El reciente ataque con ácido que recibió una mujer trans en las calles del Centro Histórico de Guadalajara evidenció que la tipificación de los crímenes de odio que se concretó en el estado de Jalisco desde el año 2019 no ha tenido los efectos disuasivos que se esperaban sobre la violencia de esta naturaleza.
El propio Gobierno de Jalisco advirtió que esa agresión ocurrida el 19 de octubre debía considerarse como un producto del “contexto estructural” de “violencia por razón de género“ que prevalece en el estado:
“Estas violencias no son hechos aislados, responden a un contexto estructural de exclusión y violencia por razón de género y por prejuicios a personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas y van en contra del Jalisco igualitario y respetuoso de los derechos de todas y todos por el que trabajamos“, indicó el 20 de octubre de 2021.
La Fiscalía de Jalisco indica que la Coordinación Especializada no tiene un grupo asignado de elementos de la Policía de Investigación
Justamente como una respuesta a ese “contexto estructural” violento que está presente en Jalisco contra la comunidad de la diversidad sexual, desde el 13 de diciembre de 2019 el Congreso de Jalisco aprobó que la motivación por odio fuera considerada como un agravante que aumenta las penas en los delitos de homicidio y lesiones.
Derivado de esa reforma, ahora el Código Penal local señala en su artículo 219, que: “Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificados: (…) X. Cuando se cometan por odio hacia la víctima, motivado por: a) su orientación sexual; b) su identidad o expresión de género; c) su condición social o económica; d) su origen étnico o apariencia física; e) su nacionalidad o lugar de origen; f) su religión o creencias; g) su ideología o militancia política; h) su color de piel o cualquier otra característica genética o lingüística; i) alguna discapacidad o condiciones de salud; o j) su profesión u oficio”.
Y precisa: “Para los efectos de la fracción X, se presume que existen motivos de odio cuando el sujeto activo del delito se ha expresado de manera personal, por redes sociales o por algún otro medio de difusión, en rechazo, repudio, desprecio o intolerancia, contra el colectivo de personas establecidos en los incisos de dicha fracción, al que pertenezca la víctima; o bien, cuando existan antecedentes o datos previos al hecho delictivo, que indicien que hubo amenazas o acoso contra la víctima por razón de su pertenencia a dichos colectivos”.
Estructura limitada contra crímenes de odio
La Fiscalía de Jalisco creó desde el 14 de octubre del 2019 una Coordinación Especializada para la Atención de Delitos por Diversidad Sexual, sin embargo, esta área de la dependencia cuenta con solamente un agente del Ministerio Público para desarrollar sus labores, según un reporte obtenido vía transparencia.
En respuesta al Recurso de Revisión 1990/2020, la Fiscalía de Jalisco informó el 13 de enero del 2021 respecto a la estructura de esa Coordinación Especializada para la Atención de Delitos por Diversidad Sexual.
“En la Coordinación Especializada para la Atención de Delitos por Diversidad Sexual, dependiente de la Fiscalía Especial en Derechos Humanos, se cuenta con un agente del Ministerio Público designado para recibir y dar trámite a las denuncias y querellas interpuestas con motivo de la comisión de un delito en agravio de personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI+”.
La Fiscalía señaló que dicha Coordinación Especializada no tiene un grupo asignado de elementos de la Policía de Investigación, pues: “en la Fiscalía Estatal se cuenta con una sola Dirección General de Policía de Investigación, a la cual le corresponde, entre otros asuntos, auxiliar a las Fiscalías y a las Agencias del Ministerio Público en las labores de investigación”.
Por lo tanto, “la Coordinación Especializada para la Atención de Delitos por Diversidad Sexual no cuenta con Policía Investigadora adscrita, ya que estructuralmente dependen de la Dirección General de Policía de Investigación; no obstante, como auxiliares del representante social, es preciso señalar que dicho personal operativo actúa bajo el mando y conducción del agente del Ministerio Público para llevar a cabo los actos de investigación requeridos”.
Las distintas áreas de la Fiscalía de Jalisco tuvieron conocimiento de al menos 14 asesinatos de integrantes de la comunidad LGBT+, cometidos en el estado entre los años 2016 y 2020, de acuerdo con sus registros.
Las indagatorias
Desde el 20 de octubre de 2021, la Fiscalía informó que había iniciado una carpeta de investigación “para esclarecer los hechos en los que una mujer trans fue agredida con una sustancia corrosiva la noche de este martes en calles de la colonia centro en el municipio de Guadalajara”.
Así narró los hechos: “De acuerdo con los primeros datos, la mujer trans caminaba en compañía de una amiga cuando se les acercó un sujeto con quien iniciaron una conversación. Tras unos momentos, la persona, la cual portaba cubrebocas, se retiró unos metros y regresó hasta donde estaban las mujeres lanzándole a la víctima el líquido en diversas partes de su cuerpo”.
Por su parte, la asociación Unión Diversa de Jalisco dio a conocer que un hospital le había negado la atención médica a la víctima: “Lamentamos el ataque con ácido en la madrugada hacia una mujer trans en las calles del centro de Guadalajara, lamentamos la revictimización que algunos medios han realizado hacia esta mujer pero sobre todo lamentamos que el Hospital de la Santísima Trinidad de la ciudad de Guadalajara se negó a atenderla argumentando que no traía identificación”.
También por este hecho el Gobierno estatal abrió una investigación: “Respecto a la presunta negación en la atención por parte del hospital privado al que acudió la víctima, se está dando seguimiento mediante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ)”.
El Gobierno estatal afirmó que, de manera oficiosa, se iniciaría un proceso de investigación por la negación de los servicios de salud, en los términos que establece la Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación (LEPIPED) y La Ley de Salud del Estado de Jalisco.