El Sistema Nacional Anticorrupción de México ha seguido dando pasos hacia su consolidación en el país, aun cuando su Comité de Participación Ciudadana (CPC) lleva meses operando con un solo integrante, y pese a las críticas del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien no ve con buenos ojos ese entramado institucional, pese a que la bandera de su gobierno es el combate a la corrupción.
Desde el 2019 el CPC fue perdiendo sus integrantes por el fin del periodo de los encargos y por tres renuncias de sus miembros
Actualmente el CPC, que representa el componente ciudadano del Sistema, cuenta únicamente con Jorge Alberto Alatorre Flores, aunque debería de estar funcionando con cinco miembros en total.
“Faltan cuatro compañeros, compañeras, en el CPC, los cuales deberán de ser nombrados por la Comisión de Selección; se tardaron mucho en el Senado en sacar la Comisión de Selección, tuvimos que recurrir al amparo; la Comisión de Selección ya está integrada, ya está trabajando y tengo noticias de que en este mes debería salir la convocatoria para elegir a mis cuatro compañeras o compañeros”, comenta a Reporte Índigo Alatorre Flores.
El CPC fue perdiendo a sus integrantes hasta quedar únicamente Alatorre Flores: una parte de ellos se fue porque sus nombramientos se terminaron; sin embargo, tres de ellos decidieron renunciar durante el mandato de López Obrador: Luis Manuel Pérez de Acha, el 13 de enero de 2019; Irene Levy Mustri, el 23 de septiembre de 2019; y Alfonso Hernández Valdez, el 29 de octubre de 2020.
La Comisión de Selección facultada para elegir a los nuevos integrantes del CPC debió haber sido conformada por el Senado desde el 2019, sin embargo, las ausencias recurrentes de los legisladores estuvieron impidiendo que se concretara.
Las ausencias de los legisladores impidieron que se conformara la Comisión de Selección de los integrantes del CPC, la cual debió haber quedado desde el 2019
“La tenía que emitir la Comisión respectiva del Senado, Transparencia y Anticorrupción, sin embargo, integrantes de la Comisión hicieron vacío, no hubo quórum durante varios intentos para poder desahogar este tema. La Mesa Directiva de esa Comisión convocaba, pero integrantes de diversas fuerzas políticas se excusaban, fallaban, no atendían, y así fueron pasando los meses, entonces llegó el momento en el que tuvimos que hacer uso de esta herramienta (el amparo)”.
Alatorre Flores comenta que no tiene los elementos para asegurar que intencionalmente se haya querido boicotear la operación del Sistema, pero aseguro que no se ha concretado porque no es prioridad de las autoridades.
SNA y la 4T
Los ataques en contra del SNA por parte del Gobierno federal han sido constantes, el 11 de junio de 2020, el presidente López Obrador, se refirió al como una simulación.
“Era una república simulada, no había honestidad y entonces aparentaban que no se permitía la corrupción y por eso a crear organismos. El colmo fue la creación de esta institución de combate a la corrupción, Sistema Nacional Anticorrupción.”.
Pese a ello, el Comité Coordinador del Sistema tiene a una representante del Poder Ejecutivo, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, con quien el trabajo, asevera Alatorre Flores, ha sido “fructífero”.
“Dentro del Comité Coordinador hay diferentes visiones, sin embargo, lo que se trata es de lograr acuerdos. Tan es así que tenemos una Política Nacional Anticorrupción aprobada por las siete sillas del Sistema en donde se establecen las prioridades, los mecanismos, los métodos, los tiempos”.
La mala opinión que tiene el presidente sobre el Sistema, refiere el entrevistado, no tiene por qué influir sobre el trabajo que realiza el CPC y sus otros componentes.
Ha habido algunas expresiones no muy amigables respecto del Sistema, sin embargo, nosotros no nos guiamos por los impulsos temporarios de la mañanera. Nosotros no vivimos preocupados de la opinión que él manifiesta respecto a nuestro trabajo porque francamente tenemos que sacarlo adelante
El trabajo que desarrollan, señala, es sistémico, es decir no estamos enfocados en dinámicas casuísticas, o “bomberazos”.
“Estamos enfocados en desarticular las dinámicas que generan todo el proceso, porque si nos la pasamos queriendo combatir la corrupción encarcelando personas y no acabando con los fenómenos que permitieron que estas personas, las que les antecedieron y las que les sigan, continúen abusando del poder público, entonces esto será la cosa de nunca acabar”.
Bajo ataque
Aunque los CPC locales han estado siendo objeto de embates por parte de los Poderes públicos estatales, a la fecha casi la mitad del país ya cuenta con una Política Anticorrupción propia, señala Alatorre Flores.
“En los Estados hay mucha animadversión con respecto de particularmente los Comités de Participación Ciudadana, que han sido sometidos a un ataque constante por parte de Ejecutivos y Legislativos; están siendo incómodos y, bueno, nosotros no llegamos aquí para ser cómodos, sin embargo, a pesar de eso, al día de ayer contamos ya con 15 Políticas Estatales Anticorrupción, prácticamente la mitad del territorio nacional”.
También advirtió que algunos Sistemas Estatales Anticorrupción presentan problemáticas serias.
“Cada estado enfrenta sus principales problemáticas, pero hay algunos en los cuales se encuentra completamente desarticulado, como el estado de Baja California, hay otros como el de la Ciudad de México que implotó, que no fue bien atendida los pasos de la integración y un amparo lo tiró. (…) Todos los estados sin excepción enfrentan retos, pero hay algunos que sí se encuentran francamente en una circunstancia más crítica”.
