denominado “Ley Vitrina”, en esencia el acceso a la información sigue mediado por un tardado proceso de solicitud y la complejidad de los portales de transparencia de las dependencias públicas.
Después de que en el mes de diciembre pasado se propusiera como un tema prioritario para la agenda legislativa del primer año, la propuesta trabajada a puertas cerradas por especialistas y la fracción panista del Congreso no propone nada nuevo.
Aunque organismos civiles a favor de la transparencia en el estado ven con buenos ojos la apertura de foros para la discusión de esta nueva ley, hay voces que insisten en que se debe recuperar la de 2005.
“La auténtica vitrina es la ley de 2005”, dice Constantino Gutiérrez, y afirma que erogar una nueva ley no es adecuado por la falta de pertinencia técnica, pues habla de una inestabilidad jurídica que afecta la competitividad del Estado.
Y es que la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco de 2005 se derogó en diciembre de 2011 para aprobarse de manera improvisada y sorpresiva una ley que dejó el concepto de transparencia a un lado para convertirse en una Ley de Información.
Entonces, la presión del ex gobernador de Jalisco Emilio González Márquez influyó para que se aprobara por el pleno del Legislativo, pues el entonces mandatario estatal entregó 200 millones de pesos para sanear las golpeadas finanzas del Congreso.
Es hasta 2013 que el PAN se vuelve a interesar en el tema de la transparencia con la llamada “Ley Vitrina” que el diputado local Hernán Cortés Berumen propone con la venia de Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) y la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) capítulo Jalisco.
Cortés Berumen asegura que la “Ley Vitrina” o Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios es un proyecto que se someterá a foros con especialistas y que llevará cuatro meses tener su versión última.
Sin embargo, desde la aprobación de la Ley de Información Pública de Jalisco y sus Municipios en 2011, la Legislatura 59 y el Poder Ejecutivo Estatal recibieron duras críticas por el retroceso en el derecho a la información y transparencia.
La polémica ley fue conveniente para el panismo pues restringió el acceso a la información de los gastos de los Juegos Panamericanos 2011.
Sobre la responsabilidad del PAN de transparentar esas cuentas, Cortés Berumen se lava las manos y admite que es necesario un nuevo marco legal en el tema.
Pero la propuesta de “Ley Vitrina” que presentó el diputado panista se trata de una mezcla entre la de 2005 y la de 2011. Las ventajas al ciudadano para acceder a la información pública en la práctica no representan un avance.
Para el director de Derecho de la Información del despacho Ortega, Abogados y Consultores, Óscar Constantino Gutiérrez, el documento sometido a foros en el Legislativo dista mucho de mejorar la transparencia en el Estado.
Ley de Información es nula
La polémica Ley de Información de 2011 nunca debió aprobarse.
Una ficha de nulidad en poder de Reporte Indigo señala que la aprobación de la ley de 2011 ocurrió de forma inconstitucional por lo que actualmente no debería estar vigente.
En el documento se señala el artículo 164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 29 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en los que se obliga al Congreso a comunicar al poder Ejecutivo, Judicial y los Municipales a estar presentes en la aprobación.
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado nunca fue notificado.
“El Congreso no informó al Supremo Tribunal de Justicia del proyecto, a pesar de que la Ley de Información Pública señala en su artículo 108 que las sanciones administrativas que establece este Capítulo, serán combatibles mediante el juicio de nulidad seguido ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado.
“Por tanto, en la aprobación de la Ley de Información Pública no se cumplió con el proceso establecido en ley y se violentó la Constitución de Jalisco.
“En consecuencia, esa ley de información está afectada de nulidad y el Congreso tiene el deber de retirar de vigencia a esa norma nula, lo que automáticamente pondría en vigor a la Ley de Transparencia de 2005, ya que el mismo decreto que aprobó la Ley de Información también abrogó a la Ley de Transparencia de 2005”, dice la ficha de nulidad.
Siguen las sanciones
Uno de los temas polémicos de la actual Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios aprobada en 2011 fueron las sanciones por hacer pública información catalogada como reservada.
Ciudadanos y comunicadores pueden ser sancionados penalmente por publicar dicha información.
En la “Ley Vitrina” las sanciones a comunicadores pasaron de lo penal a la responsabilidad civil, sin embargo un juicio de esa índole podría durar incluso años.
En el caso de que un ciudadano revele información de ese tipo la sanción penal se mantiene.
Aunque asuntos como eliminar la necesidad de identificarse o acreditar interés para solicitar información se recuperan en la “Ley Vitrina” propuesta en el 2005.
Agrega también a los sindicatos como sujetos obligados, obliga a transparentar los padrones de los partidos políticos e incluye de los recibos de servicios y los estados de cuenta bancarios expedidos por instituciones financieras como información fundamental.
El ITEI y sus costosas resoluciones
La transparencia no solo se garantiza con una ley.
Aunque el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco se crea a partir de ésta, sus funciones van más allá del papel.
Y es que en la práctica los jaliscienses no han sido beneficiados con la aprobación de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente apenas hace 10 meses.
Eso significó que en el proceso electoral de 2012 las solicitudes de información solo podían hacerse presenciales en las unidades de transparencia de los sujetos obligados, pues el sistema Infomex Jalisco funcionó hasta noviembre de ese año.
Los reajustes al sistema implicaron que la Ley de Información solo ha estado parcialmente en práctica por cuatro meses.
Con esto, la labor del ITEI en 2012 se limitó a labores ajenas a las resoluciones por solicitudes de información.
La cantidad de resoluciones que procesó el Instituto fueron alrededor de 686 y el presupuesto que se duplicó en 2012 fue de 40 millones de pesos.
Con esta lógica cada resolución costó a los jaliscienses 58 mil pesos.