Más corrupción, más violaciones a DH

Tráfico de influencias, conflicto de intereses, parcialidad, malversación de fondos, partidas secretas, fraudes, uso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito, soborno, extorsión, clientelismo, nepotismo, especulación con dinero público. Cualquiera de estas conductas dañan no solo a las instituciones, sino a todos los ciudadanos.

Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que la corrupción tiene una incidencia directa en la violación de los derechos humanos, así como en el acceso a bienes y servicios.

El alcance a la salud es uno de los derechos humanos más afectados por la corrupción. A mayor percepción de corrupción, hay más población sin acceso a la salud, más mortalidad infantil y menos esperanza de vida al nacer.

La poca aproximación a la justicia también está relacionado con los altos índices de corrupción; lo mismo ocurre con la educación.

“La primera relación entre la corrupción y la violación de derechos humanos es la solicitud de sobornos como condición al acceso de derechos, ya sea el acceso a la justicia o, en general, a los servicios públicos.

“La segunda relación es el pago de sobornos para realizar acciones que debieran estar prohibidas y que son abiertamente violatorias a los derechos. Casos como el pago de un soborno a un supervisor de condiciones laborales, o a un evaluador de impacto de una obra de infraestructura, son ejemplos”, señala el estudio “Los Derechos Humanos y la Corrupción en México”, que la CNDH envió la semana pasada al Congreso de la Unión.

La tercera forma en que la corrupción genera violaciones a los derechos humanos es cuando estos actos de corrupción tienen como consecuencia la disminución de recursos públicos, provocando que se tengan menos bienes y peores servicios.

“(Esto) trasgrede las obligaciones de protección, garantía y promoción de todos los derechos (…) La disminución de recursos públicos se puede dar por medio del desvío o malversación de los mismos, o a través de la solicitud del pago de sobornos en la adjudicación de compra de bienes o prestación de servicios públicos, lo que genera un sobreprecio u otro tipo de cargas en la calidad de los procesos de adquisición de bienes y servicios”, establece el informe.

Hay otra manera en que la corrupción impacta en los derechos humanos, y es cuando se está frente a una “captura estatal”: cuando se distorsionan los procesos de diseño de las políticas públicas y generan la privatización de lo público, lo que lleva al incumplimiento de las obligaciones del Estado.

La corrupción no es solamente un asunto ético y moral; se trata de faltas que, tarde o temprano, impactan para mal en la vida cotidiana de las personas.

México corrupto

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) deberá estar funcionando en todo el país y en los estados el 19 de julio próximo.

El arranque del nuevo sistema institucional para combatir la corrupción ocurrirá en un momento en que ésta es percibida como uno de los más graves problemas del país.

No es para menos. México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional, entre el 2014 y el 2016. Pasó del lugar 95 al 123, de 176 países que fueron analizados. Y todo esto ocurrió mientras en el Congreso de la Unión se construía el SNA.

La CNDH señala que la forma de cometer actos de corrupción se ha ido sofisticando.

“La corrupción se lleva a cabo por mecanismos cada vez más complejos y a través de redes de criminalidad”, sentencia la Comisión.

Aunque en el país no existen indicadores oficiales para medir la corrupción, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realiza la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) que contiene algunos datos que permiten dar un vistazo al problema de la corrupción en México.

De los resultados de esta encuesta se obtiene, por ejemplo, que entre el 85 y el 95 por ciento de la población consideran que la policía es corrupta. El Estado de México, Tabasco y Tamaulipas encabezan la lista como las que se perciben más corruptas; Colima, Sonora y Nuevo León son el extremo contrario.

Los elementos de administración de justicia, como la policía ministerial y el ministerio público, tienen mejores calificaciones. En este caso, es entre el 55 y el 89 por ciento quienes consideran que son corruptos.

En el caso de los jueces, la percepción de la corrupción se ubica entre el 57 y el 84 por ciento. En este tema, los lugares donde se piensa que los jueces son más corruptos son la Ciudad de México, el Estado de México y Oaxaca; en el otro extremo están Coahuila, Durango y Zacatecas.

En general, en todos los aspectos evaluados, son el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos y Oaxaca, las entidades donde hay mayor percepción de corrupción.

Entre el 2000 y el 2014, la Secretaría de la Función Pública ha sancionado a 124 mil 420 servidores públicos.

