La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ‘abrió la puerta’ para que el Congreso Local de Nuevo León pueda retomar el juicio político en contra del Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, a quien buscan retirarle el fuero y procesar por presunto abuso de autoridad.
Por mayoría, la Primera Sala del tribunal desechó la controversia promovida por el gobernador de la entidad, Samuel García, misma que pretendía ‘blindar’ a Navarro Velasco en contra de las acciones del Poder Legislativo de Nuevo León, cuya mayoría pertenece al PRI y el PAN.
Sigue en vivo la sesión de las Salas de #LaCorte
⚖️ 1ª Sala
🔴 https://t.co/V4JUJKZyvn
📝 Asuntos listados https://t.co/v848F7SooF⚖️ 2ª Sala
🔴 https://t.co/vZOnRo58fP
📝 Asuntos listados https://t.co/ZWvrdHqd3H pic.twitter.com/dCK7bK8T3X— Suprema Corte (@SCJN) March 6, 2024
“Controversia constitucional 258/2022, donde el actor es el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León; el proyecto propone, primero, se sobresee la controversia constitucional; segundo, publíquese esta resolución”, externó la ministra Margarita Ríos Farjat.
Bajo este panorama, los legisladores del PAN y el PRI podrían reanduar el proyecto de juico político en contra de Navarro, a quien acusan de negarse a publicar hasta 65 reformas aprobadas por el Congreso.
¿Cómo empezó?
En 2022, la mayoría opositora del Congreso dictó una declaratoria de procedencia en contra de Navarro Velasco por negarse a publicar acuerdos tomados por el Legislativo en el Periódico Oficial del Estado (POE).
El gobernador Samuel García actuó de inmediato y presentó una controversia a los pocos días de trascender el proyecto de juicio político, misma que impidió tanto al Congreso como a la Fiscalía Anticorrupción proceder en contra del funcionario.
🔵 Un video en poder de @Reporte_Indigo muestra cómo un funcionario de la Secretaría de Gobierno de NL, a cargo de Javier Navarro, niega la entrega de documentos que contaban con las reformas para su publicación en el Periódico Oficial del Estado pic.twitter.com/z4jtNcdLzf
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) December 9, 2022
El caso provocó la renuncia de la entonces titular del POE, Verónica Dávila, quien acusó al PRI y al PAN de intimidación y acoso, además de presionarla para publicar los decretos aprobados por la oposición.
Entre las reformas no publicadas destacan las reformas realizadas a la Ley Hacendaria de 2023, así como para el proceso de designación del Fiscal General del Estado.
Las sanciones emanadas de un juicio político se aplican en un plazo no mayor a seis meses a partir de iniciado el procedimiento y consisten en la posible destitución del servidor e inhabilitación temporal para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
