Genaro García Luna actualmente está preso en una cárcel de Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro

Corte de Miami acepta demanda de México contra García Luna, por desvío de recursos

El Gobierno de México obtuvo un triunfo en una demanda que involucra a exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón

Una Corte de Apelaciones de Miami, Estados Unidos, dio la razón al Gobierno de México respecto a una demanda civil contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México durante el sexenio de Felipe Calderón, por presunto lavado de fondos robados.

La demanda fue interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); la institución lo acusó de participar en una red compleja de lavado de fondos robados.

¿Por qué el Gobierno de México demandó a García Luna?

Fue en 2021 cuando la UIF presentó la demanda en los tribunales del condado de Miami-Dade.

En la demanda se acusa al exfuncionario de lavado de dinero por más de 700 millones de dólares.

En la presunta red de lavado de dinero también estaría involucrada la esposa de García Luna, Linda Pereyra, y la familia de empresarios Weinberg, encabezada por Mauricio Samuel Weinberg López.

En el caso de los Weinberg, los abogados presentaron una apelación argumentando que el caso debía ser juzgado en Miami.

Tanto un juez en Miami, como la Corte de Apelaciones del tercer distrito de Florida, han dictaminado a favor del Gobierno mexicano, aunque aún falta un largo proceso para que se dictamine un juicio.

Cabe señalar que esta demanda es independiente al juicio penal en el que García Luna, detenido en Dallas, Texas, en 2019, fue declarado culpable en febrero pasado de cinco delitos; cuatro de ellos por tráfico de drogas y uno por mentirle a la autoridad migratoria.

Hace apenas un mes se dio a conocer que Linda Cristina Pereyra, así como cuatro familiares del exfuncionario mexicano, cuentan con una orden de aprehensión.

La esposa y cuatro hermanos de Genaro García Luna –Esperanza, Luz María, Gloria y Humberto García Luna– son acusados del desvío de más de 5 mil millones de pesos mediante contratos de prisiones federales.

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