Crece resistencia en Mexicali

Tras 12 meses de protestas continuas, la construcción en Mexicali de la planta de la empresa cervecera Constellation Brands continúa, pese a que los ciudadanos aseguran que la compañía consumirá millones de litros del agua de uso cotidiano y para labores agrícolas
Imelda García Imelda García Publicado el
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La resistencia de los ciudadanos de Mexicali contra las acciones del gobierno de Baja California ha subido de tono en los últimos días.

En esa ciudad del norte del país, capital de la entidad, se vive el primer conflicto por el agua que se registra en México.

La instalación en Mexicali de una planta productora de la empresa cervecera Constellation Brands, dueña de Grupo Modelo y otras, despertó el rechazo ciudadano por la cantidad de agua que necesitará para su producción.

Constellation Brands comercializa en México las cervezas Corona, Modelo Especial, Negra Modelo y Pacífico, entre otras; así como algunos vinos y otras cervezas de importación.

Los ciudadanos inconformes aseguran que la empresa consumirá millones de litros del vital líquido que usan cotidianamente en sus casas y en labores agrícolas, en una zona desértica que ya de por sí tiene problemas de abasto de agua.

Grupos como Mexicali Resiste o Comité por la Defensa del Agua de BC han protagonizado las protestas contra la administración estatal

La obra ha avanzado a pesar de este rechazo. La planta lleva ya un avance importante en su construcción, así como las obras que la acompañarán.

La instalación de la planta de Constellation Brands en Mexicali es solo una de las acciones promovidas por el gobernador panista Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid que ha despertado el rechazo ciudadano.

Incluso, se han creado grupos como Mexicali Resiste o Comité por la Defensa del Agua de BC, que han sido protagonistas en las protestas contra la administración estatal.

La resistencia en Mexicali se mantiene tras 12 meses de protestas continuas. A estos ciudadanos se han unido los de otros municipios de Baja California, como Tijuana y Ensenada, que también han protestado por algunas decisiones del Gobierno estatal.

Instalan ductos a la fuerza

El peor enfrentamiento entre policías y ciudadanos, en Mexicali, ocurrió esta semana.

La mañana del martes pasado, un grupo de ciudadanos se apostó al interior de un predio particular, conocido como Rancho Mena, ubicado justo a un lado del terreno federal donde ya hoy se colocó la tubería que llevará el agua a la planta cervecera.

Algunos llevaban ahí más de tres semanas, intentando bloquear la instalación de los últimos 200 metros de los ductos de agua que, acusan, se construyen con dinero público.

Sin embargo, el martes llegaron también decenas de policías ministeriales, estatales y municipales. A petición de la empresa, fueron a custodiar la maquinaria y desalojar a los manifestantes para poder instalar las tuberías. Los estatales portaban equipo antimotines.

El propio secretario de Seguridad Pública de la entidad, Gerardo Sosa Olachea, reconoció ante medios locales haber dado la orden a los policías para resguardar la obra, a petición de la empresa.

La policía llegó con instrucciones precisas de desalojar a los manifestantes y procurar el avance de la obra. El choque con los inconformes fue inminente.

En un primer momento, los ciudadanos atacaron con piedras a los uniformados, quienes se protegieron con sus escudos antimotines.

En cuanto amainó el ataque de los manifestantes, los policías tomaron las piedras del suelo y comenzaron a lanzarlas contra los ciudadanos.

El saldo de varias horas de enfrentamiento fue de varios heridos y detenidos.

Al final, los ciudadanos se replegaron, la maquinaria ingresó. Los policías formaron una valla para permitir el ingreso de la retroexcavadora; la colocación de la tubería se consumó.

Una de las armas que de los manifestantes fueron las redes sociales.

Compartiendo fotos o videos, estas personas lanzaron las imágenes de lo que se vivió en la zona rural de la capital bajacaliforniana.

Acusaron al Gobierno estatal y federal de permitir que una empresa extranjera se quedara con el recurso natural que pertenece a los mexicalenses.

Mientras eso sucedía en el sur de la capital, Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, el gobernador, negaba defender el interés de la empresa.

“Yo no defiendo el interés de ninguna empresa, yo defiendo los intereses de los bajacalifornianos. Yo he demostrado que soy una persona capaz de generar inversión y generar empleo”
Francisco ‘Kiko’ Vega de LamadridGobernador de Baja California

“He llevado a Baja California al tercer lugar nacional de inversión extranjera, donde nunca había estado nuestro estado, y eso no se da casualmente”, decía el mandatario.

No es la única

La instalación de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali no es la única decisión que ha despertado el rechazo de la población de Baja California hacia su gobierno.

Desde 2015 el mandatario era cuestionado ya por su rápido enriquecimiento. Se sumó a ello la inconformidad por la aprobación de una Ley de Aguas, promovida por la administración del panista, en la que se privatizaba el suministro del vital líquido.

Sucedieron después las protestas contra el gasolinazo, que fue la gota que derramó el vaso. Miles de personas protestaron en las calles de varios municipios de Baja California; en Playas de Rosarito, afuera de una planta de Pemex, hubo un enfrentamiento con policías que dejó varios heridos.

Los ciudadanos se manifestaron también contra el esquema de Asociaciones Público Privadas que se impulsaba desde el Gobierno estatal para la construcción de distintas obras en la entidad.

Con el esquema de APP, argumentan, quedan comprometidos los ingresos estatales por el Impuesto Sobre Producto del Trabajo durante décadas, pues quedarán como garantía de pago del compromiso del estado, lo que aumenta la deuda de cada habitante.

83,000
Millones de pesos se pagarán en 37 años por dos plantas desaladoras de agua de mar

La instalación de dos plantas desaladoras de agua de mar en las localidades de Playas de Rosarito y San Quintín también ha sido rechazada por los ciudadanos por su costo: 83 mil millones de pesos que se pagarán en 37 años.

Durante todo el año pasado, “Kiko” Vega tuvo problemas también con el magisterio por la falta de pago de nóminas y aguinaldos.

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