Para el gobierno de la autodenominada cuarta transformación el combate contra el crimen organizado dejó de ser una prioridad, asegura el académico Carlos Rodríguez Ulloa, profesor en el Centro de Relaciones Internacionales de la FCPyS de la UNAM.
“Estamos en una doble lógica, por un lado hay una política de esta nueva administración en la cual la delincuencia organizada simple y llanamente no es una prioridad, y eso nos ha quedado clarísimo. Y, por otro lado, tenemos a una institución que simplemente no termina de nacer. Tan sencillo y tan complicado como eso”, explica el académico.
Desde que era la Procuraduría General de la República, la institución estaba en condiciones raquíticas en muchos sentidos y al ser creada la Fiscalía, aunque con una buena intención, tuvo muchas limitaciones: pocas herramientas y muy poca capacidad de acción, dice
“La transición de Procuraduría a Fiscalía es producto de una idea de la reforma al sistema de justicia a nivel federal, ya que la Procuraduría estaba en condiciones deplorables respecto a financiamiento, a personal y a instalaciones”, comenta.
Carlos Rodríguez recuerda que en el temblor del 19 de septiembre de 2017 se tuvo que desalojar a todo el personal que trabaja en la Procuraduría en la calle de Reforma y empezaron a peregrinar por toda la ciudad.
“Los cambiaban de una oficina a otra. Esas no son condiciones mínimas de trabajo”, sentencia el académico.
Además, en el nuevo proyecto se arrancó con perfiles de gente muy joven que carecían de la experiencia que requerían los cargos.
“La incorporación de cuadros demasiado jóvenes, sin tanta experiencia, nos ha llevado a la situación en la que estamos. Esta Fiscalía me parece que ha quedado a deber mucho.
Para que cualquier organización o institución funcione necesita una serie de recursos mínimos, no solamente económicos, sino técnicos y sobre todo de personal
“En esta transición de Procuraduría a Fiscalía efectivamente lo que se dio fue una depuración de los mandos medios y se perdió mucha experiencia, que no necesariamente todos eran negativos pero es un tema de estigma, lo cual habla de las limitaciones con las que se gestionó la FGR”, explica.
Carlos Rodríguez Ulloa dice que los grandes beneficiarios de esta “confusión” son los delincuentes, ya que salen impunes.
“Ellos son los grandes beneficiarios de esto, cabe mencionar que ciertos grupos de la delincuencia ya tenían estos mecanismos de interlocución con otros niveles del sistema de procuración de justicia. Ya tenían algunos jueces, creo que un ejemplo muy claro es el hijo de ‘El Mencho’, a quien dejaron ir tres veces. Sí hay esta relación con elementos corruptos dentro del sistema de procuración de justicia”, sentencia el experto.
Rodríguez recalca que la delincuencia organizada es un delito del fuero federal y como tal requiere de una serie de insumos y procesos que deriven en la captura de un gran líder o en la inhabilitación de las cuentas bancarias como se ha intentado en esta administración.
Libertad para los integrantes del crimen organizado
En México existe libertad para los criminales gracias a la inacción de algunas instituciones, explica el especialista Raúl Benítez Manaut, presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia AC.
“A los criminales casi no se les investiga. Luego vemos el Ejército que fue muy criticado paralizado por los acontecimientos del 17 de octubre de 2019 en Sinaloa con la captura de Ovidio y la bochornosa liberación.
La Fiscalía enfrenta una crisis en sus capacidades para investigar los delitos relacionados con los cárteles de la droga en el país
Existen una serie de condiciones que han vuelto casi inoperante a la Fiscalía General de la República (FGR) para que pueda perseguir a los integrantes del crimen organizado en el país.
“La institución legalmente encargada de hacer el trabajo es la Fiscalía. Pero con la Policía Federal desmantelada y con la construcción de la Guardia Nacional con mucho personal en entrenamiento, mucho soldado y marinos moviéndose hacia allá, entonces esto explica un poco el aumento de los delitos del crimen organizado”, refiere el investigador.
Existe una gran crisis de la ahora Fiscalía en sus capacidades para investigar los delitos relacionados con investigación en materia de delincuencia organizada, que implica el involucramiento de los cárteles de la droga en el país.
“Desde el 2015 paulatinamente las detenciones van bajando. Ahora es el movimiento hacia fiscalías especializadas, la transformación de la Procuraduría casi no cambió nada, es nada más el nombre porque al Fiscal (Alejandro Gertz Manero) lo puso el presidente.
Yo veo que es una dependencia envejecida, corrompida, sin personal eficaz para combatir el crimen organizado, a la cual todo el mundo le tiene desconfianza
