La destrucción en Jalisco de cuerpos no identificados mediante la cremación no fue una práctica exclusiva del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). También fue implementada por muchos años en la Universidad de Guadalajara (UdeG), reconoce la propia institución educativa.
La UdeG tardó más que el IJCF en detener la cremación de cuerpos no identificados, pues mientras el órgano forense incineró sus últimos cadáveres en el año 2015, la casa de estudios continuó haciéndolo hasta el año 2016, revela su informe generado con la solicitud de información 06192519.
Los registros proporcionados por la UdeG señalan que de 2006 a 2019 recibió del IJCF en calidad de donados 167 cadáveres no identificados, de los que 118 –o el 71 por ciento– terminaron siendo cremados directamente por la casa de estudios.
El problema radica en que, como lo ha advertido el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), a partir de la publicación de la Ley General de Víctimas en el año 2013, en el país quedó prohibida para las autoridades la incineración de cuerpos no identificados para posibilitar su identificación posterior y salvaguardar el derecho de los familiares y allegados que pudieran estar en su búsqueda.
Así como el IJCF reconoce que cremó 450 cadáveres no identificados en el periodo 2013-2015, ya bajo la prohibición vigente de la Ley General de Víctimas en esta materia, la UdeG reporta que en el lapso 2013-2016 incineró por su cuenta 55 cuerpos igualmente sin identificar y también quebrantando ese mandato legal.
De las 118 cremaciones de cadáveres sin identificar que implementó la UdeG en el periodo 2006-2016, 117 fueron efectuadas por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), incluyendo las 55 que se practicaron cuando la Ley General de Víctimas ya lo prohibía
Los rectores que estuvieron a cargo del CUCS cuando estas incineraciones se llevaron a cabo fueron Víctor Manuel Ramírez Anguiano, 2005-2010; Héctor Raúl Pérez Gómez, 2010-2013; y Jaime Federico Andrade Villanueva, de 2013 a la fecha.
La cremación restante que complementa las 118 referidas la practicó el Centro Universitario de los Altos (CuAltos) en el año 2006.
Cuerpos perdidos
Las actuales autoridades del IJCF han advertido que los anteriores responsables de la institución no dejaron respaldos documentales de los 397 cadáveres no identificados que fueron entregados a universidades privadas y a la UdeG en el periodo 2009-2018.
Por ello se desconoce qué cuerpos específicos fueron donados a las instituciones educativas e incluso qué dictámenes periciales se les generaron antes de entregarlos a las universidades, para posibilitar así su identificación posterior.
Estas graves deficiencias en el archivo forense del IJCF podrían estarse replicando en los registros de la UdeG en esta materia, pues no corresponde la cifra de cuerpos donados que reporta el Instituto con los que informa la casa de estudios.
Mientras el IJCF asegura que le entregó en donación a la UdeG 162 cadáveres no identificados en el lapso 2009-2018, la universidad señala que recibió solo 131 cadáveres, de los cuales seis fueron destinados al Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá), 11 al Centro Universitario del Sur (CUSur), 113 al CUCS y uno al CUAltos.
Hay por lo tanto una diferencia de 31 cadáveres no identificados que el IJCF asevera haberle entregado en donación a la UdeG que no constan en los reportes brindados por la casa de estudios.
“Cabe mencionar que debido a que no se dio cumplimiento al acto de entrega recepción por parte del anterior director del Servicio Médico Forense (Semefo) a la actual directora de esta área, no se tiene certeza de la existencia de documentos y demás información generada por la donación de cadáveres a instituciones académicas”, reveló el IJCF.
El destino de los cuerpos no identificados
De los 167 cuerpos sin identificar que recibió la UdeG en el lapso 2006-2019, además de los 118 que incineró, otros 30 siguen bajo su resguardo, 18 fueron devueltos al IJCF y hay un único caso de un cadáver que fue retornado a sus familiares, señala su informe.
Se trata de un cuerpo recibido por el CUSur en el año 2015, sobre el cual informa que fue “localizado el 17 de diciembre en Cd Guzmán (se regresó a los familiares quienes lo identificaron en el 2016)”.
Los cadáveres no identificados que siguen en resguardo de la UdeG están en distintas condiciones, algunos de ellos aún en sus anfiteatros, otros en sus laboratorios.
El CUSur, por ejemplo, señala sobre cuatro cuerpos recibidos en 2008 que “no hay registros de procedencia. Los cuatro fueron procesados para quitar los tejidos blandos y se encuentran actualmente en estado óseo para las prácticas de osteología”.
Ley hito
El Cepad ha destacado los cambios normativos que significó la Ley General de Víctimas al haber prohibido la cremación de cuerpos sin identificar.
La Ley General de Víctimas es un hito en lo referente a la incineración de cuerpos, ya que se aborda por primera vez desde otra perspectiva y bajo una lógica de acceso a la verdad y justicia
La iniciativa, que entró en vigor en 2013, establece en su Informe “Incineraciones de Cuerpos No Identificados” la prohibición, tanto para las y los familiares como para las autoridades, de cremar los cuerpos hasta que no haya sentencia ejecutoria.
“En general, se establece la prohibición de incinerar los cuerpos hasta que no concluyan los procesos de investigación, ni si se requiere autorización de alguna autoridad para ello.
“Y, si bien lo anterior representa un gran avance, esta ley llega muy tarde, ya que en el presente caso (Jalisco), ya tenía más de diez años que se llevaba a cabo esta práctica, la cual no cesó aun cuando esta ley ya lo prohibía”, señala el Cepad.
