Van por pena de muerte… civil

Siempre que haya reincidencia en delitos de corrupción, cualquier persona debería ser condenada a la “muerte civil”.

Una iniciativa de Zoé Robledo, senador del PRD, propone que sin importar que se trate de un servidor público o un particular, si ya ha sido condenado por delitos de corrupción y reincide, deben retirársele varios derechos civiles.

Es decir, se busca que quienes han estado involucrados en estas faltas, desaparezcan de la vida pública del país. Que sean declarados muertos, civilmente hablando.

Los castigos irían desde la inhabilitación de servidores públicos hasta el retiro de la licencia para ejercer en el oficio o profesión que sirvió para que pudiera cometer actos de corrupción.

La figura propuesta por el senador chiapaneco no es nueva; en Perú, recientemente se aprobó este castigo legal para quienes participen en hechos de corrupción.

Roban el futuro

Para Zoé Robledo, la corrupción va más allá de una conducta abstracta que es reprobada socialmente, y por la que muchas instituciones han perdido la confianza de los ciudadanos.

Es más bien un problema que afecta la vida cotidiana de las personas en su día a día; por lo que terminar con ella debe ser el objeto de cualquier gobierno que quiera mejorar la vida de la población.

“La corrupción nos afecta de manera directa en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. En estados pobres, como Chiapas, Oaxaca o Guerrero, la corrupción es la que impide que las escuelas tengan techos o tengan baños o drenaje o que las alcantarillas funcionen. La corrupción es la que impide que haya calles o elecciones libres; o simplemente que haya agua potable en las casas. 

“Porque el dinero que se roba el poder, el dinero que toman las autoridades, lo que malversan, lo que desvían, era dinero que estaba destinado a asegurar esos derechos básicos. Por eso no nos equivoquemos: los que roban o malgastan estos fondos, están robando algo intangible pero muy poderoso, están robándole a millones de mexicanos la oportunidad de tener una vida digna. Les están robando el futuro”, comentó Robledo.

Su iniciativa gira en torno a la idea de aniquilar los derechos civiles y políticos que una persona pueda tener, por el hecho de ser reincidente en corrupción.

Es decir, por cometer una segunda vez delitos que se engloban como conductas de corrupción, como el peculado, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento oculto, la obstrucción de la justicia, la colusión, el nepotismo o la conspiración, cualquier persona puede perder sus derechos políticos –y otros-.

“Se aplicará la ‘muerte civil’ para aquellos servidores públicos o particulares que hayan sido condenados por delitos de corrupción y que reincidan, para que no puedan volver a aparecer en la vida pública”, señala la iniciativa de Robledo para reformar el artículo 212 del Código Penal Federal.

Expulsado del sistema

De aprobarse esta propuesta, en el caso de los funcionarios la inhabilitación para ocupar un cargo público deberá ser definitiva y no por 20 años, máximo que establece la ley vigente.

Si se trata de un particular, deberá ser suspendido de participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de un servicio público o de explotación, de aprovechamiento o de uso de bienes de dominio de la Federación.

Y sin importar si se trata de particulares o funcionarios, las penas serían la pérdida de sus derechos politicos, la inhabilitación para representar jurídicamente a una persona, y la suspensión de derechos para ejercer el oficio o la profesión que fueron el medio para que la persona hubiera incurrido en actos de corrupción.

Todas estas sanciones serían por el mismo periodo de tiempo que dure la condena en prisión, y comenzaría a contarse a partir de que el acusado ya ha cumplido su sentencia en la cárcel.

Es decir, si una persona comete por segunda vez un delito de corrupción, una vez que salga de prisión seguirá su “muerte pública” por el mismo tiempo que fue la sentencia de cárcel.

Como perderían sus derechos políticos, estas personas no podrían votar ni ser votados para un cargo de elección popular, no podrán asociarse para tomar parte de los asuntos políticos del país, ser nombrados para empleos o comisiones del servicio público, participar en la presentación de iniciativas ciudadanas y no votarían en las consultas populares.

También estarán inhabilitadas para representar a una persona jurídica, y no podrán continuar desempeñando la actividad a través de la que realizaron el acto de corrupción.

Esta iniciativa, sostiene Robledo, fortalecería al recién creado Sistema Nacional Anticorrupción, pues aunque es un marco legal de avanzada para combatir el flagelo de la corrupción, ésta forma parte de un modelo de redes –similar al del crimen organizado- que la vuelve un cáncer social.

Corrupción en el mundo

En algunos países la corrupción se castiga no con la muerte civil, sino literalmente con la pena de muerte:

>PERÚ
La muerte civil es una figura aprobada en Perú en octubre pasado, debido a los altos índices de corrupción.

>INDONESIA
Quienes cometen crímenes económicos contra el Estado califican para ser sentenciados a la pena capital.


>COREA NORTE
Cualquier delito de robo es merecedor de la pena de muerte, en especial los de corrupción o contra el Estado.

>CHINA
Pena de muerte a quienes cometan soborno, fraude, malversación de fondos o cualquier estafa al Estado.