Crece desconfianza

Después de que el IMCO publicara su informe de Competitividad Estatal 2024, el Gobierno del estado resultó ‘reprobado’ en varios rubros, resaltando la alta percepción de corrupción por parte de los ciudadanos hacia la administración encabezada por Samuel García 
Jesús Padilla Jesús Padilla Publicado el
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Nuevo León está sumergido en una percepción de corrupción, lo que no sólo exhibe un hartazgo social, sino que pone en peligro la estabilidad y funcionalidad de influir positivamente en la competitividad.

El Instituto Mexicano de Competitividad A.C. (IMCO), divulgó su informe de Competitividad Estatal 2024, en el que se evidencia la alta percepción de corrupción del Gobierno estatal de Samuel García.

“La percepción de corrupción estatal, el 77 por ciento de la población urbana de 18 años y más, considera que las prácticas corruptas en el gobierno del estado son frecuentes y muy frecuentes”, revela el estudio en el rubro Sistema Político y sus Gobiernos.

Por segundo año consecutivo, la entidad se coloca en el sitio más bajo de la lista, respecto a confianza, pues el año pasado estaba en el lugar 27 de las 32 entidades federativas de México, informó la organización.

Nuevo León hoy se sitúa en el lugar 28, solo por encima de Michoacán, Quintana Roo, Coahuila y Baja California, quienes están en los últimos lugares.

Reporte Índigo reveló que la dirección de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Administración Tributaria del Gobierno de Samuel García extorsiona a empresarios dedicados a la importación, traslado y venta de hidrocarburos.

En un principio se solicitaba un “moche” de 400 dólares por cada pipa que tr, pero el esquema de corrupción migró hacia la contratación de una asesoría legal.

Los despachos Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C. y GMA Firma Jurídica Fiscal, S.C., han sido contratados por los empresarios para obtener asesorías y poder transitar libremente por Nuevo León.

Estas firmas, propiedad de Samuel García Sepúlveda; su padre, Samuel García Mascorro; y su medio hermano, Samuel García Villarreal, han tenido una bonanza de mil 781 millones 377 mil pesos durante los tres años de gestión del gobernador emecista.

El estudio, además, revela que se cuenta con una mejora regulatoria deficiente, una participación ciudadana reprobada y pésimas políticas públicas, lo que solo genera incertidumbre en el desarrollo económico local.

Otro punto importante para que Nuevo León se coloque en el lugar 28, es que está considerada como la peor entidad federativa en manejo de las finanzas.

La política financiera del secretario de Finanzas y Tesorería, Carlos Garza, con base en endeudar la administración estatal, colocó a Nuevo León en el lugar 32, correspondiente al último sitio.

El 57 por ciento de los ingresos del Gobierno de Samuel García se destina a pagar la deuda per cápita de 15 mil 730 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Registra el nivel más alto de deuda pese a la contribución de sus ingresos propios”, revela el Instituto.

Nuevo León reprobado en sector salud

El Índice de Competitividad Estatal 2024 advierte un problema en el sistema de salud de Nuevo León, donde existen carencias serias.

La cantidad de camas de hospital por cada mil habitantes, este estado está situada en el lugar 17, con una calificación media baja, revela el índice.

En el rubro de personal médico y de enfermería, Nuevo León se coloca en el lugar 27 de 32 entidades federativas, a pesar de que se cuenta con varias facultades de medicina y enfermería, tanto públicas como privadas.

La entidad también carece de personal médico de especialidad, situándose en el lugar 16 con una calificación media baja.

Sin avance en Estado de derecho

Por otra parte, el llamado Estado de derecho no ha tenido avance durante la administración de Samuel García, pues esta entidad continúa situándose en el lugar 14 en este rubro, de acuerdo con el IMCO.

Reporte Índigo adelantó que el informe del Índice de Competitividad Estatal 2023 reveló que este estado estaba en el lugar 14 y que había bajado seis escaños en comparación con 2022.

Por otra parte, el nuevo estudio de este Instituto evidencia que no hay avance en el tema de homicidios, robo de vehículos, incidencia delictiva, agresiones a periodistas y competencia de servicios notariales, entre otros.

La calificación abre la puerta a un deterioro en la calidad de vida de los neoleoneses, pues afecta las libertades, el orden y la paz pública, la integridad física y los derechos de las personas.

“Un Estado de derecho funcional genera condiciones favorables para la atracción y retención de talento e inversión en los estados. En este sentido, el subíndice analizado considera indicadores sobre delitos, denuncias, percepción de seguridad, entre otros”, dice el documento.

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