Corrupción judicial en Jalisco genera 280 carpetas de investigación en el sexenio

La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco ha emprendido cientos de carpetas de investigación durante la actual administración estatal, en contra de integrantes del Poder Judicial del Estado, derivadas de denuncias de ciudadanos en las que aparecen involucrados en presuntas corruptelas desde magistrados de la institución, hasta jueces y otros funcionarios de menor jerarquía.

De acuerdo con los registros que elabora la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco, obtenidos vía transparencia, durante el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez ha iniciado 280 carpetas de investigación contra miembros del Poder Judicial estatal por diversos delitos, entre los cuales están el cohecho, el enriquecimiento ilícito, el abuso de autoridad y los delitos cometidos en la administración de justicia (solicitud FECC-SIP-069-2023).

En estas indagatorias fueron denunciados en total 383 integrantes del Poder Judicial de Jalisco, sin embargo, es posible que un mismo funcionario judicial aparezca en múltiples carpetas de Investigación. En las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción aparecen involucrados 17 magistrados de la cúpula de la jerarquía judicial, además de 240 jueces y  14 miembros cuyo cargo está registrado como “consejero juez”.

Hay otros 59 funcionarios judiciales denunciados por presuntos hechos de corrupción, que ocupan diversos puestos en el Poder Judicial estatal, tales como notificador, secretaria auxiliar, secretaria general, secretaria particular, secretaria relatora, secretario de acuerdos, secretario ejecutor, secretario relator, actuario, administrador distrital, archivista y jefe de departamento. Mientras que los 53 casos restantes aparecen como “no identificados”.

Los delitos denunciados en estas 280 carpetas de investigación son los siguientes: en 146 casos, delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público; en 68, abuso de autoridad; en 14, delitos cometidos en custodia o guarda de documentos; en 11, cohecho; en tres, ejercicio indebido y abandono del servicio público; en dos, delitos cometidos contra representantes de la autoridad; mientras que enriquecimiento ilícito y fraude tienen, cada uno, una mención. Los 34 casos restantes aparecen como “El que resulte”.

El estado procesal que guardan estas 280 indagatorias en la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco es el siguiente: en su gran mayoría (64.64 por ciento) la dependencia las tiene clasificadas como “Abstención de Investigar”, así sucede con 181; mientras que 53 se encuentran en “Investigación inicial”; 31 en “Archivo Temporal”; 10 aparecen como “Remitida a otra área”; cuatro se clasificaron como “No ejercicio de la acción penal“; y finalmente, una se encuentra en “Etapa Intermedia”.

Propuesta desoída

A pesar de los evidentes problemas de corrupción por los que atraviesa el Poder Judicial de Jalisco -actualmente encabezado por el magistrado Daniel Espinoza Licón– y que lo han llevado a ser denunciado penalmente por cientos de ciudadanos, esa institución nunca aceptó la recomendación que recibió desde el 2020 para fortalecer sus mecanismos internos contra ese flagelo.

Desde ese año, el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, le hizo llegar al Poder Judicial del Estado una propuesta para que creara un Órgano Interno de Control (OIC) para combatir la corrupción en la cúspide de la institución, es decir, en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.

Lo anterior habría significado una mayor vigilancia sobre el actuar de los magistrados de Jalisco, sin embargo, el marco normativo que regula el funcionamiento y la estructura del Poder Judicial (su Ley Orgánica y la reglamentación de la misma) nunca se modificó para darle vida al OIC propuesto por el CPS.

La propuesta señalaba lo siguiente: “Si bien el artículo 64 de la Constitución del Estado de Jalisco impide al Consejo de la Judicatura del Estado conocer de la administración, vigilancia y disciplina del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), esto no exime al STJ de contar con un OIC para investigar y substanciar posibles faltas administrativas o hechos de corrupción”.

Mientras persiste esta reticencia de los magistrados de Jalisco por fortalecer los mecanismos internos de combate a la corrupción en el Poder Judicial, la institución del Supremo Tribunal se ha visto envuelta en escándalos mediáticos, como el hecho de que uno de sus integrantes, el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, se encuentre actualmente prófugo de la justicia, pues enfrenta acusaciones de abuso sexual infantil contra una menor de 15 años de edad.

Antes del duro golpe que ha significado para la imagen del Poder Judicial de Jalisco el caso de Covarrubias Dueñas, ocurrió el de Luis Carlos Vega Pámanes en el 2016, quien entonces ocupaba la presidencia del Supremo Tribunal hasta que se reveló que tenía antecedentes penales, por lo que, según el marco legal, nunca debió haber sido nombrado magistrado del Estado. Al final, fue defenestrado.

Cambio en puerta

El Congreso de Jalisco tiene bajo análisis una propuesta presentada por el gobernador Alfaro Ramírez para que el Poder Judicial del Estado cuente con un “presupuesto constitucional” que fortalezca sus finanzas y, de esta manera, su funcionamiento.

El 5 de junio pasado, el gobernador de Jalisco dijo que el objetivo es asegurar la “autonomía” del Poder Judicial: “200 años de no atender este reclamo justo de un poder constitucional que hoy, si el Congreso así lo determina con la iniciativa que hemos presentado, podrá tener no solamente los recursos necesarios para cumplir su función, sino también los recursos que se necesitan para poder superar los rezagos que se han ido acumulando con el paso del tiempo”.

La iniciativa propone que “el presupuesto del Poder Judicial no pueda ser inferior al 2 por ciento del presupuesto de egresos del Estado”, lo que significa que “pasaría de tener 2 mil 200 MDP este año a 3 mil 100 MDP”, comunicó la autoridad.