El Congreso del Estado aseguró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cumplió con la sentencia que lo obligó a crear tribunales municipales, a pesar de que esta reforma legislativa aún no surte efectos porque está pendiente su publicación.
De tal manera que la máxima autoridad judicial requirió al Ejecutivo para que confirme si el decreto que crea a estos órganos ya se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado, acto que hasta la fecha no se ha consumado.
“Y, en su caso, remita un ejemplar del medio de difusión oficial en el que conste la publicación referida, apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le aplicará una multa”, advirtió el ministro presidente Juan N. Silva Meza en un acuerdo del pasado 5 de abril.
El juzgador advirtió que el Poder Ejecutivo, encabezado por el gobernador Rodrigo Medina, contaba con tres días hábiles contados a partir de la notificación para contestar el requerimiento, pero hasta ayer no lo había hecho.
Silva Meza informó que esa omisión equivale a una multa, según el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, equivalente a una cantidad de 120 días de salario mínimo.
El decreto legislativo número 58, que crea los tribunales contenciosos municipales, fue entregado al Ejecutivo el pasado 12 de marzo por los diputados que conforman la mesa directiva del Congreso estatal.
Ese día los legisladores aprobaron las reformas a la Ley de Justicia Administrativa que facultaron a los municipios para que cuenten con dichos órganos jurisdiccionales y puedan dirimir sus conflictos con los particulares, sin la intervención del Estado.
El presidente del Congreso, el panista Luis David Ortiz, remitió a la Suprema Corte diversos documentos con los que aseguró se cumplió con el fallo constitucional, pero sigue pendiente la publicación del nuevo marco legal.
Los diputados locales incurrieron reiteradamente en un desacato porque no cumplieron en tiempo y forma la sentencia de la controversia constitucional 61/2010, promovida por el Ayuntamiento de San Pedro durante el trienio del exalcalde Mauricio Fernández.
También dejaron trunco el proceso de publicación, que impide acreditar el cumplimiento de la resolución y evita que se interponga un recurso de queja para impugnar las modificaciones legislativas, posibilidad que analiza el presidente municipal Ugo Ruiz.
El máximo tribunal advirtió al Congreso que podía cumplir con el fallo hasta el 23 de diciembre del año pasado, cuando concluyó el periodo ordinario de sesiones.
La Suprema Corte destacó que si en 48 horas no ejecutaba la orden, se aplicaría a los diputados el artículo 105 de la Constitución, que remite al 107, y que significa cárcel para la autoridad.
En febrero pasado llegó la segunda advertencia y fue entonces cuando el Legislativo aprobó un paquete de reformas a la Ley de Justicia Administrativa de Nuevo León.
