Crisis en expansión

La estrategia de seguridad emprendida por el gobierno de Guanajuato desde principios de 2019 intensificada durante el pasado mes de marzo, ha dejado tras de sí daños colaterales en la entidad, una atmósfera de desconcierto y un incremento en la violencia del 16 por ciento.

Y es que, la falta de articulación entre las fuerzas de seguridad de los tres niveles –municipal, estatal y federal– generó una reacción efervescente de la célula criminal en la región, la cual se encuentra en disputa territorial desde el año 2017 contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización con la que se debate el control del negocio del robo de hidrocarburos, conocido también como “huachicoleo”.

La escalada de violencia en la entidad generó a principios de marzo una serie de bloqueos carreteros, incendio de vehículos, amenazas y asesinatos. Sin embargo, todavía no se conoce con certeza la magnitud del cártel de Santa Rosa o la diversificación de sus operaciones en los estados contiguos de Michoacán, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí.

“Desconozco cuál sea el cártel que esté teniendo estas reacciones. Desconozco esa información que debe manejar la Fiscalía y la secretaría de Seguridad Pública. Pero lo que se ha documentado últimamente de los ataques, de las reacciones que se tienen (en respuesta al operativo en Guanajuato) o de las personas que han sido agredidas, es que éstas pertenecían a uno u otro cártel”, mencionó el senador panista José Erandi Bermúdez Méndez sobre la situación actual que atraviesa su estado natal.

En entrevista para Reporte Índigo, el legislador defendió el operativo Golpe de Timón, calificando el trabajo del gobernador de la entidad como “excelente”, aunque asegura que los alcances de la organización criminal todavía no se saben.

Horas de sangre

El pasado 4 de marzo, el operativo coordinado de las fuerzas estatales y federales se focalizó en la comunidad de Santa Rosa de Lima, centro de operaciones del cártel con el mismo nombre, en el municipio de Villagrán.

El enfrentamiento con el cártel derivó en más de 48 horas de violencia, asesinatos y disturbios en diversas comunidades aledañas a Santa Rosa.

La comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del estado de Guanajuato, Sophia Huett, dio cuenta de esta reacción y recomendó a la ciudadanía no caer en desinformación y evitar el pánico por los enfrentamientos.

“Esta madrugada delincuentes obstaculizaron vialidades aledañas a Celaya y Villagrán con vehículos incendiados; su objetivo es inhibir la acción de autoridad”, indicó a través de redes sociales.

Dos días después, cuando la violencia parecía comenzar a dispersarse, estos actos se volvieron a manifestar cuando un grupo armado abrió fuego contra las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Irapuato.

Aunque por esa agresión no hubo asesinatos, para el jueves 7 de marzo ya se contabilizaban 44 víctimas, en un operativo que no cumplió con la captura de Yépez Ortíz, pero que sirvió para refrendar la presencia del grupo criminal guanajuatense.

En un informe de 2018, el Instituto para la Economía y la Paz indicó que la violencia en Guanajuato registró el mayor incremento del país, con una tasa de 127 por ciento al alza en un año; con un promedio de 23.7 a 53.6 homicidios por cada 100 mil habitantes que, en cuestión monetaria, le costaron 380 mil millones de pesos a la entidad.

Ahora, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en los tres primeros meses del año, el estado registró mil 155 asesinatos, 167 más que el mismo periodo del año anterior.

Cada golpe al doble

A finales del 2018, una manta con un mensaje dirigido hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador cobró relevancia en el estado de Guanajuato. Un mensaje firmado por “El Marro” en donde advirtió al Ejecutivo Federal retirar a la Marina de la entidad, sentenciando que gente inocente moriría si no se hacía de esa manera.

“Esto no es un juego y en Guanajuato no los necesitamos”, se leyó.

Esto generó una respuesta de López Obrador, quien siguió los operativos de seguridad antihuachicol sin miedo a las amenazas, pues dijo “no soy un cobarde”.

Meses después, tras la implementación del operativo para desarticular al cártel de Santa Rosa, el 12 de abril, dos cuerpos desmembrados fueron hallados en la colonia el Rocío de Salamanca, en las inmediaciones del complejo petrolero de la entidad. Siete días después, una nueva amenaza en forma de manta firmada de nuevo por un presunto Yépez Ortíz volvió a aparecer.

Las amenazas contra el presidente López Obrador en donde el cártel dice que por cada uno integrantes capturados o ultimados “dos tuyas la van a pagar”, han sido repudiadas por la bancada de Morena en el Senado de la República, quienes desde el 11 abril presentaron un punto de acuerdo en el que exhortan al gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, así como al secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza De Vaca Appendini y al fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, a comparecer ante el pleno para explicar la crisis de violencia de la región.

Una de las impulsoras de esta iniciativa, Martha Lucía Micher Camarena, denunció a Reporte Índigo que la situación que atraviesa su estado es tal que las tiendas zapateras que se encuentran a la entrada de la ciudad de León, Guanajuato, lucieron vacías durante esta temporada vacacional. Evidenciando el temor que el turismo le tiene en estos momentos al estado.

La senadora morenista afirmó que si en Guanajuato se tiene un crimen poderoso y elevados niveles de impunidad, convendría replantear las estrategias de seguridad para dar “realmente un golpe de timón” como se ha estado proponiendo.