La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó este jueves, por mayoría calificada, las facultades del Ministerio Público para congelar cuentas bancarias y activos financieros sin contar con la autorización de juez.
Con ocho votos a favor y tres en contra, los ministros anularon el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que el Congreso de la Unión deberá modificar dicho precepto.
“El Ministerio Público o a solicitud de la Policía podrá ordenar la suspensión, o el aseguramiento de cuentas, títulos de crédito y en general cualquier bien o derecho relativos a operaciones que las instituciones financieras establecidas en el país celebren con sus clientes”, señala el artículo.
El máximo tribunal del país tomó esta decisión a raíz de dos acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El proyecto estuvo a cargo del ministro Javier Laynez Potisek, el cual señala que el Ministerio Público no puede realizar esta clase de embargo, si previamente un juez no ha dado su autorización.
