Cuando Alejandro Svarch Pérez, titular de la Cofepris, admitió en la conferencia mañanera un pasado de corrupción, describió tres sótanos de oscuridad.
El primero era el manejo discrecional de las solicitudes de autorización de las empresas mediante extorsiones a los peticionarios, lo que llevó a quienes poseían mayor poder financiero a obtener ganancias multimillonarias debido a la falta de competencia.
En el segundo sótano estaban los extorsionadores disfrazados de funcionarios públicos que chantajeaban a las empresas. En el tercero habitaban grupos de interés que manejaban el comercio exterior y la industria farmacéutica.
Las palabras del titular de la Cofepris son avaladas por el mismo panorama de contrataciones públicas del órgano regulador. De 448 contratos localizados en Compranet bajo la denominación del órgano regulador, la falta de concursos es el común denominador.
El 43.9 por ciento fue otorgado por adjudicación directa y “otras contrataciones”. El primer procedimiento se trata de asignaciones sin que medie competencia y en el otro se desconoce qué se consideró para otorgar el contrato.
En 2020, el año de la pandemia de COVID-19, el Gobierno federal le permitió comprar y adquirir servicios mediante adjudicación directa a ciertas dependencias y organismos, entre ellos, a la Cofepris.
Había que salir al mundo a adquirir y después regular medicamentos, ventiladores y los insumos médicos para paliar la crisis sanitaria que dejó millones de contagios y miles de muertos en México.
Ese año, el 60 por ciento de las contrataciones de la Cofepris fue por adjudicación directa.
Pero en 2021 y 2022 –sin el permiso por crisis para la adjudicación directa– la Cofepris continuó con adquisiciones de ese tipo.
De esa forma se hizo del vestuario para personal de la rama médica y paramédica, ensayos de aptitud para evaluar la competencia técnica de los laboratorios y contrató de esa forma los servicios para la organización de sus eventos.
También, sin que mediara concurso, pagó por un servicio de auditoría externa para dictaminar los estados e información presupuestaria del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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