Después del desalojo del campamento de migrantes venezolanos que habían instalado a las orillas del Río Bravo en Ciudad Juárez, Chihuahua, y de un fallido intento de hacer de un parque su hogar, la situación de los sudamericanos se ha vuelto más precaria ya que comenzaron a perder sus redes de apoyo y se encuentran a expensas del crimen organizado.
Marcos Rivera sigue con la vista a su hijo de 11 años y al mismo tiempo está al pendiente de que no lleguen los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes desmantelaron el domingo pasado su hogar temporal.
A pesar de eso, la comunidad de venezolanos varada en Ciudad Juárez sigue anhelando la posibilidad de obtener asilo político en Estados Unidos.
Desde el día en el que el grupo antimotines desmanteló el campamento en el que vivían Marcos y su hijo, varias unidades de la SSPM permanecen en el sitio vigilando que nadie vuelva a instalarse e incluso cuidan otros espacios públicos para que nadie permanezca en ellos.
Inicialmente varios migrantes se habían acomodado en un parque que se encuentra en frente de lo que fue su campamento, pero el lunes los policías municipales les ordenaron quitarse del sitio y desde entonces mantienen la vigilancia.
“Tenemos dos cobijas, un señor nos las guarda para que no nos las quite la policía. Ellos nos amenazan diciendo que nos van a llevar al refugio o a la cárcel. A las cinco de la mañana la policía empieza a pitar y a decirnos que nadie puede dormir en el parque”
Incluso, otros migrantes venezolanos denunciaron extorsiones por parte de los uniformados.
Abogan por migrantes
Debido a esta situación varias organizaciones de la sociedad civil manifestaron preocupación por el desmantelamiento del campamento y por la criminalización de las personas migrantes.
En un desplegado firmado por unas 33 organizaciones y varios particulares denunciaron el uso excesivo de la fuerza pública ya que las autoridades municipales utilizaron al grupo antimotines para replegar a niñas, niños, mujeres y hombres. Incluso, algunos policías portaban armas de fuego.
“El desalojo de las personas en movilidad a zonas desconocidas de la localidad, les dejó en un estado de indefensión, sin vinculación a redes comunitarias de apoyo y sin pertenencias (casas de campaña, cobijas y ropa) para protegerse de los cambios del clima”, dice el comunicado emitido por las organizaciones.
En la misiva también se expuso la actuación de la Dirección de Derechos Humanos del municipio ya que avaló el uso desmedido de la fuerza pública de al menos tres corporaciones.
Además, el día que el campamento fue desmantelado, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) entregó de manera inmediata un oficio de salida a los migrantes, violentando con ello el principio de no devolución ratificado por México, denunciaron las organizaciones.
En conferencia de prensa, el director de la Casa del Migrante, Francisco Javier Calvillo Salazar, señaló que las autoridades que realizaron el desalojo vulneraron la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue ratificada por varios países, entre ellos México y Estados Unidos.
Debido a esta situación demandaron al Gobierno municipal una disculpa pública a la población venezolana. Pero en contra sentido, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, anunció que continuarán haciendo uso de la fuerza para desalojarlos de todos los espacios públicos.
El presidente municipal dejó en claro que no ofrecerá ninguna disculpa y explicó que actuó en defensa de la vida de los propios migrantes ya que peligraba por el cableado eléctrico que improvisaron.
El desalojo
Durante las primeras horas de luz del pasado domingo comenzaron a llegar al campamento de venezolanos unidades de la SSPM, del Consejo Estatal de Población (COESPO), de Protección Civil, del Instituto Nacional de Migración, personal de Derechos Humanos del Municipio de Juárez, así como bomberos, paramédicos y varios camiones de transporte.
Inicialmente las autoridades hablaron con los migrantes para solicitarles que se retiraran del lugar, advirtiendo que nadie podría continuar permaneciendo ahí debido a las bajas temperaturas por lo que les ofrecieron llevarlos a varios albergues.
Los venezolanos respondieron que a lo largo de su trayecto por México han sido engañados, se les ha dicho que van a ser llevados a refugios, pero los encarcelan y roban.
Los migrantes pidieron la instalación de una mesa de diálogo, asesoría jurídica y permanecer en el sitio hasta el 21 de diciembre, pero las autoridades no aceptaron.
Acto seguido el grupo antimotines comenzó a actuar contra una valla humana que deshicieron a empujones, golpes con los escudos y patadas.
Después siguió la lluvia de piedras y tanto policías como migrantes resultaron lesionados.
Las casas de campaña que estaban en la parte última del campamento fueron incendiadas y el fuego se propagó rápidamente a la par de que varias personas intentaban rescatar algunas de sus pertenencias.
Santiago González, director de Derechos Humanos local informó que cerca de 70 migrantes fueron trasladados a albergues, 58 de ellos al gestionado por el Gobierno federal, Leona Vicario, y otros 12 a El Oasis del Migrante ubicado al poniente de Ciudad Juárez.
El resto de las personas, más de 700, se quedaron en la calle en donde continúan hasta hoy.
Te puede interesar: Por más ciudades interculturales en México que den lugar a los migrantes
