Además de ser un proyecto costoso -contradictorio a las políticas de austeridad del gobierno electo-, la iniciativa de trasladar la mayoría de las Secretarías de Estado y otras dependencias del gobierno federal al interior del país, tendría nulos beneficios reales y traería consigo otra serie de inconvenientes, señaló Coparmex.
A pesar de que el organismo empresarial coincide en la importancia de promover la descentralización y fomentar el desarrollo regional, hacen énfasis en los inconvenientes que traería el cambio de sede de las dependencias, por lo que hace un llamado a analizar los factores a favor y en contra antes de proceder con la reubicación.
El primer inconveniente es relativo a los costos y al tiempo que se necesitaría para llevar a cabo la medida. Poniendo como ejemplo la reubicación del Inegi en la década de 1980, la cual llevó cuatro años, Coparmex apunta a que sería improbable que en un periodo sexenal se logren mudar ejemplo la reubicación del Inegi en la década de 1980, la cual llevó cuatro años, Coparmex apunta a que sería improbable que en un periodo sexenal se logren mudar.
En el Proyecto de Nación del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, se estimó que tan sólo el traslado de las Secretarías y dependencias, costaría 125 mil millones de pesos, más 2 mil millones que se piensan invertir en estudios preliminares y otros gastos, esto es el equivalente al presupuesto de la Secretaría de Salud para 2018.
“Esta iniciativa de reubicación de las dependencias federales, parece contradictoria a las medidas que se emprenderán para eficientar el gasto público federal, y podrían incluso neutralizar los ahorros”
Otro punto sobre el que Coparmex llama la atención es sobre el impacto real que tendría el cambio de ubicaciones de las oficinas de las diversas dependencias, pues afirma que en realidad los efectos de la pretendida descentralización serían marginales.
Como contrapropuesta para solucionar el centralismo, se proponen otras medidas como la eliminación y simplificación de trámites, el traslado de facultades hacia las unidades regionales de las dependencias o la inversión en tecnología.
Un efecto que también habría de tomarse en cuenta sería el impacto en cuanto al capital humano, ya que la medida implica el desplazamiento de miles de funcionarios de la Ciudad de México a otras ciudades, lo que implicaría que muchos mandos trabajadores cuyo talento es un verdadero activo del gobierno federal, decidan separarse de sus funciones.
De igual forma debería tomarse en cuenta la forma en que este desplazamiento afecta también a las familias. Los cónyuges de los funcionarios reubicados por ejemplo, perderían derechos adquiridos en sus actuales empleos y en muchos casos tendrían escasa de reintegrarse al mercado laboral, debido a la falta de oferta y nivel de especialidad de los trabajos que se demandarían.
Asimismo, Coparmex pone entredicho que pueda llevarse a cabo en un lapso tan corto de tiempo la planeación estratégica e inversión en infraestructura en las ciudades receptoras, con el fin de garantizar a los servidores públicos y sus familias las condiciones adecuadas de vivienda, transporte, educación o salud.
De tal manera, que se propone a la administración entrante abrir el debate, a fin de que se realicen los estudios pertinentes y el análisis costo-beneficio y que los resultados sean públicos y en su caso puedan ocasionar una rectificación o una adecuación de la propuesta.
