Las irregularidades en la licitación de obra pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) podrían extinguir la “llama de la verdad” que presume la institución educativa en su escudo.
Porque la UANL erigió una barrera a los constructores que no están en su círculo de confianza, entre sus favoritos.
Hecho que ya fue denunciado ante las instancias judiciales.
Se trata del caso de los hermanos César y Mario Flores Aguirre, de Desarrollos Onix S.A. de C.V., a quienes les negaron la venta de las bases de tres licitaciones para construir obra pública., publicadas el pasado 11 de mayo.
César acudió del 14 al 16 de mayo a la Dirección General de Construcción y Mantenimiento de la UANL, a cargo de José Luis Martínez Cuéllar, para comprar las bases de las licitaciones 05/2012, 06/2012 y 07/2012, para construir edificios, salas y oficinas.
A pesar de la insistencia del constructor, el personal de esta Dirección le negó la venta de las bases bajo el argumento de que su empresa no estaba inscrita en el padrón de proveedores de la Universidad, pero tampoco le dieron el acceso a tal registro.
El personal de la Dirección señaló al constructor que la empresa se podía registrar al padrón, pero que la inscripción tardaría de dos a tres meses, cuando el proceso de la licitación no dura más de veinte días. Esto hacía imposible su participación.
Estas argumentaciones están documentadas en el juicio de amparo 373/2012, que promovieron los constructores y en poder de Reporte Indigo.
Incluso, el 16 de mayo la empresa formuló una petición formal a las autoridades de la UANL para comprar las bases, pero nunca fue contestada, según el expediente del mismo amparo.
Los constructores responsabilizan en su amparo no sólo a Martínez Cuéllar, sino al rector de la UANL Jesús Áncer Rodríguez y al director de Ingresos de la institución, Apolinar Pérez Guadian.
Para el abogado que representa a Desarrollos Onix, Valdemar Martínez, el requisito que pidió la Universidad es inconstitucional, porque desnaturaliza una licitación de carácter público.
“De ser una licitación pública de carácter nacional pasa a ser una licitación única y exclusivamente dirigida a proveedores de la UANL”, explica el abogado.
“No existe ni en la Constitución ni en alguna legislación requisitos para la compra de las bases”.
El pasado 30 de mayo, el juez primero de Distrito en Materia Administrativa suspendió definitivamente el fallo de estas tres licitaciones hasta que se resuelva el juicio de amparo.
Competidores reservan información pública
En un intento desesperado por ocultar su rastro, todas las empresas favoritas que compiten contra los hermanos Flores Aguirre solicitaron clasificar como reservada información pública.
El director Martínez Cuéllar notificó al juez encargado del caso que era imposible remitir constancias solicitadas por Desarrollos Onix para integrarlas al juicio de amparo.
“(Las empresas) solicitaron expresamente a esta Dirección, conferirle el carácter de confidencial a efecto de preservar su interés y obligaciones con otras personas morales y por contener información de carácter fiscal y contable de uso exclusivo de dichas empresas”, se lee en el oficio firmado por el funcionario universitario con fecha del 8 de junio.
El abogado representante de los constructores dice que el ocultamiento de la información hace presumir una colusión entre los participantes.
“Si a lo que se llama una licitación pública las empresas le quieren dar el carácter de privado, están desnaturalizando la licitación. No hay nada qué esconder”, dice Martínez, “de ahí que se puede presumir una colusión entre los participantes”.
Las diez empresas competidoras presentaron un escrito idéntico ante el Notario Público Número 87, Hermenegildo Castillo González, quien dio fe de los documentos.
En los acuerdos notariados, en poder de Reporte Indigo, se puede apreciar que todos están seriados y fechados entre el 14 y 21 de mayo.
Es decir, en grupo, los constructores favoritos de la Universidad acudieron con el mismo notario y a la misma hora, para mantener en privado la información sobre sus empresas, una prueba más de que están coludidos.
“Solicito atentamente a usted, que la información proporcionada por mi representada (…) sea considerada confidencial, por así convenir a los intereses de mi representada y por estar obligada mediante instrumentos contractuales con otras personas morales”, se lee exactamente lo mismo en todos los escritos.
Las empresas que hicieron está solicitud fueron fueron Pavimentos y Construcciones Garcan; Desarrollos y Construcciones Urbanas (DYCUSA); Hércules Construcciones de Monterrey, y Servicios Integrados de Supervisión y Construcción (SISCO).
También signaron estos documentos Foja Ingenieros Constructores; Infraestructura MQ; Bufette de Obras, Servicios y Suministros; Albatros Construcciones y Servicios; Edificaciones Overland, y finalmente Contructora JOMABE.
Es el único grupo de constructores que se reparte en privado la obra pública de la Universidad.
Una tacha más a las notas universitarias que dirige el rector Áncer Rodríguez.
