La corrupción es vista por la ciudadanía como una de las grandes problemáticas a vencer, a la par de temas como la inseguridad y la desigualdad. Si bien ha ocupado un papel predominante en la agenda nacional desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, la realidad a nivel local, el que afecta directamente a las personas, dista de mucho de los discursos emitidos desde las plataformas federales.
Académicos descartan avance en estrategias contra los actos corruptos en estados y municipios
El pasado lunes 2 de agosto, el Colegio de México presentó su diplomado en análisis y control de la corrupción a nivel subnacional donde se expone que más del 26 por ciento de los mexicanos considera a la corrupción un problema preocupante para el país, y en 2019 actos de esta índole acumularon un costo superior a los 12 mil 770 millones de pesos para la población, promediando casi cuatro mil pesos en “mordidas” por persona.
En su intervención durante la presentación del diplomado, el doctor Fernando Nieto Morales, profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colmex, recalcó que el combate a la corrupción en México se encuentra “empantanado” y, mientras el tema se mantiene en el discurso diario del Gobierno federal, no se ha avanzado en la implementación de estrategias contra los actos cotidianos localizados en los ámbitos estatal y municipal.
“No estamos solucionando el problema de la percepción, lo que se refiere a experiencia como tal de corrupción, el que tanto la gente reporta en encuentros con agentes del Estado −policías, burócratas, etc.−. No hemos logrado frenar la prevalencia de actos de corrupción. No hay, necesariamente, esos resultados que se habían anunciado y, por el otro lado, me temo que estamos ante una ausencia de políticas en muchos casos”, afirmó.
Señaló que en 2019 la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes fue de 30 mil 456, de acuerdo con las encuestas de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública y de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI. El doctor Nieto apuntó que no se ha solucionado la experiencia como tal de actos de corrupción, en referencia al contacto cotidiano con figuras como policías o burócratas, entre otros funcionarios públicos.
“Lo que llamamos ‘corrupción’ es un concepto sombrilla que incluye muy distintos tipos de comportamientos que no necesariamente se pueden entender de la misma manera, sus causas no son las mismas y, por lo tanto, no se pueden combatir de la misma forma. No es lo mismo sobornos en servicios públicos que nepotismo en contratación de funcionarios del Estado, que la colusión en licitaciones públicas, que la creación de redes de empresas fantasma”
Sin voluntad política contra la corrupción
También en la presentación del diplomado, la doctora Annel Vázquez, presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, identificó a la corrupción como uno de los pocos problemas de trascendencia nacional que tiene un origen federalista. Señaló la falta de voluntad política por parte de autoridades estatales y municipales, pese a que el tema es una constante.
“Aun suponiendo que esté en la agenda, no hay voluntad en estados y municipios para combatir la corrupción. Para eso se requiere, si no hay voluntad, presión social. Si la corrupción, como lo decía Gabriel Zaid, viene del sistema, no podría venir la solución del sistema mismo. Por eso la importancia de la participación ciudadana. Suponiendo que exista la voluntad política de los actores clave en estados y municipios para combatir la corrupción, con eso no basta.”
Como ejemplo de esta falta de voluntad política, la también académica de la Universidad de Guadalajara pone como ejemplo el reciente proceso electoral, en el que se renovaron el Congreso de Jalisco y los 125 ayuntamientos. Pese a que fue una de las contiendas más cerradas en comparación con otras entidades, el combate a la corrupción no se posicionó en las agendas de los 13 partidos políticos.
“Si no hay una participación ciudadana fuerte en el combate a la corrupción, me parece que ningún esfuerzo va a tener absolutamente ningún resultado”, afirma la doctora Annel Vázquez.
Falta tecnología
Señaló la urgencia de mejorar infraestructuras locales, particularmente en el ámbito tecnológico, que puedan servir en el combate a la corrupción, también propone capacitar a la población, comenzando por los integrantes de los Comités de Participación Social de los sistemas estatales anticorrupción, así como a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación.
Para analizar este panorama, Reporte Índigo entrevistó a Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, quien comenta que el foco que la administración de López Obrador en el combate a la corrupción, lejos de hacer que esta bandera sea retomada a niveles locales, se ha politizado y convertido en una especie de escudo con el que autoridades estatales y locales buscan protegerse de las federales.
“Los gobiernos estatales tienen las herramientas y hasta los recursos, pero los cálculos político-electorales todavía pesan más que la exigencia social de dar resultados en esta materia. Muchos de ellos quieren evitar el radar anticorrupción del Gobierno Federal y justifican políticamente su decisión de no actuar. ‘No vaya a ser que los temas lleguen a oídos del Presidente y los atraigan’, argumentan muchos funcionarios anticorrupción en privado”
México obtuvo 31 puntos en el índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en 2020. Aunque por segundo año consecutivo se logró subir en la medición, se sigue estando muy por debajo de la media de 43 puntos con relación a los otros 19 países de América Latina.
“Hasta el momento, lamentablemente, todavía no hay redes de corrupción desmanteladas, ni activos recuperados en las arcas de la nación. Y aunque hay un número importante de personas detenidas, éstas siguen bajo proceso, pero no han sido sentenciadas por un juez. Así que estamos lejos aún de hablar de control efectivo de la corrupción en México”, señaló Bohórquez.