Sin embargo, no se trata de sanciones por conductas graves. El 43 por ciento de esas sanciones fueron impuestas por incumplimiento de la declaración patrimonial; el 37 por ciento, por negligencia administrativa.

El 3 por ciento de estas sanciones han sido impuestas a servidores públicos por violaciones al procedimiento de contratación; el 0.9 por ciento, por cohecho o extorsión; y solo el 0.01 por ciento, por violación de derechos humanos.

Deshonestidad y derechos humanos

“Amayor grado de percepción de la corrupción, más violaciones al derecho a la salud (…) Más población en condición de pobreza, sin acceso a los servicios de vivienda, sin seguridad social, sin los elementos de calidad de la vivienda y con menos esperanza de vida al nacer”, dice la CNDH en su informe.

Lo que la CNDH hizo en su estudio fue correlacionar variables relacionadas con la corrupción y otros indicadores de derechos humanos y definir entonces las áreas más susceptibles en las que las prácticas corruptas inciden directamente en los ciudadanos.

La Comisión ha identificado que, a mayor corrupción, se ven dañados derechos como el acceso a la salud y la esperanza de vida. Por ejemplo, en zonas donde la percepción de corrupción en las Fuerzas Armadas –Ejército y Marina-, se tiene una menor esperanza de vida al nacer.

A mayor corrupción se presenta un menor acceso a la seguridad social y a la calidad de la vivienda. A mayor corrupción, también hay más homicidios.

Tal parece, sostiene la Comisión, que hay un mayor impacto de la corrupción sobre los derechos económicos y sociales que sobre los derechos civiles y políticos.

“De forma interesante, la participación electoral tiene una correlación negativa con el indicador de percepción de la corrupción en seguridad nacional (Ejército y Marina): a mayor percepción de la corrupción, menor participación electoral. Este punto es fácil de explicar: ahí donde la gente se siente más insegura por la presencia del Ejército y/o la Marina, disminuye su participación política”, destaca.

La corrupción también favorece a que haya más población en condiciones de pobreza, con menos acceso a los servicios en la vivienda, sin seguridad social y con menos esperanza de vida al nacer.

La fuerza del SNA

El modelo del Sistema Nacional Anticorrupción es único en el mundo. En él, se busca la coordinación de instituciones y ciudadanos, para elaborar políticas de prevención, así como investigar y perseguir hechos de corrupción.

El SNA, a nivel federal, y los sistemas locales anticorrupción, deberán estar funcionando plenamente el 19 de julio, fecha en que se vence el plazo para su entrada en vigor.

En su estudio, la CNDH considera que las instituciones que participan en el SNA deben tomar en cuenta la forma en que operan las redes de corrupción en el país.

“Si algo nos enseñan las prácticas de corrupción de la clase política mexicana, es que son capaces de adecuarse a cualquier regla administrativa para simularla y realizar un fraude a la ley (…) Hay que pensar cualquier política contra la corrupción como una red de agencias, una red de interacciones”, sostiene.

El enfoque en el combate a la corrupción, apunta la Comisión, debe dejar una idea clara en el público: que se trata no solo de algo malo en sí mismo, sino que genera violaciones a derechos humanos.

Por ello, la CNDH llama a las instituciones que forman parte del SNA a que abran el panorama respecto a lo que debe hacerse a la hora de investigar y castigar delitos de corrupción.

“Para obtener una mayor eficacia en cualquier investigación anticorrupción, es necesario complementar los mecanismos de investigación con indagaciones que permitan analizar tópicos (como) conflictos de interés, creación de empresas para obtener contratos de gobierno, operaciones coordinadas de empresas para ganar licitaciones, así como sobornos provenientes de empresas multinacionales (…) así como las relaciones familiares, la legalidad de los contratistas del Estado, los patrones de licitación y compras, etc.

“Esto implica repensar el alcance de las actividades realizadas por la Auditoría Superior de la Federación o la SFP con muchas otras entidades, como los registros de propiedad”, sugiere.

Con la puesta en marcha del SNA, la CNDH reconoce que tiene el reto de activar la discusión pública para concientizar a las instituciones y a la población que los hechos de corrupción afectan directamente en los derechos humanos y la calidad de vida de todos los ciudadanos.