4,043
El informe de la Cuenta Pública 2015 da a conocer que a la lucha contra el crimen y el narcotráfico le falta una brújula.
Falta de seguimiento a los subsidios otorgados a las policías locales, deficiencias en el trabajo de inteligencia y fallas en el almacenamiento de la información sobre las policías privadas son las observaciones de la ASF en la Cuenta Pública 2015.
En México el Gobierno federal otorga subsidios a municipios y policías, pero no hay manera de dar seguimiento a más de 3 mil 366 millones de pesos para la seguridad que se otorgan a policías y municipios.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera que falta una evaluación que ayude a determinar los avances en el fortalecimiento de las instituciones públicas para prevenir y combatir los diferentes delitos. En el caso del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hay una falta de coordinación en el seguimiento para los subsidios como el de la Policía Acreditable (SPA) y el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN).
“Los sistemas de seguimiento del SPA y SUBSEMUN limitaron conocer la repercusión que tuvieron los 3 mil 366 millones 241 mil pesos ejercidos por las entidades y municipios en la prevención de los delitos”, indica el informe.
La Policía federal realiza un trabajo prácticamente estéril para el combate contra la delincuencia organizada.
“Las deficiencias observadas en el diseño e implementación de los operativos por la falta del estudio de comportamiento de la criminalidad para dirigir sus acciones a las zonas que registraron los mayores índices delictivos de alto impacto, así como de la carencia de mecanismos de seguimiento y evaluación de los compromisos pactados no permitieron determinar su contribución en la reducción de este tipo de delitos en las zonas que requirieron su intervención”, determina el informe de la Cuenta Pública 2015.
La Policía federal hace trabajo de inteligencia en 16 entidades… pero no sabe para qué, criticó la Auditoría Superior de la Federación.
“La prevención policial del delito a cargo de la PF por medio de la generación de información y productos de inteligencia, así como mediante la implementación de operativos para la prevención y persecución de los delitos, presentó deficiencias para combatir la comisión de los delitos de manera efectiva, ya que en ese periodo tanto la generación de información como los operativos disminuyeron, y no se acreditó contar con directrices para enfocar sus esfuerzos a atender y auxiliar los mandamientos ministeriales y judiciales, pero también para adelantarse a la comisión de los delitos mediante la disuasión, prevención e investigación previa a su ejecución, a fin de contribuir a reducir la incidencia delictiva y a mejorar las condiciones de seguridad pública”, señala el Informe de la Cuenta Pública 2015.
La ASF considera que persiste el problema público de la desatención para la prevención y el combate a los delitos de manera efectiva.
“La CNS no fungió como actor que incida en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, debido a las deficiencias en la generación de información y en el análisis del comportamiento del fenómeno delictivo para la definición y mejoramiento de estrategias en materia de prevención del delito, y en la coordinación de las instancias de seguridad pública encargadas de atender y combatir dicha situación”, afirma la ASF.
El registro de empresas de seguridad privada en el país está desactualizado y su sistema de control no permite generar información clara, confiable, oportuna y suficiente para la toma de decisiones.
La ASF refiere que “se observó que en el periodo 2009-2015 el número de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada con permiso federal se ha incrementado a una tasa media de crecimiento de 7.7 por ciento al pasar de 703 compañías a mil 198; sin embargo, el dato de empresas incorporadas en el registro nacional en 2015 no fue verificable, debido a la falta de automatización de la información que contiene.
“En 2015, la Secretaría de Gobernación avanzó marginalmente en la atención del problema público relativo a la desactualización, falta de modernización y profesionalización de los procesos regulatorios, y de los factores causales que lo originaron, ya que la falta de mejora regulatoria y las deficiencias en la integración del registro nacional de empresas de seguridad privada impidieron que se cumplieran a cabalidad las funciones relativas al control, supervisión, vigilancia y evaluación de los prestadores de estos servicios, así como la transformación y el fortalecimiento de las capacidades de las empresas que los proporcionan”, añade la información.
En el país existen, de acuerdo con el informe, 5 mil 211 empresas de seguridad privada registradas ante la Secretaría de Gobernación.
En cuanto al número de empresas, personal y equipo inscritos en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, no fue posible verificar los datos al cierre de 2015, ya que el registro no permite el intercambio automatizado de información entre los módulos, debido a que operan de manera independiente, en consecuencia, el manejo de la información es “manual” para la obtención de reportes mensuales.
Los datos de la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) indican que en el ámbito federal se encuentran registradas mil 168 empresas y están incorporadas 4 mil 43 empresas como prestadores con permiso estatal para operar seguridad privada.
En el ámbito nacional hay -hasta el corte del 31 de julio de 2016, pues el sistema no puede determinar el dato de finales de 2015, que es cuando marca el cierre de la Cuenta Pública- 80 mil 788 elementos de personal operativo, y en equipamiento 44 mil 684 armas, 12 mil 50 vehículos y 282 mil 924 unidades de equipo como perros, fornituras, radios de comunicación y uniformes.