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Crece el conflicto

Mientras Arne aus den Ruthen Haag pedía iniciar juicio político a Meyer Klip, director del Invea, una denuncia en contra de él y la actual city manager de Miguel Hidalgo, Amada Rodríguez, ingresaba a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por acusaciones de administración fraudulenta, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

El espectáculo que protagonizan ambos personajes públicos está lejos de terminar.

Ya entregué la solicitud de juicio político contra el traficante de influencias”
Arne aus den Ruthen en sus redes sociales,
en referencia
a Meyer Klip
En ningún momento como funcionario público se excusó de intervenir en asuntos que tuvieran que ver con la empresa que representay el cargo que ostentaba”
Denuncia contra Arne aus den RuthenDel ciudadano Ricardo Jara Castro

Mientras Arne aus den Ruthen Haag pedía iniciar juicio político a Meyer Klip, director del Invea, una denuncia en contra de él y la actual city manager de Miguel Hidalgo, Amada Rodríguez, ingresaba a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por acusaciones de administración fraudulenta, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

El espectáculo que protagonizan ambos personajes públicos está lejos de terminar.

El choque de principios de junio en el que Arne exhibió a Meyer vía Periscope, cuando defendió a un vecino que apartaba los espacios públicos en Lomas, ha desencadenado un sin fin de actos y acusaciones mutuas.

Ricardo Jara Castro acudió a la Procuraduría de Justicia capitalina a presentar una denuncia formal contra Arne y Amada Rodríguez Ibarra, a fin de que se aclare la participación de ambos en la empresa Atlantis y si incurrieron en conflicto de interés al defender, como funcionarios en activo de Miguel Hidalgo, el inmueble que fue clausurado por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), que se localiza en la calle de Tiburcio Montiel.

“En ningún momento como funcionario público se excusó de intervenir en asuntos que tuvieran que ver con la empresa que representa y el cargo que ostentaba”, precisa en su denuncia Jara Castro.

Un cargo que no existe

La denuncia también plantea que la actual city manager, Amada Rodríguez Ibarra, formó parte de grupo Atlantis, cuyo inmueble es el principal motivo de litigio y polémica entre el gobierno delegacional de Miguel Hidalgo y el Invea.

“Amada Rodríguez Ibarra forma parte de dicha empresa… teniendo toda la injerencia para el beneficio de la empresa la cual opera en la delegación Miguel Hidalgo”.

Rodríguez Ibarra relevó en el cargo a Arne aus den Ruthen Haag, luego de que éste renunció para enfocarse en la defensa del edificio propiedad de su familia que el Invea clausuró, y del que él aparece como apoderado.

“Amada Rodríguez se ostenta bajo el cargo de City Manager de la delegación, sin embargo, ese cargo no existe de conformidad al manual administrativo de la propia delegación y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal”, detalla la copia de la denuncia que se ingresó a la PGJDF, de la cual esta casa editorial posee una copia.

Hasta ayer, en la página de Internet de la delegación Miguel Hidalgo, Arne Sidney aparecía como el número tres del directorio sólo por debajo de Xóchitl Gálvez, la delegada, y Obdulio Ávila, director general jurídico y de gobierno.

El ciudadano presentó su denuncia contra Ruthen Haag y su sucesora, Amada Rodríguez, en tres hojas que tienen el sello de recibido y están dirigidas al Procurador de Justicia, Rodolfo Ríos Garza.

Fundamentó su querella en el artículo 271 del Código Penal para el Distrito Federal referente al tráfico de influencias cuando el servidor público que por sí o por interpósita persona, promueva o gestione la tramitación de negocios o resoluciones públicas, ajenas a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión.

Asimismo, el 275 relativo al enriquecimiento ilícito de aquel servidor público que utilice su puesto, cargo o comisión para incrementar su patrimonio sin comprobar su legítima procedencia.

A investigar

La Procuraduría General de Justicia del DF recibió la denuncia ciudadana:

 La querella contra Arne aus den Ruthen está fundamentada en el artículo 271 del Código Penal para el Distrito Federal.

Se refiere al tráfico de influencias cuando el servidor público promueva la tramitación de negocios o resoluciones públicas ajenas a las responsabilidades inherentes a su cargo.

También menciona el artículo 275 relativo al enriquecimiento ilícito de aquel servidor público que utilice su puesto, cargo o comisión para incrementar su patrimonio sin comprobar su legítima procedencia.

Juicio político contra Meyer

“Ya entregué la solicitud de juicio político contra el traficante de influencias”, anunció a través de sus redes sociales el ex city manager.

Como lo anunció después de su renuncia a la delegación, Arne solicitó ante la Cámara de Diputados juicio político contra el titular del Invea, a quien advirtió que los atraparía por corrupto.

Los actos que pueden motivar el ejercicio del juicio político en México son aquellos que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho y que la Ley Federal de los Servidores Públicos enumera.

Arne acusa a Meyer por violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales en su función al frente del Invea.

En el caso específico de Meyer Klip, abundan las acusaciones de organizaciones y líderes vecinales de la Ciudad de México por ser omiso a las peticiones de verificación, fundamentalmente cuando se trata de inmuebles, agrupaciones de taxistas y publicistas que van en contra de sus interés.

En la edición de Reporte Indigo “Verificaciones a la carta”, asociaciones civiles y vecinales acusan a Klip Gervitz de no proceder cuando se trata de intereses de grupos empresariales de la comunidad judía en México.

Vecinos de varias zonas acusan construcciones que son “ejemplos de impunidad”.
Pero Meyer o Mario Klip, como realmente se llama, parece intocable y no se sabe si en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF) prosperará la iniciativa para que el Invea desaparezca.

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Con ese ejemplo de impunidad, la asociación civil “La Voz de Polanco” acusa al Invea de usar las verificaciones administrativas con base en los intereses de Meyer Klip y aplicar clausuras a conveniencia.